Durante los últimos 15 años, Guatemala ha experimentado un intenso fenómeno de concentración de la propiedad tierras. Esta situación ha afectado fuertemente a la población campesina e indígena pero aún más a las mujeres.
En este contexto, la organización Mama Maquin tomó la iniciativa de crear en 1993 la Alianza de mujeres por el acceso a la tierra y medios de producción, con el objetivo de incidir en la política y generar cambios en las formas de acceso a la tierra.
Las representantes que participan en esta alianza son elegidas en sus organizaciones, por lo tanto, se garantiza que las agendas de las bases son las que fundamentan sus acciones. Dado que las organizaciones tienen claras sus luchas, la labor de esta alianza también ha consistido en el respaldo a acciones específicas o la coordinación para unificar esfuerzos.
De esta forma, la movilización de las organizaciones que conforman la alianza ha influido exitosamente en la formulación de la Ley de Desarrollo Rural, específicamente en cuanto a la propiedad conjunta de la tierra.
Asimismo, la Estrategia Nacional: Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria en Guatemala, es el resultado de un proceso plural de consulta y debate en torno a la problemática agraria, el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país.
Actualmente, la alianza concentra sus esfuerzos en gestionar la implementación de un componente con enfoque de género en el Instituto Nacional de Estadística, así como en demandar al Fondo de Tierras y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación mayores presupuestos para la producción.
Tierra y soberanía alimentaria
Dania López es una productora joven de la Comunidad de Chiquimulapa de Posoltega, en Nicaragua. Ha enfrentado los embates del cambio climático mediante el uso de prácticas agroecológicas y la diversificación productiva.
Con el apoyo de su pareja y sus hijas, en su parcela cultiva maíz, plátano, berenjena, ayote, pipián, piña, chiltoma, tomate y hierbas medicinales.
Dania siempre ha producido en tierra alquilada, porque no tiene tierra propia. En cada ciclo productivo debe pagar hasta 200 dólares por manzana. Desde hace doce años su cooperativa Coopemuchiq es parte de la organización Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), un bastión de incidencia y formación para ayudar a las mujeres rurales cooperativistas a ejercer su ciudadanía.
Desde 2006, la CMR ha promovido una política pública para que las mujeres rurales tengan tierra propia; al impulsar la Ley 717 Creadora de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales, aprobada el 5 de mayo del 2010. Sin embargo, el Estado todavía no aprueba el fondo para que la ley sea efectiva y las mujeres rurales pobres puedan beneficiarse.
Desde entonces, cada aniversario de la Ley 717, Dania ha participado junto a sus compañeras en actividades de reivindicación de su derecho a la tierra.
Mientras tanto, Dania y las mujeres rurales que viven en las zonas del corredor seco en el occidente del país, León y Chinandega y otras zonas como Matagalpa, Masaya y Chontales, continúan labrando y produciendo la tierra porque saben que la seguridad alimentaria de sus familias no espera.
“Con la tierra tenemos poder, ese poder de alimentar a nuestras familias, de decidir qué producir, y cómo vender en los mercados locales”, comenta Dania, quien, como muchas otras mujeres nicaragüenses está construyendo un liderazgo con autonomía, promoviendo sus derechos y luchando por tener tierra propia para vivir una vida digna como sujeta política de cambio.
Comprender, reclamar y garantizar derechos
La garantía de los derechos de las mujeres rurales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Sin embargo, en el caso del uso de la tierra, el agua y otros recursos productivos, las mujeres aún no gozan de un derecho legítimo: igualdad de condiciones con los hombres en el acceso, tenencia y uso.
Y es que en varios países de América Latina y el Caribe persisten leyes y políticas discriminatorias que necesitan ser revisadas para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden verse excluidas de programas y proyectos en función de su estado civil.
Pero tampoco basta con disposiciones legales y políticas adecuadas, si su implementación es esporádica o si no hay presupuestos asignados.
Por eso es indispensable apostar por el posicionamiento de las mujeres en las instancias locales de participación política y toma de decisiones, porque en los territorios rurales de la región todavía existen prácticas culturales desiguales, sistemas de tenencia injustos y también una escasa apertura en los espacios de diálogo.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dedica especial atención a esta problemática, y por eso dos de las metas de su objetivo relacionado con la igualdad de género tienen que ver con el acceso, tenencia y uso de la tierra y otros recursos productivos.
Porque desde el punto de vista de la gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales, no puede haber sostenibilidad si el uso de los recursos es desigual y si el trabajo de las mujeres no es reconocido económica y socialmente.
Incluso con las brechas que enfrentan, las mujeres rurales tienen un potencial organizativo cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos. Actualmente existen muchos procesos de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.
Si bien persisten los desafíos en la implementación de políticas de acceso a la tierra, existen también ejemplos de leyes, políticas y programas con impactos positivos y que pueden replicarse en toda la región. Estas experiencias exitosas han sido posibles gracias a cambios normativos e institucionales promovidos desde una perspectiva de género.
En Bolivia, por ejemplo, los cambios en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y la Ley de la Reforma Agraria Renovación, permitieron la aplicación de criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y uso de la tierra a favor de las mujeres, independientemente de su estado civil.
Pero estos procesos no son exclusivamente de orden público: se requiere también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación y las autoridades locales, entre otros.
Así lo constató una consulta pública realizada por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) en 2012, según la cual hay tres áreas básicas para lograr una mayor igualdad en el uso de los recursos productivos: información sobre los derechos en los territorios rurales, movilización social para exigir su cumplimiento y facilitación de procesos gubernamentales para garantizarlos.
En resumen, comprender, reclamar y garantizar el derecho legítimo de las mujeres al uso y tenencia de la tierra y otros recursos productivos.
Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en el marco de la campaña regional #MujeresRurales, mujeres con derechos. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.
