Con un gigantesco muñeco hinchable de Superman con su rostro, cientos de manifestantes reconocieron el 26 de mayo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, como la fuerza moral del gobierno de Brasil. Pero un escándalo desinfló parcialmente ahora esa imagen de héroe y podría hacerlo del todo muy pronto.
Moro sostuvo diálogos indebidos con fiscales del Ministerio Público, cuando era el juez que ganó honores de héroe por condenar a centenares de políticos y empresarios acusados de corrupción en negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras y otras grandes empresas locales, reveló el 9 de junio en su portal The Intercept Brasil, un grupo de periodismo de investigación.
Debería renunciar al ministerio, según algunos juristas y analistas políticos, considerando que actuó en complicidad con los acusadores y no como juez imparcial, cuando sus fallos fueron decisivos en las elecciones de 2018, en que triunfó el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que luego lo designó como ministro.
“No creo que Moro renuncie y veo difícil su destitución, ya que Bolsonaro gobierna para sus adeptos, no para el país”, evaluó a IPS el abogado y ex defensor público Lizst Vieira, en referencia a que el gobierno actual se concentra en la relación con sus fieles, conectados por las redes sociales.
Las revelaciones pueden traducirse, según los críticos a Bolsonaro, en la anulación del juicio que llevó a la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), el 7 de abril de 2018, condenado por negociar favores de una constructora, en la forma de un departamento playero, en contraprestación a contratos de la Petrobras.
Otros juristas, incluido Moro, no identifican en las revelaciones nada que descalifique el juicio a Lula ni a la Fuerza Tarea de la operación Lava Jato o sobrepase los límites de diálogos normales entre juez y fiscales, especialmente en la tradición judicial brasileña.
Esas conversaciones provienen, según Intercept, de una fuente anónima que accedió a la memoria de los teléfonos celulares de Moro y los fiscales de la operación Lava Jato (autolavado de vehículos), que desde 2014 investiga la corrupción en Petrobras y otras grandes compañías de Brasil, como la constructora Odebrecht.
En esas conversaciones por la aplicación de mensajería Telegram, el juez orienta a Deltan Dalagnol, jefe del equipo operativo, indica un posible testigo para incriminar a Lula y sugiere caminos de la investigación, incluso mediante el uso de ardides.
Si se verifica la autenticidad de esos diálogos, en que el juez “aconseja” a los fiscales y toma partido en la acusación, habría razones para la nulidad del juicio a Lula, según juristas de variadas corrientes de pensamiento, principalmente abogados.
Moro habría violado las reglas judiciales, que imponen imparcialidad al juez. Los diálogos desnudan una complicidad entre el juzgador y los acusadores, además de la disposición previa en enjuiciar y condenar al expresidente.
Es como un árbitro de fútbol que aconseja a uno de los equipos como defenderse, que jugadores sustituir o, “en la peor hipótesis, inventando un penalti o un fuera de juego”, comparó el abogado Walfrido Warde, presidente del Instituto para Reformar Relaciones entre Estado y Empresa, en una entrevista con el diario Valor Económico.
Improbables consecuencias jurídicas
Pero es difícil que la revelación periodística por escandalosa que sea, conduzca a la anulación de juicios y sentencias. No son judicialmente válidas pruebas obtenidas ilegalmente, como la escucha no autorizada y las grabaciones obtenidas por Intercept.
La batalla entre Moro y Lula, eje político de la historia de corrupción destapada por Lava Jato, debe proseguir con nuevos vaivenes.
Dentro de algunas semanas, el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de Lula, anterior al nuevo escándalo, para anular todo el proceso en que fue condenado, exactamente por “sospecha” inhibitoria o impedimento de Moro para juzgar el caso, ante su “parcialidad”.
Los diálogos revelados suman argumentos a la defensa de Lula, que siempre alegó inocencia y ausencia de pruebas en la acción judicial que lo condenó. Nunca fue propietario ni disfrutó el apartamento que le habría regalado la constructora OAS, arguye.
Pero testigos en contra de su afirmación, sus visitas al edificio y otros indicios fueron suficientes para la sentencia de Moro, ratificada por un tribunal de apelación y otro superior. La condena varió de nueve a 12 años entre la primera y segunda instancia, para quedar firme en ocho años y 10 meses.
“Es probable que el STF anule el proceso, es cuestión de tiempo”, vaticinó Vieira, basado en el Código del Proceso Penal brasileño que señala como “sospechoso” el juez que “haya aconsejado a cualquiera de las partes”.
“Pero buscarán alguna alternativa jurídica que no dañe la operación Lava Jato ni al exjuez”, matizó.
Moro “cometió un delito, por ello el juicio de Lula es nulo de pleno derecho y no hay dudas de que él es un preso político”, sostuvo el abogado, exfuncionario del sector ambiental en los gobiernos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), presididos por Lula y Dilma Rousseff de 2003 a 2016.
La anulación sería un triunfo pasajero. Lula responde a otras siete acciones judiciales, en una de las cuales fue ya condenado a 12 años de cárcel en primera instancia, también por haber recibido sobornos de constructoras por medio de obras en la finca de un amigo, usada por el expresidente.
A los 73 años, es poco probable que Lula vuelva a ser el candidato natural de la izquierda a la presidencia de Brasil, en las elecciones de 2022, pese a la gran popularidad que mantuvo aún después de ser condenado y encarcelado por corrupción.
Las encuestas lo apuntaban como favorito en las elecciones de octubre de 2018. Por eso sus seguidores encaran la operación Lava Jato como una conspiración para impedir el retorno de Lula al poder.
Varios deslices de Moro y de los fiscales en este gran caso alimentaron esa creencia, ahora fortalecida por las revelaciones de Intercept.
Los trascendidos debilitan a Moro entre políticos, medios jurídicos y observadores bien informados, incluso entre los que aplauden el exitoso combate a la corrupción, pero rechazan atropellos a las normas de la Justicia.
La población, sin embargo, permanece mayoritariamente indiferente a esas sutilezas legales e indignada con la corrupción, y difícilmente renegará de su héroe, exjuez y el ministro más popular del actual gobierno, más incluso que el presidente, según las encuestas.
“Si cae Moro, habrá crisis porque se trata de un sostén del gobierno”, según Alessandra Aldé, profesora de Comunicación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Todo apunta a mayor polarización de la política, entre el gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, sin diálogo posible.
“Los bolsonaristas parecen vivir en un universo paralelo”, que se alimenta de informaciones e ideas que circulan entre ellos por redes sociales, principalmente por videos en YouTube, observó Aldé a IPS, basada en estudios de su grupo de investigación.
La izquierda también tiene sus narrativas propias que poco convive con ciertas realidades.
En ese cuadro, la difusión de los diálogos entre operadores de la Lava Jato seguirá intensificando los antagonismos en la política brasileña.
Glenn Greenwald, uno de los fundadores de The Intercept Brasil, anunció que su publicación recibió masivo material y solo difundió una pequeña parte. “Secretos explosivos” serán conocidos gradualmente, prometió.
El periodista estadounidense residenciado en Brasil es también abogado y conoce bien el periodismo local para decidir la mejor forma de divulgar lo que tiene en sus manos, evaluó Aldé.
Greenwald se hizo mundialmente conocido al publicar en el diario británico The Guardian, en 2013, secretos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelados por su exagente Edward Snowden.
Edición: Estrella Gutiérrez
