Sorpresa, escepticismo, moderada esperanza y, sobre todo, dudas y preguntas, provocó la aclaración oficial de que las personas emigrantes de Cuba pueden invertir en grandes proyectos estatales, acogiéndose a una ley de 2014, que no pone restricciones al origen del capital extranjero.
El tema lo trajo a colación el viernes 7 el estatal sitio de noticias Cubadebate, que comienza por citar un tuit del 31 de mayo del ministro cubano de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en que tras invocar la Ley 118 de inversión Extranjera reitera que lo ciudadanos cubanos con residencia permanente en el exterior pueden invertir en la isla.
“No señala en ningún lugar la ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera de Cuba”, añadió Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera de ese ministerio, en una entrevista con el medio que brinda más detalles sobre el novedoso asunto.
Cientos de comentarios inundaron las páginas digitales informativas locales y las redes sociales sobre la que parece la primera gran medida de las autoridades para enfrentar la grave recaída económica, acentuada por el recrudecimiento del embargo y la política hostil del actual gobierno estadounidense.
La medida resulta controversial internamente porque los cubanos que viven en el país están impedidos de invertir en proyectos estatales, al contrario de lo que se ha precisado ahora que pueden hacer los que residen en el exterior.
De cualquier modo, especialistas cubanos que residen dentro y fuera del país consultados por IPS recomiendan el incremento de los incentivos para captar ese capital.
“En España y México hay una fuerte comunidad cubana con capitales dispuestos a invertir en Cuba”, dijo a IPS el economista Omar Everleny Pérez. “Pero no basta con una buena ley de inversión de 2014”, apuntó, para atraer a un segmento que sin reconocimiento ni protección específica ya tiene capital en el creciente sector no estatal.
“El entorno macroeconómico y la credibilidad del país, son elementos que no se pueden desechar para tomar una decisión inversionista”, continuó. “Y debe acabarse la discrecionalidad en la toma de decisiones y el excesivo tiempo que lleva la aprobación de un negocio”, reiteró, sobre obstáculos internos a las inversiones.
También lamentó que las autoridades cubanas no hayan aprovechado la etapa de mejores relaciones con Estados Unidos, en el bienio 2015-2016, para hacer esta aclaración.
“Interés por parte de la emigración cubana siempre ha existido, incluso en negocios grandes, como el azúcar, y nunca se dio una respuesta acertada después de 2015”, dijo, en referencia al año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. “Muchas desavenencias han estado en ambas orillas”, balanceó.
En un estudio difundido en abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabiliza la diáspora en 1.558.312 de cubanas y cubanos que viven en 120 países y equivalen a 13,6 por ciento de los 11,2 millones de habitantes residentes en la isla.
El mayor número reside en Estados Unidos (1.252.037 personas), seguido por España (132.378). México, con 18.111, encabeza los países latinoamericanos que acogen migrantes de Cuba, por delante de Venezuela (11.601), Costa Rica (5.791), República Dominicana (3.927), Chile (3.173), Ecuador (3.083) y Panamá (2.917).
“Debe partirse de reconocer la realidad: desde hace tiempo los cubanos no residentes invierten en Cuba”, especificó por su parte el economista Pedro Monreal. “Una parte de las remesas se destinan a crear y ampliar actividades privadas y cooperativas que funcionan de manera legal”, añadió a IPS.
A su juicio, el reconocimiento a ese aporte que ya realiza la emigración cubana a la economía nacional, además de la legalización de las pequeñas y medianas empresas privadas, pueden ser señales que contribuyan a elevar la confianza y seguridad de la oferta del Estado cubano.
También sugirió a las autoridades revisar la actual carpeta de oportunidades, que está diseñada para empresarios con grandes montos financieros y que puedan enfrentar altos riesgos.
“Es poco probable que un inversionista cubano no residente -con capital pequeño o mediano- se decida a invertir legalmente, pero con un costo de transacción alto”, dijo Monreal sobre una característica de la mayoría de los actuales posibles negocios, que puede resultar desestimulante con respecto al sector privado.
La alicaída economía cubana requiere de altas sumas anuales de inversiones, que hasta el momento no se han logrado, para revertir la crisis casi crónica que soportan sus 11,2 millones de habitantes con altas y bajas desde 1991, cuando colapsó la Unión Soviética y el bloque socialista del este europeo, del que dependía la isla caribeña.
Fuentes oficiales indican que desde 2014, se ha comprometido capital por 5.500 millones de dólares, cifra muy por debajo de los 2.500 millones de dólares anuales que las autoridades aspiraban a captar para salir de la crisis. Más de 30 proyectos adicionales, por un monto que supera los 1.500 millones de dólares, están en fase de negociación.
Y la actual cartera de oportunidades para la inversión extranjera cuenta con 525 proyectos estructurados, aunque especialistas sugieren ampliar las áreas previstas de cara al nuevo escenario y a las y los emigrados como posibles inversores.
“La cartera debería marcar las prioridades estratégicas, pero no constituir una camisa de fuerza”, evaluó para IPS el economista y académico Mauricio de Miranda. “Las opciones son inmensas pero no siempre se reflejan la cartera de posibilidades ofrecidas por el gobierno”, lamentó.[related_articles]
Para el experto, la diáspora puede apoyar en áreas golpeadas en la actualidad por la crisis.
“Un rubro que podría ser rentable para el inversionista y beneficioso para el consumidor cubano podría ser el establecimiento de negocios relacionados con cadenas de supermercados”, propuso. “Eso solucionaría en gran medida el desabastecimiento que resulta de la escasa liquidez del gobierno”, explicó De Miranda.
También observa potencialidades en servicios de Internet y telefonía, sector inmobiliario, transporte, comercio minorista y mayorista, servicios profesionales y logísticos, banca y finanzas, turismo y recreación, consultoría de empresas, servicios jurídicos, contables y de auditoría; ensamblaje de equipos electrónicos, proyectos agrícolas y construcción.
“El anuncio, más que efectos jurídicos, demuestra un posible cambio de política ante la necesidad económica y una demostración de que lo importante en Cuba no es el marco legal, sino las políticas que por detrás definen su uso”, explicó a IPS el jurista Eloy Viera, sobre la viabilidad de la medida en la legislación vigente.
No obstante, lamentó que la ratificación “no alcanza a otorgarles, a los cubanos residentes en el exterior, un trato preferencial en su condición de inversores nacionales”.
Especialistas que han propuesto a las autoridades cubanas replicar las reformas económicas realizadas en China y Vietnam, dos países de gobiernos socialistas como Cuba, reiteran que el capital de sus ciudadanos en el exterior resultó clave para el despegue de las economías de ambas naciones asiáticas.
Apenas tres días después de su publicación, el artículo de Cubadebate había suscitado ya 115 comentarios, muchos referidos al hecho de que al cabo de cinco años de aprobada la Ley de Inversiones no existan proyectos presentados por ciudadanos de la diáspora.
Al respecto, Rivas, la responsable de Inversión Extranjera, aseguró que sí han existido varias propuestas, pero algunas no han prosperado por orientarse a actividades que no están comprendidas en las políticas sectoriales definidas para el capital foráneo.
“También hay algunas en proceso de negociación y en preparación para presentarse a aprobación”, dijo.
Con aportes de Patricia Grogg, desde La Habana.
Edición: Estrella Gutiérrez
