Las protestas contra la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, los 10 últimos días de enero y bajo el ruido de cacerolas vacías en barriadas populares, se saldaron con un alto costo humano: más de 40 muertos, decenas de heridos y unos mil detenidos, entre ellos 100 mujeres y 90 menores de 18 años.
En Catia, populoso sector obrero del oeste de Caracas, varios jóvenes murieron abaleados en las noches del 21 al 25 del mes pasado, mientras comandos de la Policía Nacional y la militar Guardia Nacional derruían barricadas improvisadas con basuras y con su presencia acallaban la protesta.
“Lo lograron. Los vecinos dicen que en las calles donde cayeron varios de esos muchachos ya impera el silencio y la soledad desde las seis de la tarde. Los cacerolazos no han regresado”, relató a IPS el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización Provea, que lleva décadas registrando las violaciones a los derechos humanos en el país.
Estas protestas tienen dos elementos especiales: se producen en barrios y sectores que hasta hace poco engrosaban la base social del gobierno y reflejan una ira en pobladores de los sectores más vulnerables ante el desplome socioeconómico venezolano, que convierte sus movilizaciones en “minicaracazos”, por recordar las violentas protestas de febrero de 1989, que se saldaron con centenares de muertos.
Además, han quedado sumergidas dentro de la crisis institucional que vive el país desde enero y que han puesto a Venezuela como protagonista en la geopolítica mundial, con un pugilato que se dirime también entre los gobiernos de Estados Unidos y otros países americanos y europeos, por un lado, y China, Rusia o Turquía, por otro.
Maduro (56), quien gobernó el sexenio 2013-2019, juró el 10 de enero para un segundo período, tras ganar una elección en mayo de 2018, desconocida por el parlamento y la mayor parte de la oposición y de los gobiernos de América y Europa.
La elección fue convocada fuera de lapsos legales por una Asamblea Nacional Constituyente integrada solo por adeptos al gobierno, el árbitro electoral proscribió a los principales partidos y dirigentes opositores, y una nube de irregularidades envolvió la campaña y el acto mismo del sufragio, según denuncias de organizaciones locales e internacionales.
Por ello, la legislativa Aamblea Nacional, de mayoría opositora, desconoció la investidura de Maduro y el diputado que dirige el parlamento, Juan Guaidó (35), asumió el 23 de enero la condición de presidente encargado, ante una multitud en Caracas y mientras masivas concentraciones y marchas opositoras recorrían otras 50 ciudades.
Desde el día 21, cuando 27 guardias nacionales se amotinaron en un cuartel en el barrio de Cotiza, el norte de Caracas, desconociendo a Maduro, estallaron cacerolazos, y grupos de vecinos en barriadas populares de la capital y el interior improvisaron barricadas contra las que actuaron fuerzas de uniformados y grupos civiles irregulares de simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En varias ciudades del interior hubo saqueos o conatos de saqueo contra algunos comercios.
La represión entre los días 21 y 25 de enero dejó 35 personas muertas, decenas de heridos, por balas o perdigones (balines plásticos), y 850 detenidos.
“Solo el día 23 hubo 696 detenidos, la mayor cantidad en una sola jornada de protestas en 20 años”, dijo a IPS el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, una organización que sigue especialmente el tema de los detenidos por razones políticas o sociales.
El Foro contabilizó 12.480 detenciones arbitrarias desde Febrero de 2014 –año de las primeras protestas multitudinarias contra Maduro- hasta octubre de 2018, calificando a 1.551 personas como presos políticos, de los que aún quedaban 236 cuando produjo su informe. Pocos fueron liberados y la lista se engrosa con los detenidos este año.
Desde que Maduro llegó al poder en 2013, Provea y otras organizaciones humanitarias han contabilizado que murieron en el marco de protestas callejeras al menos 250 personas, incluyendo enero de este año. [pullquote]1[/pullquote]
Romero destaca que el Estado aplica una “puerta giratoria”: cuando salen de la cárcel detenidos por razones políticas, generalmente bajo libertad condicionada, entonces entra otro grupo arrestado por razones similares.
Este enero “la orden que recibieron las fuerzas de seguridad fue detener a quienes protestaban. Es claro que el gobierno decidió asumir el costo de parar la protesta en los sectores populares, que en el pasado respondían al chavismo y se han volteado en su contra”, aseguró.
El chavismo es la fuerza política desarrollada por Hugo Chávez, quien presidió el país entre 1999 y su fallecimiento en 2013.
Durante dos décadas fue dominante en los sectores populares urbanos que ahora se han volteado en forma creciente contra Maduro, exasperados por la carestía de los alimentos, el desplome de servicios como agua, electricidad, salud y transporte, y la escasez cada vez más aguda de medicinas o gas para cocinar.
Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo en Ginebra el 29 de enero que “algo más de 40 personas han resultado muertas” y de ellas “al menos 26 murieron supuestamente por disparos de las fuerzas de seguridad o de los grupos armados progobierno durante las manifestaciones”.
Provea sostiene que al menos ocho personas murieron en ejecuciones extrajudiciales en Caracas y dos ciudades de provincia cuando entraron a sus casas efectivos del grupo élite FAES (Fuerza de Acciones Especiales) de la Policía Nacional.
“El FAES es un cuerpo con entrenamiento para acción letal, contra extorsión o secuestros, y no para manejar situaciones de orden público. Sus códigos y armamento, de alta letalidad, no guardan proporción con los cánones de uso proporcional y escalonado de la fuerza aplicables en situaciones de protesta popular”, advirtió Uzcátegui.
Las detenciones, que incluyeron a 100 mujeres y al menos 90 niños, niñas y adolescentes, “se han hecho a modo de razias indiscriminadas, abonando el propósito de sembrar el miedo para desalentar la protesta”, opinó Romero.
Uno de esos casos es el de Jickson Rodríguez, de 14 años, paciente epiléptico tras un viejo trauma craneoencefálico.
Tocaba cacerolas con amiguitos cerca de la barbería que opera su familia, la noche del 22 al 23 de enero en Villa Bahía, en Puerto Ordaz, urbe industrial a orillas del Orinoco, 500 kilómetros al sureste de Caracas, cuando unidades de la Guardia Nacional lo capturaron junto a otras seis personas y lo llevaron a un cuartelillo que cuida una planta siderúrgica.
“Como yo no lloraba, a mí era al que daban más golpes. Le dije a los guardias ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’ y me dieron una cachetada (bofetada). Me daban cocotazos (golpes en la cabeza). Les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos, sufro epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, narró días después a familiares y periodistas.
“Lo encontré, esposado, después de buscarlo por varios sitios de reclusión la tarde del día siguiente. Fue golpeado en la planta de los pies, para que no le quedaran marcas. Convulsionó mientras estuvo detenido y por eso me lo entregaron dos días después”, dijo a IPS su madre Rosmelys Guilarte (39), una peluquera que tiene además tres niñas.
Al chico “lo acusaron en la policía judicial de participar en un saqueo que hubo a kilómetros de donde estábamos sonando cacerolas esa noche. Algo imposible. Tiene orden de presentarse a la autoridad cada 30 días. Trato de que descanse bastante, está muy afectado”, agregó desde su localidad.
Para Uzcátegui “la estrategia del gobierno tiene tres componentes: la represión ante el descontento mayoritario de la población, apostar a que el actual conflicto político se desgaste y tratar de invisibilizar la crisis actuando sobre medios de comunicación y periodistas”.
Edición: Estrella Gutiérrez
