A principios de enero de 2019, hombres armados no identificados asesinaron a Maritza Isabel Quiroz Leiva, una activista colombiana por el derecho a la tierra de 60 años, en una pequeña granja cerca de la ciudad caribeña de Santa Marta.
Su asesinato fue un duro recordatorio de que hablar sobre temas sociales y políticos en Colombia, ya sea sobre disputas por la tierra, derechos de las mujeres o sobre la violencia política que persiste pese al acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, es algo muy peligroso.
La muerte de Maritza no es un incidente aislado: en los últimos tres años, las guerrillas (remanentes de las FARC y otros), agrupaciones criminales y otros grupos delictivos no identificados han asesinado a más de 300 activistas(hombres y mujeres) como ella.
Colombia no es el único país de esta región donde la violencia contra los defensores de derechos humanos está poniendo a destacadas mujeres activistas en riesgo de ataques físicos y otros abusos.
En 2018, nuestro boletín de alertas tempranas sobre conflictos globales CrisisWatch, registró varios asesinatos de este tipo en otras partes de América Latina, incluyendo el de la activista indígena guatemalteca Juana Raymundo en julio o el de la activista colombiana por los derechos de las mujeres María Caicedo Muñoz en octubre.
Aquellas mujeres que están bajo el escrutinio público cuando desafían las normas establecidas y confrontan poderosos intereses, desde gobiernos a insurgencias y a grupos criminales, son blancos más notables; y las lideresas que representan a los grupos marginados, como personas en condición de pobreza, minorías étnicas o sexuales, personas desplazadas o migrantes, se convierten también en objetivos de ataques.
El asesinato en marzo de ese año de la brasileña Marielle Franco, concejal de la ciudad de Rio de Janeiro, es muestra de ello. Además de hacer campaña en contra de la corrupción y la brutalidad policial, Franco era una poderosa defensora de las mujeres negras, la comunidad LGBTI y la juventud. La investigación avanza lentamente.
Desde una perspectiva global, el relator especial de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, Michael Frost resaltó en un informe de 2019 que en el actual clima político, donde ha habido un retroceso contra los derechos humanos en todo el mundo y un aumento en la retórica misógina entre los líderes políticos, las defensoras de derechos humanos “han estado afrontando una represión y violencia creciente alrededor del mundo”.
El informe sugiere que estas mujeres son algunas veces señaladas por las causas que promueven, y otras veces simplemente porque son mujeres que se reafirman públicamente.
Además del riesgo de ataques que enfrentan todos los activistas, las activistas son vulnerables al abuso específico de género, que puede incluir estigmatización, ser avergonzadas públicamente (como una forma de dañar su “honor”), amenazas de violencia sexual, ciberacoso y asesinatos.
En abril de 2018, individuos que buscaban socavar e intimidar a la periodista investigativa hindú Rana Ayyub la amenazaron con violencia sexual en redes sociales y utilizaron un video pornográfico falso para manchar su reputación.
En junio, desconocidos saquearon el hogar de la periodista y activista Marvi Sirmed, quien ha hecho mucho para resaltar el rol central de los derechos de las mujeres y el Estado de derecho en la transición política de Paquistán.
En julio, un sujeto desconocido atacó con ácido sulfúrico a la activista anticorrupción Kateryna Handzyuk en Jersón, Ucrania; con quemaduras en más del 30 por ciento de su cuerpo, murió debido a sus heridas en noviembre.
Y en septiembre, agresores enmascarados abrieron fuego contra Soad Al Ali, una destacada activista de derechos humanos y madre de cuatro hijos de unos cuarenta años, a plena luz del día en la ciudad de Basora al sur de Iraq.
Durante el mismo periodo, otras tres influyentes mujeres iraquíes, incluida la lideresa de redes sociales Tara Fares, fueron asesinadas, o encontradas muertas bajo circunstancias sospechosas, en otros lugares.[related_articles]
Una de las preocupaciones en torno a la amenazas o ataques a mujeres activistas es que no solo afecta su seguridad, sino que frena su participación en la vida pública, donde las mujeres ya están sub-representadas.
Globalmente, solo un cuarto de los parlamentarios son mujeres y casi todos los jefes de estado o líderes gubernamentales son hombres. Esto no quiere decir que abordar los riesgos de violencia política por sí solo aumentará la representación de las mujeres en la política, ya que hay muchas razones posibles para la baja participación política de las mujeres en todo el mundo.
Tampoco el progreso en este sentido se correlaciona necesariamente con un peligro menor para las mujeres. (América Latina, que tiene algunas de las más altas tasas de violencia contra defensores de derechos humanos en el mundo, cuenta con un vibrante movimiento de derechos de las mujeres, y muchos de sus parlamentos tienen niveles relativamente altos de representación femenina).
Hacer que la participación en la actividad pública sea más segura para las mujeres es algo que realmente puede ayudar. Los estados y sus líderes deberían usar las herramientas a su alcance, desde leyes justas hasta castigos severos para asegurar que las fuerzas de seguridad estén en sintonía con las necesidades de protección de las mujeres, y así combatir la violencia contra las activistas.
Proteger el espacio de las mujeres en la política es especialmente importante en el área de resolución de conflictos. Pese al rol histórico de las mujeres en resolución informal de disputas, su práctica ausencia de los diálogos de paz y procesos y mecanismos internacionales de seguridad similares, como en Yemen o Afganistán, requiere una atención particular.
Dejar de lado a las mujeres afectadas por el conflicto, o a las mujeres que representan a aquellas percibidas como de bajo estatus en la sociedad debido a su condición socioeconómica, edad, educación, etnia o religión, no es la forma de construir una estructura inclusiva y duradera para la paz.
En esta celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, los líderes mundiales deben pronunciarse de manera más vehemente sobre la crucial importancia de la participación de las mujeres en la vida política.
Deben tomar más medidas para prevenir y condenar los ataques verbales y físicos contra las defensoras de derechos humanos o lideresas políticas y sus familias. También deben forjar espacios más amplios y seguros para la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, a modo de garantizar su participación en las políticas gubernamentales que afectan sus vidas.
Las implicaciones de la violencia utilizada contra las mujeres activistas y políticas son muy grandes, no solo para sus familias, sino también para el bienestar de la sociedad en general.
No proteger a mujeres como Maritza Quiroz Leiva y Marielle Franco envía una terrible señal para las mujeres y niñas que quieren alzar sus voces en la plaza pública. Frenar su participación en la vida pública sería una tragedia no solo para las mujeres cuyo potencial está siendo desperdiciado sino para las comunidades en las que viven.
Este artículo fue originalmente publicado por Crisis Group. IPS-Inter Press Service lo distribuye por un acuerdo especial con esa organización internacional.
RV:EG
