El día en que los militares llegaron para llevarse a su esposo y su hijo quedó grabado en la memoria de María Ba Caal, aunque ya no recuerda bien algunos detalles. “Cuando se llevaron a mi esposo y a mi hijo de 15 años, ambos trabajaban. El ejército llegó por la tarde y los sacó de casa. No recuerdo la fecha, pero fue la última vez que vi a mi marido y a mi hijo”, señala.
De eso hace 36 años. María tiene ahora 77.
Como muchas otras mujeres maya q’eqchi’ de Sepur Zarco, una pequeña comunidad rural ubicada en el valle de Polochic, en el noreste de Guatemala, María continúa buscando los restos de su esposo y su hijo, que desaparecieron por la fuerza y lo más probable es que fueran asesinados por el ejército guatemalteco a principios de la década de 1980.
El conflicto de Guatemala
El conflicto armado interno de Guatemala se remonta a 1954, cuando un golpe militar derrocó al presidente electo democráticamente, Jacobo Arbenz.
Seguidamente, el gobierno militar que se instauró eliminó las reformas agrarias que beneficiaban a las/os agricultoras/es pobres (en su mayor parte indígenas), lo que provocó un conflicto armado entre el ejército y diversos grupos de guerrilleros progresistas, que se prolongó 36 años y segó más de 200.000 vidas.
La mayoría de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto (un 83 por ciento) eran indígenas mayas.
¿Qué ocurrió en Sepur Zarco?
En 1982, el ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco, a unos 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala, para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.
“Quemaron nuestra casa. No fuimos a la base militar (el puesto avanzado) de Sepur porque quisiéramos… nos obligaron. Nos acusaban de alimentar a los guerrilleros. ¡Pero no los conocíamos! Tuve que dejar a mis hijas e hijos bajo un árbol para ir a cocinar para los militares… y…”, cuenta María Ba Caal, que no puede terminar la frase.
El final inconcluso resuena en el aire mientras permanecemos sentadas frente a su chabola de barro. Sus bisnietos juegan cerca de nosotras. Ella llora en silencio.
“Violación” y “esclavitud sexual” son palabras que no tienen una traducción fácil a la lengua q’eqchi’. “Nos obligaban a turnarnos”, prosigue. “Decían que nos matarían si no hacíamos lo que nos ordenaban”, afirma.
Posteriormente, María Ba Caal y otras mujeres que habían sido esclavizadas por los militares sufrieron durante años el rechazo de sus propias comunidades, que las llamaban “prostitutas”.
La guerra civil de Guatemala no solo fue la que más muertes causó en la región; también dejó un terrible legado de violencia contra las mujeres.
Hoy en día la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 kilómetros en automóvil por una carretera polvorienta y solo parcialmente pavimentada.
A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz.
En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes por el ejército guatemalteco.
Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco.
Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, explicó que las comunidades indígenas que viven en la zona creían que más de 200 hombres habían sido llevados allí y jamás se les había vuelto a ver.
“Esta era la verdad del pueblo q’eqchi’, pero tuvimos que demostrar que aquellas historias eran ciertas. La exhumación continuó durante 22 días y costó 100.000 quetzales (13.500 dólares)”, detalla.
Y prosigue: “Algunas familias tuvieron noticia de ello y acudieron al lugar esperando encontrar a sus parientes desaparecidos. Las mujeres de la comunidad de Sepur Zarco también vinieron y cocinaron para el personal. Cavaron y cavaron durante cuatro días, pero no hallaron ningún cuerpo. Los antropólogos dijeron que el día siguiente sería el último”.
“Encontraron el primer cuerpo al día siguiente”, rememora.
Las abuelas de Sepur Zarco
En 2011, 15 mujeres sobrevivientes de Sepur Zarco —a las que hoy se conoce respetuosamente como “abuelas”— llevaron su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, con el apoyo de las organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres, de ONU Mujeres y de otros socios de las Naciones Unidas.
Después de 22 audiencias, el 2 de marzo de 2016, el tribunal condenó a dos exmilitares por delitos de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) y concedió 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y sus comunidades.
Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional enjuiciaba un cargo de esclavitud sexual durante un conflicto utilizando la legislación nacional y el derecho penal internacional.
Las abuelas lucharon para obtener justicia y reparación, no sólo para ellas, sino también para lograr un cambio que beneficiara a toda la comunidad.
En su sentencia, el máximo tribunal prometió reabrir los expedientes de reclamación de tierras, crear un centro de salud, mejorar la infraestructura de la escuela de enseñanza primaria y abrir una nueva escuela de educación secundaria, además de ofrecer becas para mujeres y niñas/os; medidas que pueden sacar a esas personas de la pobreza extrema que todavía hoy continúan sufriendo.
“Cuando llevamos nuestro caso ante el tribunal, creíamos que ganaríamos, porque decíamos la verdad”, afirma María Ba Caal. “Para mí es muy importante que nuestro país escuche nuestra voz y conozca nuestra historia, para que lo que hemos vivido no le ocurra a nadie más”, añade.
Como parte de las medidas de reparación, las organizaciones de la sociedad civil trabajaron con el Ministerio de Educación guatemalteco en la elaboración de un cómic para niñas/os que narra la historia de Sepur Zarco.
El cómic se distribuirá en las escuelas de enseñanza secundaria de la capital del país, la ciudad de Guatemala, así como en los municipios de la zona de Alta Verapaz.
Tan solo una de las 11 abuelas sobrevivientes que lucharon para ganar este caso sin precedentes posee una casa en Sepur Zarco. La mayoría de las demás viven en las comunidades vecinas de San Marcos, la Esperanza y Pombaac, en viviendas provisionales.
Detrás del centro para mujeres que se está construyendo hay una pequeña parcela de terreno; a las abuelas les han prometido que podrán construir sus casas en ella.
María Ba Caal y Felisa Cuc nos llevan a visitar la zona. Felisa Cuc tiene 81 años y está esperando su casa. Quiere que sea de ladrillo y estaño.
“Cuando escuché la sentencia, me puse muy contenta. Pensé que mi vida iba a mejorar. Pero en este momento no sé si viviré lo suficiente como para ver los resultados”, afirma.
Doña Felisa ha tenido una vida difícil. Los soldados se llevaron a su esposo en 1982 y lo torturaron. Nunca más volvió a verle.
“Nos violaron a mí y a mis dos hijas, que se habían casado hacía poco tiempo. Sus esposos habían huido… Tratamos de escapar, buscamos refugio en casas abandonadas, pero los soldados nos encontraron. Violaron a mis hijas delante de mí”, recuerda.
El puesto avanzado de descanso de Sepur Zarco se clausuró en 1988, y el conflicto terminó formalmente en 1996 con la firma del acuerdo de paz. Sin embargo, las abuelas continuaron luchando por conseguir un mínimo de dignidad, un pedazo de tierra y comida.
Doña Felisa nos lleva a su casa de Pombaac por caminos de tierra a través de campos de maíz. Su casa es la última de la aldea.
“Aquí hay muchas necesidades”, nos dice. “En este momento necesito algo para comer. Nadie sabe cuánto tiempo viviré. Necesito tierra para mis hijas e hijos. Quizá si tienen tierra para cultivar puedan ayudarme, alimentarme”, prosigue.
De todas las medidas de reparación, puede que la restitución de tierras sea una de las más importantes. Sin embargo, también resulta complicada de ejecutar, puesto que buena parte de la tierra reclamada se encuentra en manos privadas. El presidente debe nombrar una institución y el Ministerio de Hacienda debe dotarla de presupuesto para comprar la tierra a sus propietarios privados y, a continuación, redistribuirla.
Una medida de reparación que ha tenido cierto impacto es la clínica móvil gratuita, que atiende a unas 70 u 80 personas cada día.
“Antes teníamos que caminar mucho para llegar a una clínica, pero ahora la tenemos más cerca. Las distintas comunidades nos turnamos para recibir atención en la clínica. Muchas mujeres de mi comunidad han recibido medicamentos, pero hay enfermedades que la clínica no puede tratar… Soñamos con un hospital que pueda tratar todas nuestras dolencias”, explica Rosario Xo, otra de las abuelas.
Demesia Yat, una de las abuelas más extrovertidas, reconoce lo lejos que han llegado y también habla sobre lo que está en juego.
“Nuestros esfuerzos, primero como mujeres y en segundo lugar como abuelas, es muy importante. Es cierto que se hizo justicia. Ahora pedimos educación para nuestras hijas e hijos y para nuestras nietas y nietos, de modo que la juventud de la comunidad tenga oportunidades y no sea como sus mayores, que no pudieron estudiar”, afirma.
“El gobierno ya conoce nuestras reivindicaciones. Esperamos muchos años a que se hiciera justicia; ahora tenemos que esperar para obtener reparación”, añade.
El caso de Sepur Zarco es un caso de búsqueda de justicia; estas mujeres sufrieron un horror y una pérdida inenarrables. Hoy exigen experimentar esa justicia en su vida cotidiana.
“Di todo lo que tenía para obtener justicia”, nos dice María Ba Caal cuando nos despedimos. “Quiero ver los resultados antes de que me muera. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo”, concluye.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres. IPS-Inter Press Service lo reproduce por un acuerdo especial con ONU Mujeres.
RV: EG
