“Acá estamos los excluidos del sistema”, dice Rafael Rivero, sentado en el comedor de su departamento, en un nuevo complejo de viviendas sociales, al lado de uno de los asentamientos precarios más grandes de Buenos Aires. El contraste resume la complejidad de la realidad social en la capital argentina.
Rivero, de 66 años, y su esposa, Felina Quita, 10 años mayor, vivieron durante 38 años en la Villa 20. Es un terreno de unas 30 hectáreas en el sur de la ciudad, donde se hacinan miles de familias que no pueden afrontar el alquiler de una vivienda en el circuito formal. Son 27.990 habitantes, de acuerdo al censo oficial realizado en 2016.
La parcela de al lado pertenecía a la Policía Federal, que durante décadas lo utilizó como depósito de vehículos chocados y abandonados y lo convirtió en una fuente de contaminación.[pullquote]3[/pullquote]
En 2009 se comprobó que más de la tercera parte de la población infantil de Villa 20 tenía altas concentraciones de plomo en sangre y la justicia ordenó que se desalojara el terreno.
Esa tarea todavía no había terminado en 2014, cuando unas 700 familias indigentes ocuparon el lugar. Varios meses después, y en medio de un cuadro de emergencia social, los ocupantes aceptaron irse y las autoridades prometieron urbanizar la zona.
Hoy ese terreno es escenario de una imponente obra en construcción de 90 edificios de cuatro pisos, a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que tiene la monumental misión de solucionar el déficit habitacional de Buenos Aires.
En la capital argentina hay 233.000 personas -o 7,6 por ciento de la población, sin contar los populosos suburbios- que viven en asentamientos precarios, llamados localmente villas.
La obra, que recibió el nombre de Barrio Papa Francisco, el pontífice católico de origen argentino, consta de 1.671 departamentos y fue proyectada para que se trasladen allí familias de la Villa 20. Las mudanzas comenzaron en febrero, ya se entregaron 368 unidades y el IVC promete terminar el proceso el año próximo.
“La casa que teníamos en la Villa se inundaba siempre. Cada vez que llovía, había más agua adentro que afuera”, contó Rivero, que hace menos de dos meses se mudó a su nueva vivienda, de un ambiente con cocina, sala y comedor integrados, más un dormitorio, ya que el matrimonio vive solo. Los hay de hasta cuatro habitaciones.
Está feliz, aunque todavía no sabe cómo va a hacer pagar las tarifas de electricidad, agua, electricidad e impuestos municipales. Por ahora no le llegó ninguna de las facturas de servicios, que en los últimos dos años provocaron enorme malestar en la sociedad argentina, por sus aumentos que llegaron hasta 800 por ciento.
Rivero rememoró a IPS en su vivienda, donde todo huele aún a nuevo, que llegó a la Villa 20, hace más de 50 años, desde la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina.
“Yo era un chico y me trajo mi tía. Cuando se mecanizó el campo, la caña de azúcar ya no dio tanto trabajo, mucha gente se quedó afuera y se vino a Buenos Aires. Yo he trabajado de panadero, de carpintero, de albañil, de mozo…”, dijo Rivero. Su esposa trabajó como empleada del servicio doméstico y ya está jubilada.
El presidente del IVC, Juan Ignacio Maquieyra, explicó a IPS que “estamos trabajando a favor del paradigma de integración de las villas” a la ciudad.
“Junto con la construcción del barrio Papa Francisco, estamos urbanizando la villa 20, lo que implica la apertura de calles, la construcción de infraestructura y la instalación de pulmones de manzana, ya que uno de los problemas más graves es el hacinamiento y la falta de ventilación”, explicó.
Los elegidos para mudarse a los departamentos nuevos son aquellos cuyas casas estaban en peor estado o deben demolerse para abrir calles y urbanizar.
Muchos vecinos, sin embargo, señalan que las obras en la villa van sensiblemente más lentas que la construcción de los edificios.
“El gobierno de la Ciudad no cumplió con lo que se había comprometido. Las obras sanitarias todavía las estamos esperando. Los desagües pluviales se mezclan con las cloacas y, cuando llueve y desborda, seguimos pisando excrementos”, dijo a IPS Rubén Martínez, un hombre de 46 años que se crió y aún vive en la Villa.
Él es uno de los integrantes de la Mesa de Urbanización, una instancia de participación en el proceso.
Martínez se sumó a lo que otros muchos sospechan: que el barrio Papa Francisco se construyó para “ocultar” la Villa 20 de la vista otra construcción en la zona, que es la Villa Olímpica, donde se alojan los atletas de los Juegos de la Juventud que se están celebrando este mes de octubre en Buenos Aires.
De acuerdo a un relevamiento que el gobierno presentó este año, en Argentina hay 4.228 asentamientos precarios, de los cuales 45 por ciento nació a partir de 2001, cuando se produjo la brutal crisis económica y social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).
En esas barriadas viven tres millones y medio de personas, sobre una población total de 44 millones de habitantes en el país.
La situación social está hoy en pleno período de empeoramiento, según lo reconoce el propio presidente Mauricio Macri, que está siguiendo un plan de estricto ajuste fiscal y restricción de la emisión monetaria, acordado en septiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI).[related_articles]
El panorama más delicado se vive en los suburbios de Buenos Aires, donde hay cientos de estas villas y en las que la pobreza supera 50 por ciento entre los niños.
Este mismo año el gobierno presentó ante el legislativo Congreso Nacional un proyecto, acordado con organizaciones sociales, para reconocerles a los vecinos de los asentamientos la titularidad de sus tierras, lo que fue presentado como un primer paso en el reconocimiento de más derechos.
De todos modos, es únicamente en la oficialmente llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el Estado empezó a dar pasos hacia la integración de las villas.
“Los reclamos de los vecinos de las villas de Buenos Aires de su urbanización venían desde hace décadas, pero solo en los últimos años el Estado reconoció el derecho. El primer impulso lo dieron sentencias judiciales”, explicó a IPS el defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Corti.
La Defensoría, justamente, defiende a los vulnerables ante el sistema local de Justicia, que en 2011, por ejemplo, ordenó que se urbanice la llamada Villa Rodrigo Bueno, que está muy cerca de Puerto Madero, el barrio más moderno y cotizado de la ciudad.
Para Pablo Vitale, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que hace 15 años trabaja en el apoyo jurídico a organizaciones territoriales de las villas, “es un gran avance que las autoridades hayan tomado la decisión de urbanización y estén destinando fondos para hacerlo. Aunque las obras avanzan con lentitud, ya nadie habla hoy de erradicar las villas”.
Vitale, de todas maneras, destacó a IPS el dato de que los planes de urbanización han comenzado por villas que por su ubicación podrían ser las más codiciadas por intereses inmobiliarios.
“Eso podría indicar que el objetivo es que el desalojo lo termine haciendo el mercado, si los sectores populares no pueden afrontar los mayores costos que significan pagar los impuestos y tarifas que trae la formalidad”, alertó.
Edición: Estrella Gutiérrez
