Cada vez es más importante realizar una gestión sostenible del suelo a medida que aumentan las emisiones contaminantes, la deforestación y la escasez de agua. Pero es muy difícil en las regiones donde existen pueblos y comunidades sin derechos de propiedad, pues la relación de ese problema con la degradación ambiental sigue siendo un asunto mal comprendido y desatendido.
Los estudios coinciden en que la inseguridad en la tenencia de la tierra se traduce en una mala gestión del suelo, pues las comunidades no tienen incentivos para invertir en medidas de protección a largo plazo, lo que favorece la degradación ambiental.
“Asegurar el derecho a la seguridad y a la tenencia de la tierra y a los recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales es uno de los asuntos más importantes que se pueden atender para obtener buenos resultados en materia de conservación”, subrayó Erin Myers Madeira, directora del Programa Mundial sobre Pueblos Indígenas y Comunidades Locales de Nature Conservancy.
“Las comunidades obtienen mejores resultados que las autoridades y que otros actores a la hora de frenar la deforestación y la degradación”, destacó, en diálogo con IPS.
A pesar de los derechos consuetudinarios en más de la mitad de los territorios, los indígenas y las comunidades locales solo tienen la tenencia legal de 10 por ciento del total de tierras.
La organización Resources and Rights también concluyó que el reconocimiento legal de los derechos de propiedad de las comunidades locales es inadecuada, pues en 2017 ascendía a 14 por ciento de las superficie forestal.
Es, en parte, resultado de la falta de políticas estatales, pero el acaparamiento de tierras que emprenden las compañías, que no reconocen los derechos de las comunidades locales a sus territorios ancestrales, son cada vez más comunes en el mundo.
En 2006, 200 familias perdieron derechos sobre su territorio en el distrito de Sre Ambel, en Camboya, en beneficio de una plantación de azúcar.
En Liberia, el gobierno expulsó a un grupo de agricultores de sus tierras cuando otorgó 350.000 hectáreas a la multinacional malasia Sime Darby, lo que provocó el surgimiento de un resentimiento generalizado y generó un conflicto en la zona.
Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), 35 por ciento de las restantes tierras cultivables disponibles de África están en manos de grandes entidades, con más de 70 millones de hectáreas dedicadas a los biocombustibles.
Muchas comunidades se organizaron para luchar contra la expansión, pero con resultados fatales. Según Global Witness, 201 activistas ambientales fueron asesinados en 2017 tratando de proteger sus tierras de la minería y de la agroindustria, entre otras.
Mejor cuando los pueblos se hacen cargo
Karina Kloos Yeatman, directora de la Campaña de Derecho a la Tierra, de Landesa, subrayó la importancia de la gestión sostenible y de la conservación en manos de comunidades locales, pero el primer paso es el derecho a la tierra.
“Si no pensamos en el uso de la tierra y en la seguridad de la tenencia, y en encontrar más soluciones para ayudar a la gente a realizar inversiones a largo plazo para lograr un uso sostenible del suelo, vamos a seguir viendo un flujo de migrantes climáticos y a tener personas desplazadas”, alertó, en diálogo con IPS.
Yeatman, en particular, mencionó cómo cuando se logran asegurar los derechos de propiedad, aumentan las inversiones a largo plazo en la gestión sostenible del suelo y de los bosques.
Por ejemplo, pequeños agricultores con derecho a la tierra en Etiopía tienen 60 por ciento más de probabilidades de invertir en medidas que eviten la erosión del suelo.
En los bosques donde los indígenas tienen derecho a la tierra, se observa una reducción notoria de la deforestación.
En Bolivia, la deforestación es 2,8 veces menor en los territorios donde los indígenas tienen títulos de propiedad, lo que no solo ayuda a frenar la degradación, sino que las medidas adoptadas también mitigan las emisiones forestales y contribuyen a contener el recalentamiento global.
Yeatman y Madeira coinciden en que el derecho a la tierra no basta para promover una gestión sostenible del suelo, sino que es uno de los cuatro pilares necesarios.
Los pilares son asegurar el derecho a la tierra y a recursos, apoyar el fuerte liderazgo comunitario y la gobernanza local, promover la colaboración entre múltiples actores, permitir que las comunidades participan en la toma de decisiones e identificar oportunidades de desarrollo económico ambientalmente sostenibles en conexión con la gestión sostenible y los valores culturales de las comunidades locales.
“Es cuando se tienen esos cuatro ingredientes que se logra una conservación duradera, tener comunidades con poder para proteger a sus pobladores y que se benefician económicamente de administrar esos lugares”, destacó Madeira.
En un esfuerzo por frenar la tala y la deforestación, la comunidad amazónica shipibo-conibo, en Perú, incluyó 6.000 hectáreas, 80 por ciento de su territorio, en un programa de conservación nacional que le ayudó a administrar sus tierras de forma de contar con fuentes de ingresos sostenibles.
Como parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques, las comunidades reciben tres dólares al año por hectárea que dedican a la conservación, lo que les puede llegar a significar por lo menos 18.000 dólares. Para recibir el pago, deben comprometerse a proteger la selva.
Una proporción significativa del dinero se reinvierte en la selva y en sus comunidades que se dedican al ecoturismo y a la extracción sostenible de recursos forestales.
Un paso adelante, pero quedan muchos más
La tenencia de la tierra puede tener distintas formas en varios contextos, pero Madeiro subrayó la importancia de que los gobiernos y las empresas respeten los derechos de propiedad, así como la inclusión de los indígenas y de las comunidades locales en la planificación de la gestión sostenible.
Yeatman urgió a las corporaciones a informarse sobre las complejidad que rodean a la tenencia de la tierra y que apoyen a las comunidades locales a garantizar un futuro sostenible.
“(Las compañías) suelen tener contratos de 50 a 100 años y si quieren tierras sostenibles, deben ayudar a los agricultores a garantizar sus derechos y el acceso a la información, así como a insumos para diversificarse y que el suelo no se degrade”, puntualizó.[related_articles]
Los consumidores también deben desempeñar su papel, observó Yeatman, involucrándose en el origen de los productos y de las compañías a las que les compran.
La campaña de Oxfam “Detrás de las Marcas” ofrece un puntaje para medir cómo se ubican las 10 mayores compañías de alimentos y bebidas con respecto a ciertos indicadores, como el apoyo a las mujeres en la agricultura, la reducción de emisiones contaminantes y el respecto a los derechos de propiedad y de un uso sostenible del suelo.
Por ejemplo, la multinacional francesa Danone y la estadounidense General Mills están en los lugares más bajos en el indicador sobre tierras porque no se comprometieron con la tolerancia cero al acaparamiento de tierras y no exigen a sus proveedores que evalúen cómo esas adquisiciones afectan a las fuentes de ingresos de las poblaciones locales.
Hace poco, hubo algunos avances al respecto.
El gobierno de Malasia demandó al gobierno local de Kelantan por no proteger el derecho a la tierras de los indígenas orang asli, muchos de los cuales no tienen títulos de propiedad, al seguir otorgando licencias a empresas madereras y agrícolas.
Asimismo, Birmania (Myanmar), que tiene uno de los mayores índices de deforestación de Asia, tiene previsto dejar unas 918.000 hectaŕeas en manos de comunidades locales para 2030 a fin de evitar la tala ilegal y permitir que los pobladores de la zona practiquen una silvicultura sostenible.
Queda mucho por hacer, y es necesario actuar para evitar la reducción de tierras y de los recursos naturales esenciales para la supervivencia de los seres humanos.
Traducción: Verónica Firme
