La expansión del nacionalismo de derecha y la proliferación de gobiernos de corte autoritario han socavado los derechos humanos en varios países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina.
Como resultado, algunos de los expertos internacionales en derechos humanos, designados como relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido excluidos, se les ha negado el permiso para visitar países en «misiones de investigación» o han sido amenazados con la expulsión, junto con la suspensión de los permisos para su labor.
El gobierno de Filipinas, un vociferante régimen autoritario, ha renovado las acusaciones contra Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El jefe de Estado Mayor Adjunto para Operaciones Cívico-Militares de ese país, el general de brigada Antonio Parlade, dijo a la prensa que las Naciones Unidas habían sido infiltradas por el Partido Comunista de Filipinas a través de Tauli-Corpuz.
«Las nuevas acusaciones contra Tauli-Corpuz están claramente en represalia por su inestimable labor en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el mundo y en Filipinas», dijo un grupo de expertos de la ONU sobre el ataque contra la relatora especial.
Anna-Karin Holmlund, defensora sénior de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que «hemos presenciado varios ataques personales profundamente preocupantes por parte de los Estados miembros de la ONU contra expertos independientes, incluidos ataques personales, amenazas de enjuiciamiento, agitación pública y violencia física en el último año».
En ocasiones, señaló, esos ataques han sido realizados por alguno de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen la obligación expresa de mantener los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos.
«Tales ataques son parte de una tendencia inquietante de achicar cada vez más el espacio para el trabajo de derechos humanos en muchos lugares del mundo», declaró Holmlund.
Por ejemplo, el gobierno de Burundi cerró en abril la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, lo que desencadenó una protesta de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra.
Mientras, bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha dejado de cooperar con algunos de los relatores sobre diferentes temas de derechos humanos de las Naciones Unidas, y específicamente una investigación sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera con México, donde algunos han sido agredidos sexualmente, sin que haya habido denuncias.
El gobierno de Myanmar (Birmania) prohibió un experto de la ONU visitar el país para investigar el estado de los refugiados rohinyás.
En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, debió posponer una visita oficial a Marruecos porque el gobierno «no ha podido garantizar un programa de trabajo en acuerdo con las necesidades del mandato y la términos de referencia para visitas a países por procedimientos especiales».
La visita estaba programada «para examinar el impacto de las medidas destinadas a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y los fiscales, y el ejercicio independiente de la profesión jurídica».
«Es muy lamentable que el gobierno no haya tenido plenamente en cuenta las sugerencias de lugares para visitar y el calendario de trabajo. Es una condición previa esencial para el ejercicio del mandato del relator especial, que yo pueda determinar libremente mis prioridades, incluyendo lugares para visitar», dijo García-Sayán entonces.
Robert Colville, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento el 10 de mayo, para denunciar que “estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.
“Llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, prosiguió.
Tan solo en el primer cuatrimestre del año, detalló, se produjeron 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas, según las denuncias de la sociedad civil, organismos del Estado y la propia Defensoría del Pueblo.
Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando el personal de la Oficina en Colombia de ACNUDH, documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos.
Desde agosto de 2017, en Colombia gobierna Iván Duque, que los analistas internacionales afilian al grupo del neopopulismo y neonacionalismo conservador, que está creciendo en América Latina.
Mientras, el mes pasado, Israel revocó el permiso de trabajo de Omar Shakir, el director de la organización Human Rights Watch para Israel y Palestina, una decisión protestada por las Naciones Unidas.
«Esta decisión amenaza la promoción, la investigación y la libre expresión para todos y refleja una resistencia preocupante al debate abierto», dijo un grupo de expertos de la ONU. «Es un revés para los derechos de los defensores de derechos humanos en Israel y en el territorio palestino ocupado”, añadió.
Palitha Kohona, expresidenta del Comité Especial de la ONU sobre Prácticas Israelíes, encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel, aseguró a IPS que las visitas oficiales a Cisjordania estaban prohibidas por Tel Aviv, «y no por falta de intentos» de llevarlas a cabo.
«En 2011, esperamos un día adicional en Amman con la esperanza de obtener la aprobación, que nunca llegó. Una visita ministerial de delegados del Movimiento de Países No Alineados a Cisjordania fue detenida en el puente Allenby por Israel», recordó sobre alguna de las iniciativas frustradas del Comité para cumplir su misión.
Con Gaza la situación fue otra durante un tiempo, después que el cruce de Rafah pasó a ser controlado por Egipto y las autoridades del territorio palestino. La entrada a Gaza para el Comité se realizó por el paso de Sinaí, después de un largo viaje en autobús desde El Cairo a través del desierto, dijo Kohona, quien fue representante permanente de Sri Lanka ante la ONU.
«Visité Gaza dos veces en 2010 y 2011 con el Comité. Creo que estas fueron las únicas dos ocasiones en que el Comité pudo visitar Gaza», afirmó.
Según un reportaje publicado en The New York Times el 10 de marzo, Leilani Farha, relatora especial sobre vivienda adecuada de las Naciones Unidas, se mostró «sorprendida» al descubrir que algunos de los egipcios que entrevistó en los asentamientos pobres de El Cairo «habían sufrido represalias por hablar con ella».
«Algunos fueron expulsados de sus hogares por funcionarios, sus pertenencias esparcidas en las calles. Otros fueron acosados por los servicios de seguridad o se les prohibió salir de Egipto», detalló el artículo del corresponsal del The New York Times en El Cairo, Declan Walsh.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Farha de fabricar historias e insinuó que era una simpatizante del terrorismo, empeñada en difamar a Egipto», contó el periodista.
Según el periódico, esa visión defensiva y conspirativa ha llegado a la ciudadanía, debido a que es la estándar en los canales de televisión egipcios, cuya política editorial es muy seguidora de las posiciones del regimen del general Abdul Fatah al Sisi.
Las Naciones Unidas cuentan actualmente con 38 relatores especiales o expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, máxima instancia intergubernamental de ACNUDH, para investigar violaciones de los legítimos derechos políticos, económicos y legales de personas y minorías en todo el mundo, dentro de un sistema introducido en 1982.
Las misiones de investigación, efectuadas por relatores de la ONU, cubren una amplia gama de temas, como investigaciones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzosas, racismo, xenofobia, esclavitud moderna y abuso contra los derechos de los migrantes y pueblos indígenas.
La sudafricana Urmila Bhoola, relatora especial sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, detalló a IPS que durante 2018 visitó en misión especial a Níger, Bélgica, Nigeria, El Salvador, Mauritania, Paraguay e Italia, por ese orden.
Recordó que «las visitas a los países solo se realizan por invitación de los gobiernos».
«He emitido solicitudes para visitas a muchos países, pero debido al nombre (de la relatoría) y al enfoque del mandato, los Estados miembros a menudo se muestran reacios a invitar a realizar una visita a quienes tienen un sobre formas contemporáneas de esclavitud”, detalló
Los Estados miembros, puntualizó, no pueden rechazar abiertamente una visita, pero pueden no responder a las solicitudes de visitas a los países.
Según la Oficina de ACNUDH, los Estados miembros generalmente cooperan con los expertos independientes en derechos humanos en los llamados Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Se trata del mayor órgano de expertos independientes en el sistema de ONU en derechos humanos y se dedican a monitorear situaciones concretas en el tema.
El número de Estados que nunca han recibido la visita de un relator especial de los que operan dentro de ACNUDH, ha caído a 22. Y el número de Estados que han emitido una «invitación permanente» a los Procedimientos Especiales ha llegado a 120 Estados miembros y un Estado Observador no miembro.
Algunos Estados reciben más de una visita por año. Cada año, en promedio, los Procedimientos Especiales realizan alrededor de 80 visitas a diferentes países.
En este momento, dijo un portavoz, «no hemos sido notificados de ningún cambio relacionado con la cooperación con los Procedimientos Especiales por parte de la misión permanente de Estados Unidos aquí en Ginebra. De hecho, han estado en contacto con varios titulares de mandatos recientemente».
En diciembre de 2017, el gobierno de Myanmar informó a la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, que se le negaba acceso al país y se le retiraba toda cooperación mientras durara su mandato, descontento con su último informe, pese a que hasta entonces había realizado dos visitas anuales el país desde 2014.
T: MF
