A medida que el enfoque de la política de Australia se aleja de las normas sobre el trato a los refugiados y solicitantes de asilo, su gobierno conservador evita la responsabilidad por actuaciones calificadas de contrarias a los derechos humanos y que infringen leyes internacionales.
Organizaciones humanitarias consideran que se vulneran derechos humanos básicos con el confinamiento por el gobierno de Canberra de las personas solicitantes de asilo en centros extraterritoriales situados en las islas de Nauru y Manus, la mayoría desde hace largo tiempo.
Pero el escrutinio público ha caído todavía más desde que en las elecciones federales del 18 de mayo triunfo la coalición Liberal-Nacional del derechista primer ministro Scott Morrison, lo que se teme que ahondará la línea dura con los solicitantes de asilo, para seguir disuadiéndolos de que miren a Australia como un país de refugio.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la de salud física y mental, Danius Pūras, emitió un informe el 2 de abril en que destacó las condiciones extremadamente precarias en que viven las personas detenidas en las dos islas.
«Muchos sufren de enfermedades físicas y mentales, que parecen haber sido causadas y exacerbadas por su confinamiento prolongado e indefinido», destacó, antes de indicar que «hay múltiples informes de autolesiones e intentos de suicidio».
Pūras también subrayó la existencia de informes de huesos rotos sin soldar y que no se habían tratado, acceso deficiente a la atención médica, falta de especialistas y servicios de asesoramiento sobre tortura y trauma en las instalaciones en alta mar.
La situación es particularmente precaria en Manus, una lejana isla perteneciente a Papúa Nueva Guinea, situado al norte de Australia, aunque también es dramática en Nauru, una pequeña isla de fosfato situada al sur de las islas Marshall.
El informe fue la conclusión de años de investigación y monitoreo de organizaciones internacionales, tanto de las Naciones Unidas como grupos humanitarios como Amnistía Internacional.
El 19 de julio de 2013, el entonces primer ministro, Kevin Rudd, anunció que a partir de ese día no se resolvería dentro del país ninguna demanda de asilo de personas que llegasen a Australia sin el correspondiente visado.
Según esa política, más tarde denominada «Operación Fronteras Soberanas», todos los solicitantes de deben ser llevados a centros de detención en las islas de Manus o en Nauru, y los detalles sobre los barcos en que llegan al país o son transportados a los centros de detención no son públicos.
Esa línea extremadamente dura se presentó como una respuesta al aumento en el número de llegadas de embarcaciones al país con refugiados que solicitaban asilo una vez en territorio australiano. En 2008 llegaron al país 161 personas de esa forma, mientras que para 2012 el número alcanzó a 17.202.
El gobierno australiano adoptó el eslogan «Stop the Boats» (detengan los barcos) como parte de su campaña para promover a nivel nacional e internacional que el país no asentaría a quienes solicitasen asilo dentro de sus fronteras.
El cineasta australiano Simon Kurian, director del documental Stop the Boats, realizado en 2018, dijo a IPS, que “en esa forma comenzó la demonización de las personas que buscan asilo en Australia, especialmente por mar».
«A partir de ese momento, comenzó la asquerosa tergiversación en la información sobre las personas que buscaban asilo; debajo había un sentimiento de mucho racismo que los políticos utilizaron para imponer su política anti refugiados», planteó Kurian desde Sidney.
Con el tiempo, los dos partidos principales adoptaron la retórica de Stop the Boats, ya que esta campaña se transformó en un movimiento para captar adeptos y votos. Desde su concepción, el enfoque de línea dura ha gozado de mayoritario apoyo entre los algo más de 25 millones de habitantes de la isla-continente del sur del Pacífico.
En 2014, había un respaldo de 42 por ciento de los electores australianos hacia la línea dura contra la llegada de extranjeros para solicitar asilo y tres años después el apoyo había subido a 48 por ciento de personas con derecho a votar, según encuestas del Instituto Lowy, un centro de estudios australiano.
Además, la política anti refugiados ha sido exitosa en detener el flujo de barcos en llegar al país. En 2017 según cifras oficiales tan solo 50 personas llegaron en forma irregular mediante embarcaciones, pero todas fueron devueltas a sus países de origen.
«El procesamiento en el extranjero, tal como lo ejecuta el gobierno australiano, puede haber servido a sus intereses nacionales mejor que el actual sistema de protección internacional, pero sigue violando la Convención (de refugiados) de la que Australia es signataria», dijo el Instituto Lowy.
Si bien la política ha tenido éxito en el logro de sus objetivos y en la respuesta a la opinión pública, las condiciones en las que se llevó a cabo es objeto de profundas críticas.
Muchas organizaciones internacionales y también locales han subrayado que Australia viola la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, vigente desde 1951, y de la que Australia es país signatario.
«Todos los principios fundamentales que sustentan la Convención de la que Australia es signataria fundadora están violados por las políticas de Stop the Boats y la operación de Frontera Soberana», dijo Kurian.
Lo peor, a su juicio, es que el gobierno comete estas violaciones «haciéndolo todo a sabiendas, con intención, sin escrúpulos y sin represalias ni consecuencias reales».
En 2013, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) criticó a los centros de detención en alta mar como «por debajo de los mínimos estándares internacionales para la recepción y el tratamiento de solicitantes de asilo».
El periódico británico The Guardian lanzó en 2016 Los Archivos de Nauru, en que reveló más de 2.000 informes sobre incidentes en ese centro de detención, entre ellos casos de autolesiones, agresiones sexuales, abusos de diferente tipo y heridas y lesiones contra los retenidos.
El manejo de los centros de detención está envuelto en el secreto por las autoridades australianas, pero pese a ello hay gran cantidad de informes como estos que generan gran alarma y preocupación entre los organismos y activistas humanitarios.
El gobierno australiano restringe la información sobre las llegadas de embarcaciones, la situación en los centros extraterritoriales de detención, mientras impide el acceso de los periodistas a las instalaciones o las entrevistas con los detenidos.
Para poder obtener imágenes para su documental, Kurian se vio obligado a filmar en secreto.
El gobierno australiano deslinda toda responsabilidad sobre la situación de los dos centros, repitiendo que ella corresponde a las autoridades de Papúa Nueva Guinea y Nauru.
Ayuda en su estrategia que el secreto y la preocupación por la situación de los detenidos por “el crimen” de intentar ser tratados como refugiados se benefician del desinterés creciente de la opinión pública nacional e internacional, pese a que en Manus y Nauru sigan confinados cientos de hombres, la mayoría afganos e iraníes.
El traslado de la mayoría de las mujeres y los niños centros comunitarios dentro del país, el componente emocional de la campaña para cerrar los dos centros extraterritoriales o al menos mejorar las condiciones de detención se fue debilitando.
Como resultado, la política de refugiados tuvo un papel marginal en la campaña de las elecciones federales de mayo. «Los problemas sobre el cambio climático, la vivienda, los impuestos se convirtieron en el foco de los debates antes y durante la campaña. Ninguno de los partidos o los políticos en contienda tocaron el tema de los refugiados», dijo Kurian.
Esa situación permitió al gobierno obviar la rendición de cuentas de sus niveles de cumplimiento de la Convención sobre refugiados, evadir la realización de una investigación sobre las reiteradas denuncias de la violación de derechos humanos en Manus y Nauru, y detener las críticas públicas.
«Los 600 hombres que permanecen en Manus están olvidados e igual sucede con los de Nauru», resumió Kurian.
T: MF
