Con la ayuda de un traductor del lenguaje de signos, Doralis Sánchez comparte cómo hace para estar lista junto a su familia ante los eventos naturales que afectan a la especialmente vulnerable provincia del extremo oriental de Cuba.
“En casa tengo una mochila con las cosas necesarias para un sismo o cualquier otro tipo de situación por la que tengamos que salir urgente”, describió a IPS la trabajadora de un taller de artesanías operado por el acápite de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) en la ciudad de Guantánamo, a 929 kilómetros al este de La Habana.[pullquote]3[/pullquote]
Colocar un vaso con agua sobre la cabecera de la cama como alerta de sismo y conocer qué lugares son seguros para refugiarse, constituyen otros saberes adquiridos por esta mujer gracias al eje de inclusión y género del proyecto Ponte Alerta Caribe, que se desarrolla en este país y República Dominicana.
El proyecto “Ponte Alerta Caribe: Armonizando estrategias y herramientas de gestión de riesgos con enfoque inclusivo en el Caribe” es ejecutado por las organizaciones internacionales Oxfam, con sede en Gran Bretaña, y Humanidad e Inclusión, basada en Canadá.
El financiamiento del programa, que se realiza este año y parte del próximo, lo aporta la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria.
En esta provincia, la parte dirigida a la inclusión continuó y sistematizó experiencias locales anteriores y adecuó herramientas internacionales, en la provincia de Guantánamo, sobre todo en los municipios costeros de Baracoa y San Antonio del Sur, que tiene además un área semidesértica.
Pero Ponte Alerta Caribe aspira a dar un paso inédito este mes de noviembre, cuando lleve las herramientas con enfoque inclusivo y las buenas prácticas sistematizadas a representantes del sistema de gestión de riesgos y las organizaciones no gubernamentales de personas con capacidades especiales de todo el país.
Entonces se reunirán las mismas organizaciones sociales articuladas por el proyecto en Guantánamo: la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (Aclifim), la Asociación Nacional del Ciego de Cuba (Anci) y la Ansoc. Además, participarán la Cruz Roja cubana, los estatales Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo, la Defensa Civil y gobiernos locales.
Y se aspira en una posible prolongación del proyecto a intercambiar la experiencia con República Dominicana y también con Haití, ya que ambos comparten la isla de Hispaniola.
Frente a los desastres, “la situación no es igual… nosotras somos un poco más preocupadas que los hombres… me preocupo más por la familia… porque todos estén a salvo y con las condiciones necesarias”, valoró Sánchez, luego de detener su labor en la máquina de coser.
Codo con codo, Sol María Rustán realiza la misma labor que Sánchez en el taller de pequeñas producciones. “Para la mujer sorda es más difícil: necesitamos de alguien que informe sobre las situaciones porque tenemos dificultades para asimilar las informaciones de la televisión”, consideró.
Junto al resto de las islas caribeñas, Cuba está cada vez bajo mayor presión y debe afinar su respuesta en un contexto de incremento de los eventos climáticos severos como la sequía, huracanes, tsunamis, intensas lluvias y los sismos, que afectan a la porción oriental del país por lo general con baja intensidad.
El sistema cubano de gestión de riesgos de desastres es reconocido internacionalmente por su efectividad en la preservación de las vidas humanas, sobre todo durante los furiosos huracanes que azotan el Caribe
Pero especialistas identifican algunas brechas de exclusión.
Las personas con capacidades especiales requieren un tratamiento diferente en el área de la gestión de riesgos, que deje atrás el asistencialismo y apueste a la participación.
“El proyecto Ponte Alerta Caribe ha trabajado la gestión inclusiva del riesgo de desastres, a través de acciones donde se involucran directamente las personas con discapacidad, las mujeres, la niñez y personas adultas”, dijo a IPS desde la ciudad de Santiago de Cuba, Ibia Vega.
Vega es responsable de formación en ese tipo de gestión, que es un enfoque inclusivo y de derechos que focaliza a grupos sociales como mujeres y discapacitados en los sistemas de gestión de riesgos, en el acápite de la Aclifim en la también oriental provincia de Santiago de Cuba.
La especialista explicó que “perfeccionar y modificar herramientas comunitarias aplicadas en proyectos similares ejecutados con anterioridad, añadiéndoles un enfoque inclusivo, constituye uno de los principales aportes de Ponte Alerta Caribe”.
A su juicio, el principal resultado obtenido radica en lograr mayores vínculos entre las tres asociaciones con las entidades vinculadas a la gestión de desastres, lo que contribuye “a tener comunidades más resilientes e inclusivas ante las situaciones de desastres”.
“Incluir a las personas con discapacidad en la gestión del riesgo desde el nivel comunitario posibilita que participen de forma proactiva en los análisis para identificar los peligros, vulnerabilidades, riesgos y capacidades; que se tomen en cuenta sus opiniones y sus necesidades; y se formen como líderes”, evaluó.
Yanicet Ramos, la presidenta de la Ansoc en la provincia de Guantánamo, que reúne a 1.574 integrantes, indicó que el principal obstáculo para las personas sordas está en “en la comunicación durante los desastres, porque la radio y la TV informan pero es algo inaccesible para nosotros”.
Este segmento pidió que se incluyeran siempre traductores al lenguaje de signos en los partes meteorológicos televisivos, mejorar en el servicio de subtítulos y habilitar carteles con las informaciones en los vehículos con altoparlantes que las autoridades locales hacen circular por los barrios durante las alertas de desastres.[related_articles]
“Cuando me invitaron por primera vez a estos talleres, me percaté de la magnitud e importancia, no solo para las personas con discapacidad, sino también para los familiares y el entorno”, indicó a IPS el presidente de Aclifim en la provincia, Simón Despaigne.
Para el coordinador, el mayor obstáculo que afrontaba la comunidad con limitaciones físicas, que en esta provincia es de 6.105 personas, era “el desconocimiento… no teníamos ni la más remota idea de que existían estas posibilidades y qué podíamos hacer en estas situaciones de desastres”.
Y, en el caso del género, Despaigne reconoció la situación desventajosa de las mujeres. “Había una discriminación bastante amplia en ese sentido (…) y como tenían discapacidad, siempre se apartaban a las mujeres… se les veía con pocas posibilidades frente a las situaciones de desastres”, describió.
El responsable de Aclifim reveló que estas iniciativas destapan otros grupos vulnerables a tener en cuenta. “Hay un sector que no pertenece a ninguna de las tres asociaciones, que son las personas con discapacidad intelectual, como los síndrome de Down; y las personas mayores que carecen por la edad de movilidad”, se lamentó.
Para la comunidad invidente, “las dificultades son las barreras arquitectónicas”, indicó Ulises Enrique Contreras, el secretario de cultura de la Anci provincial, que se compone de 2.089 integrantes.
“Aunque se tiene consideración a este tipo de personas a la hora de la evacuación o de una recogida total ante un desastre”, apuntó.
A nivel nacional, la Aclifim agrupa más de 74.000 personas, la Anci, 31.000 y la Ansoc, 24.000, en este país de 11,2 millones de habitantes.
Edición: Estrella Gutiérrez
