Investigaciones y campañas feministas empiezan a poner la mirada sobre el drama de las niñas latinoamericanas que antes de los 14 años son forzadas al embarazo y la maternidad producto de violaciones sexuales que afectan sus proyectos de vida sin que los Estados respondan con políticas que garanticen sus derechos humanos.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) se aproximó al problema en 2016 con un estudio en 14 países de la región que empezó a sacar de la invisibilidad la franja de niñas menores de 14 años que se encontraban en la estadística de los Estados como madres adolescentes.
Julia Escalante, abogada mexicana y coordinadora regional del Cladem, recordó a IPS que fue el caso de la niña paraguaya Mainunbuy (nombre ficticio) el que las motivó a profundizar sobre esta realidad. Ella quedó embarazada en el 2015 por la violación de su padrastro y fue forzada a asumir una posterior maternidad al negársele la interrupción de la gestación.[pullquote]3[/pullquote]
Cladem y la organización Equality Now acudieron en mayo de ese año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado paraguayo a proteger la vida y todos los derechos de la niña. Pero eso no ocurrió y desde entonces se repitieron en ese país casos parecidos, el último en noviembre.
“El caso de Mainunbuy nos llevó a preguntar qué sucede en los otros países y trabajamos un balance regional. Encontramos ausencia de políticas de prevención del embarazo y maternidad infantil, y de protección de los derechos de las niñas”, indicó.
Un estudio publicado este año por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) refrendó que esta es la segunda región del mundo, después de África Subsahariana, con la tasa más alta de embarazo adolescente, con 66,5 nacimientos por cada mil niñas y adolescentes, frente a una tasa mundial de 46.
Además, de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 años que ocurren cada año en la región, más de dos millones son de niñas menores de 15 años, y si la tendencia se mantiene esa cifra llegaría a tres millones en 2030.
El estudio en 14 países de Cladem subraya que en la región los partos de niñas tienen como causa la violación sexual, porque la legislaciones de sus países fijan que eso es toda relación carnal con una niña menor de 14 años, la edad hasta la que rige la llamada indemnidad sexual.
Las organizaciones regionales que defienden los derechos de las mujeres coinciden, además, en considerar un embarazo infantil forzado cuando una niña de menos de 14 años queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo, si lo desea.
Los datos que obtuvo Cladem sobre partos de niñas menores de 15 años revelan que en 2015 se registraron 122 en Uruguay, 1.432 en Perú, 1.444 en El Salvador, 1.600 en Nicaragua, 2.787 en Argentina, 6.045 en Colombia, 10.277 en México, 13.332 en Bolivia y 26.700 en Brasil.
Esta red regional, con presencia en 15 países y su sede central en Lima, mantiene la campaña “Embarazo infantil es tortura”, que ha contribuido a ampliar la preocupación sobre esta realidad en la comunidad internacional.
Escalante pone énfasis en la responsabilidad de los Estados, a los que llamó a realizar una estadística diferenciada y específica sobre los embarazos y partos de niñas menores de 14 años.[pullquote]1[/pullquote]
También exhortó a tomar medidas de prevención mediante la educación sexual integral con enfoque de género en los centros educativos desde la primera infancia, ingresar con esos contenidos a los medios de comunicación y erradicar prácticas de sexualización de las niñas en estos espacios.
A la vez, demandó que los Estados eliminen los obstáculos normativos, legales y culturales que impiden el acceso al aborto a las niñas embarazadas, y así evitar daños irreparables a su salud física y mental.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha venido alertando sobre el incesante incremento de la maternidad adolescente en América Latina y el Caribe.
En su informe de 2014 señaló, además, que 20 por ciento de los embarazos de menores de 18 años correspondía a niñas por debajo de los 15 años, como consecuencia de una violación.
La colombiana Olga Isaza, representante adjunta de Unicef en Perú, inició su diálogo con IPS precisando las cifras de la maternidad infantil en el país, que sirven como ejemplo del fenómeno en la región.
Refirió que entre 2011 y 2017 el estatal Servicio Integral de Salud atendió 14.325 partos de menores de 15 años. Además, que en el 2015 el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil inscribió 1.538 recién nacidos de madres de entre 11 y 14 años.
“En 71 por ciento de los casos, los padres de esos recién nacidos eran mayores de 18 años, lo que confirma el abuso sexual detrás de esos embarazos”, remarcó.
La tasa anual de embarazo adolescente en Perú es 13 por ciento del total, porcentaje que sube a 30 en regiones de la Amazonía, como Loreto.
“El grupo de menores de 14 es el que más nos preocupa porque hay una relación de sometimiento y poder que genera niñas teniendo niños, niñas a quienes se vulneran sus derechos a estar protegidas contra toda forma de violencia, a vivir de acuerdo a su edad y desarrollarse”, sostuvo la funcionaria internacional.
Isaza mencionó cinco recomendaciones de política para asegurar los derechos de adolescentes y jóvenes presentadas en Perú por las agencias de Naciones Unidas, lideradas por Unicef y UNFPA, y que sirven a los demás Estados.
Por ejemplo, el diseño de paquetes integrales para atender las dimensiones del desarrollo de esta población y accedan a servicios de salud amigables, en horarios específicos y con personal preparado; tengan educación pertinente que incluya educación sexual integral, así como apoyo con esta información a sus propias familias.
“Se trata de que la casa y el colegio sean espacios seguros para cada niña, niño y adolescente, de que tengan salud, educación, protección frente a toda forma de violencia, y participación en sus comunidades”, subrayó.
Añadió que deben priorizarse zonas de mayor riesgo en cada país y que, para ser eficaces, estas medidas de acción integral desde el Estado tienen que ser culturalmente adecuadas, lo que incluye personal formado y capacitado para brindar servicios de calidad, y presupuesto suficiente a ser ejecutado con eficiencia.
Isaza recordó que 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que conforman la Agenda 2030, están directamente asociados a la niñez y adolescencia para llegar a ese año con esta generación en mejores condiciones en salud, educación, justicia, protección, igualdad de género.
“Y la única manera es hacer de los ODS un compromiso de los Estados y que ubiquemos en la sociedad el rol que nos toca jugar a cada sector y cumplirlo, es ponernos de acuerdo en un gran consenso social”, remarcó.
Edición: Estrella Gutiérrez
