Luego de varios años de debates, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó su primera ronda de negociaciones intergubernamentales para elaborar un borrador de tratado vinculante que proteja y regule la “alta mar” que, por definición, va más allá de las 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros) de la costa, a partir de donde se consideran “aguas internacionales” compartidas.
“La alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento de todo el océano y de la vida en la Tierra”, explicó Peggy Kalas, coordinadora de la Alianza de Alta Mar, que reúne a más de 40 organizaciones no gubernamentales y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“El actual sistema de gobernanza de la alta mar es frágil, fragmentado e inadecuado para hacer frente a las amenazas que se ciernen sobreellal en el siglo XXI, como el cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación con plásticos y la pérdida de hábitats”, explicó.
“Es una oportunidad histórica para proteger la biodiversidad y las funciones de la alta mar a través de compromisos vinculantes”, añadió.
La Conferencia Intergubernamental de dos semanas, que concluirá el 17 de septiembre, es la primera de cuatro instancias de negociación, que se espera continúen hasta 2020.
Sobre los asuntos controvertidos para los negociadores, la asesora política de Greenpeace, Veronica Frank, dijo a IPS: “aunque todavía es temprano, podemos esperar que algunos de los posible asuntos que requerirán atención abarquen la relación entre el nuevo Tratado Global de Océanos y los instrumentos y órganos legales existentes”.
Entre ellos, los que regulan actividades como la pesca y la minería, y qué papel desempeñarán esas organizaciones en la gestión de las actividades que puedan impactar en el ambiente marino en los futuros santuarios marinos en alta mar.
“También es delicada la cuestión de los recursos genéticos marinos, en especial cómo garantizar el acceso y compartir los beneficios de su uso”, apuntó Frank.
Respecto de la diferencia entre el tratado propuesto y la histórica Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM), de 1994, Essam Yassin, investigador principal en Economía Ambiental y Océanos, del Instituto Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED), dijo a IPS: “Este nuevo tratado es particularmente significativo porque es la primera vez que se gobernará la alta mar”.
“Estas negociaciones son una oportunidad, no solo para proteger la salud de los océanos, sino para asegurarnos de que todos los países, no solo los pocos que son ricos, se puedan beneficiar de los recursos de los océanos de forma sostenible”, precisó.
“A pesar de la importancia del Derecho del Mar, solo cubre la franja de agua a 200 millas de la costa. No el uso ni la gestión sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional”, añadió Yassin.
Era un documento aceptable en una época en que las capacidades tecnológicas para ir más allá de esa distancia eran limitadas, pero la rápida innovación y los avances tecnológicos cambiaron eso.
Cada vez hay más actividades económicas en alta mar, observó.[related_articles]
La mayoría no están reguladas y suponen una gran amenaza para la biodiversidad marina. Es más urgente que nunca llenar los vacíos en materia de gobernanza y monitorear y regular cualquier actividad en alta mar y asegurarse de que beneficien a todos, en particular a los países pobres, arguyó.
Según la Alianza de Alta Mar, el papel clave de los océanos en la mitigación del cambio climático, que incluye absorber 90 por ciento del calor adicional y 26 por ciento del exceso de dióxido de carbono, creado por la actividad de los seres humanos, tuvo efectos devastadores en los propios océanos.
Gestionando la multitud de factores antropogénicos estresantes que inciden en ellos aumentará su resiliencia al cambio climático, a la acidificación de los océanos y a proteger los ecosistemas marinos únicos, muchos de los cuales están sin explorar y sin descubrir.
Debido a que son aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias solo pueden implementarse mediante un tratado global, indicó la Alianza.
El nuevo pacto debe crear un proceso global para la designación y la implementación efectiva de santuarios muy protegidos en áreas fuera de los límites nacionales, observó Frank.
Un proceso global como ese debe incluir: (a) un objetivo claro y el deber de cooperar para proteger, mantener y recuperar la resiliencia y la salud de los océanos a través de una red global de áreas marinas protegidas, en particular reservas marinas altamente protegidas; y (b) la identificación de posibles áreas que cumplen el objetivo de conservación.
Yassin señaló que la CDM, que es la Constitución del océano, fija el marco jurisdiccional, es decir derechos y obligaciones generales de las Partes en diferentes zonas marinas, incluidas algunas obligaciones generales para cooperar y proteger la vida marina y los recursos vivientes que también se aplican a las aguas más allá de las fronteras nacionales.
Pero la Convención no detalla las implicancias de las obligaciones en la práctica y pone mucho más énfasis en las libertades tradicionales para usar las aguas internacionales.
La convención ni siquiera menciona el término biodiversidad, indicó Frank, señalando que el tratado negociado será el tercer “Acuerdo de Implementación” en el marco de la CDM, tras el acuerdo para la implementación de la Parte XI sobre minerales del lecho marino y uno sobre las reservas de peces, e implementará, especificará y operativizará las disposiciones ambientales de la convención en relación con la protección de los océanos globales.
Frank dijo que es la primera vez en la historia que los gobiernos negocian normas que acercarán a la CDM a los principios modernos de gobernanza ambiental y ofrecerá una protección efectiva de los océanos.
Traducción: Verónica Firme
