Hace unos meses, Candelario de Jesús Chiquillo Cruz llegó a la frontera sur de México y se topó con una reja cerrada y reforzada con alambres de púas, mientras una barrera de policías le rociaba con gas. Hoy, camina libre por el puente que atraviesa el río Suchiate, frontera natural con Guatemala.
Chiquillo tiene 50 años, proviene de El Salvador, y no oculta su satisfacción por la acogida que ha tenido en su nuevo intento de ingresar en México.
“Es una oportunidad que se ha buscado por mucho tiempo”, dice a IPS este martes 22, mientras muestra el documento con el número 0000004155128 que le extendió el gubernamental Instituto Nacional de Migración mexicano (INM), en Tapachula, una ciudad del sureño estado de Chapas, en la occidental la frontera con Guatemala.
Ese documento será canjeado en unos días por una “tarjeta de visitante por razones humanitarias” que le permitirá vivir y trabajar en México durante un año.
“Felicito a México por la postura que ha tenido para que pasemos legalmente al país sin ser perseguidos por migración. Lo que queremos es una oportunidad de trabajo”, asegura Chiquillo.
La política migratoria mexicana ha dado un giro de 180 grados con la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre.
El 17 de enero, el gobierno abrió la frontera a miles de migrantes que venían en caravana desde San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la pobreza y la represión, y anunció la entrega de estas visas humanitarias para los migrantes centroamericanos.
También informó de un nuevo plan laboral que incorpora a los migrantes centroamericanos en los proyectos de desarrollo del sureste del país.
El planteamiento va en el sentido contrario de la política mexicana de los últimos años, que centró su estrategia en la seguridad fronteriza y militarizó la frontera del sur para impedir el paso de migrantes.
Con el Plan Frontera Sur, del predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, miles de personas fueron deportadas y decenas murieron por recurrir a rutas más inseguras y evitar los controles policiales.
La llegada del nuevo gobierno coincidió con una crisis migratoria sin precedentes, estallada en octubre. Desde entonces, más de 15.000 centroamericanos iniciaron una serie de caravanas multitudinarias para llegar a Estados Unidos, atravesando casi 3.900 kilómetros por territorio mexicano.
Pero esta sexta caravana, la tercera originada en Honduras desde entonces, se topó con una nueva política que, en palabras de Tonatiuh Guillén López, comisionado del INM, quiere “generar un nuevo paradigma del tratamiento de la población migrante”.
También pretende, argumentó, detonar el desarrollo conjunto entre el sur de este país y el llamado Triángulo Norte Centroamericano, constituido por Honduras, El Salvador y Guatemala.
El viernes 18, al entregar las primeras tarjetas de visitante por razones humanitarias, Guillén explicó que el plan tiene dos componentes: movilidad, con la autorización de las visas humanitarias, y el impulso al desarrollo en la región.
Eso significa extender los permisos de trabajo a personas originarias de Honduras y El Salvador, que ya México otorgaba a migrantes de Belice y Guatemala.
La entrega de las tarjetas en su etapa inicial está siendo acompañada por representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“La OIM está trabajando en estrecha coordinación con las instituciones gubernamentales, en particular con el INM, para mejorar las condiciones de los migrantes que entran al país”, aseguró a IPS el representante en México de la OIM, Christopher Gascón.
Pero el problema no es sencillo.
De acuerdo con datos de la gubernamental Comisión Mexicana para la Atención a Refugiados (Comar), en los últimos tres años, las solicitudes de asilo de centroamericanos en México habían pasado de 3.424 en 2015 a 26.566 en 2018.
Y ahora, en los primeros cinco días desde que se estableció la política de puertas abiertas, han solicitado la protección mexicana 7.805 migrantes, 6.431 adultos y 1.374 niños y adolescentes.
Miles de migrantes hacen una fila para solicitar la tarjeta, que en principio tiene una duración de un año pero se puede renovar por tres más, e incluso, puede otorgarse un permiso de residencia permanente en México.
La gran mayoría (algo más de 6.000) proviene de Honduras pero también hay solicitantes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y algunos pocos de Haití, Brasil y Cuba.
Personal de Acnur y de la OIM acompaña en la ciudad de Tapachula, al igual que en otras localidades fronterizas del sur de México, el comienzo de la aplicación del plan migratorio impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que permite a los migrantes centroamericanos quedarse en el país con un visado de un año, renovable. Crédito: Ángeles Mariscal/IPS
En diciembre, al presentar el nuevo Plan Nacional de Migración, vigente hasta 2024, la secretaria (ministra) de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que México es el primer país en ajustar sus políticas migratorias al nuevo Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, firmado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 19 de diciembre, tras ser acordado en una conferencia en Marrakech ocho días antes.
Transfondo con claroscuros
Sin embargo, las señales del gobierno mexicano son ambiguas en puntos controvertidos y para algunos críticos, la nueva política de acogida representa en los hechos la aceptación de convertir a México en un “tercer país seguro”, que contenga la migración hacia Estados Unidos, una exigencia reiterada del presidente de ese país, Donald Trump.
A eso se agrega que el segundo componente del programa, el del trabajo, está ligado a un proyecto de inversión estadounidense, destinado a impulsar el desarrollo económico del sur de México y los países del Triángulo Norte.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció el 19 de diciembre que el gobierno de Estados Unidos invertirá 5.800 millones de dólares para el desarrollo económico de la región centroamericana durante los próximos cinco años, más otros 4.800 millones de dólares en el sureste mexicano.
Desde el gobierno mexicano, esta inversión se ha planteado como una versión renovada del Plan Marshall (para reconstruir Europa en la posguerra).
Pero los más escépticos ven una reedición de un fallido programa (el Plan Puebla-Panamá) que intentó el gobierno derechista de Vicente Fox (2000-2006) y que implica una controvertida zona de libre comercio con la construcción de ciudades turísticas en poblaciones mayoritariamente indígenas que no han sido consultadas.
Además, la principal duda sobre esta apuesta está en el nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos con el desarrollo planteado para contener la migración.
A eso se agrega la desconfianza por el uso que el gobierno mexicano dará a los datos que está recopilando de los migrantes que se acogen al programa, pues para hacer el trámite de la tarjeta humanitaria, se les solicita un documento de identidad y una fotografía y se registran sus nombres completos, edad, lugar de residencia, huellas dactilares y el iris del ojo.
Esta acción en principio debería ser positiva, sobre todo considerando el nivel de vulnerabilidad que han tenido los migrantes en México frente a la multiplicación de grupos criminales.
Pero algunos especialistas en migración y activistas a favor de los derechos migratorios ven en esta recolección de datos la continuidad de la Iniciativa Mérida, un plan de apoyo de distintas agencias estadunidenses a México para “fortalecer a ambas sociedades en la lucha contra el crimen organizado y la violencia”.
Esa Iniciativa ha implicado una inversión de 1.600 millones de dólares, asignados por el legislativo Congreso de Estados Unidos para México, destinados a “equipos y asistencia de capacitación”.
Por lo pronto, el gobierno de López Obrador decidió implementar una estrategia de “convencimiento y paciencia” con los migrantes centroamericanos para convencerlos de acogerse al programa de visas humanitarias.
Para quienes continúan su recorrido en caravana hacia el norte, unos 2.000 que no aceptaron la propuesta, se ha asignado una vigilancia especial para evitar accidentes en la carretera y proporcionarles ayuda humanitaria. Hasta el momento, no hay ningún migrante detenido ni deportado.
En la frontera sur, algunos de los centroamericanos que hacen fila por su visa humanitaria dijeron a IPS que intentarán establecerse en México; otros aseguraron que usarán ese salvoconducto para llegar a Estados Unidos, pues ahora podrán seguir ese sueño sin la amenaza de ser perseguidos en su largo y azaroso tránsito por este país.
Con aportes de Ángeles Mariscal, desde Tapachula y otras localidades del estado de Chiapas.
Edición: Estrella Gutiérrez
