Las nuevas leyes destinadas a regular y controlar el trabajo autónomo aumentaron las expectativas y temores de cubanos interesados en cambios sobre la propiedad privada en la reforma constitucional, que debatirá el parlamento entre el miércoles 18 y el sábado 21.
Más controles y restricciones, elevación de impuestos y aumento de los trámites a realizar, junto a la relegación de viejas demandas de trabajadores no estatales, son los signos negativos que especialistas y emprendedores observan en 20 normas publicadas el 10 de julio y que entrarán en vigor el 7 de diciembre.
“Son las primeras leyes luego de la toma de posesión de (presidente Miguel) Díaz-Canel (en abril) e indican que el nuevo gobierno apuesta al sector privado pero con reticencias”, valoró a IPS el coordinador docente del proyecto InCuba Empresas, Ángel Marcelo Rodríguez.[pullquote]3[/pullquote]
Esa iniciativa, que desde 2011 se dedica a capacitar a emprendedores, corresponde a la Red de Centros Loyola, que rige la orden católica de la Compañía de Jesús, con sedes en La Habana y las ciudades de Camagüey, en el centro, y Santiago de Cuba, en el este.
Sin embargo, a pesar de las restricciones e incremento de los impuestos que implican las nuevas leyes, el contador cree que las medidas “reafirman que la reforma constitucional incluirá el reconocimiento de la propiedad privada”, y en especial de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Rodríguez se refiere a un cambio que pudiera incluir el proyecto de reforma constitucional que elabora una comisión dirigida por el expresidente Raúl Castro (2008-2018), el primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en este país insular del Caribe con gobierno socialista.
El borrador va a ser también objeto de análisis en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) de esta tercera semana de julio.
“Se visualiza el paso trascendental en la Constitución de reconocer con personalidad jurídica al trabajo por cuenta propia, lo que traería un cambio de escenario y la legalización de las pymes”, estimó Rodríguez, también profesor sobre este tipo de empresas, que ya están admitidas en documentos programáticos aprobados en 2017 por el PCC y el parlamento.
Tras su aprobación parlamentaria, en las sesiones del 18 al 21 de julio, el texto debe ser sometido a referendo popular en fecha aún por definir.
Un resumen anticipado del anteproyecto dado a conocer por los medios de comunicación cubanos, el 14 de julio, insiste en que “el sistema económico que refleja mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección”.
También se señala “el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, en correspondencia con la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo y los Lineamientos, como se llama el programa de transformaciones iniciadas por Raúl Castro y que Díaz-Canel ha prometido continuar.
La Constitución vigente desde 1976 no menciona el mercado y señala que en Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción.
Su texto reconoce “la propiedad de los agricultores pequeños sobre las tierras”, “la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros”, la vivienda, “bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales” y “sobre medios e instrumentos de trabajo personal o familiar” sin uso en “la explotación del trabajo ajeno”.
Su única mención de “propiedad privada” está en el artículo 53, y es para rechazarla expresamente en el caso de “la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva”, que son de “propiedad estatal o social”.
“Ahora veremos que va a pasar… tenemos una nueva legislación que regula el sector privado y una modificación a la Constitución”, compartió Gisela Vilaboy, que junto a su esposo, Carlos Martínez, realiza a mano muebles y otros objetos de bambú.
Martínez planteó a IPS que, “lejos de esclarecer y estimular, (las nuevas regulaciones) enredan y complejizan socialmente una actividad, que su primer concepto es contribuir el desarrollo económico próspero y sustentable, y disminuir importaciones”.
Esperadas desde hace casi un año, la larga lista de normas para la actividad privada acapara la atención de 591.456 personas, entre propietarios y empleados, que deben reordenar su actividad. También de quienes aguardan para iniciar negocios a que se restablezcan licencias en áreas congeladas desde agosto de 2017.
“Las disposiciones, en el entendido de que deberían regular algunas distorsiones existentes en el trabajo privado, van por distintos caminos”, dijo a IPS el psicólogo Ovidio D’Angelo, especialista en sociedad civil cubana, donde las y los emprendedores constituyen un grupo creciente y movilizador.
D’Angelo destaca como positivo que ahora “se regulan excesos posibles tanto en funciones como en ilegalidades, con una clara lista de sanciones” y “se intenta organizar un sistema de transacciones bancarias que vigile la corrupción en este sector”.
La legislación actualiza las disposiciones generales para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y adecua su sistema de organización y control, además de precisar las responsabilidades de organismos del gobierno y entidades relacionadas con esta actividad.
“Parecería que se establecen muchas limitaciones administrativas y no hay pronunciamientos sobre el ejercicio existente en algunos de acciones positivas de responsabilidad social y solidaria”, lamentó el investigador social, que defiende el potencial del sector privado en el desarrollo comunitario y ciudadano.
AUGE, un equipo de desarrollo de negocios que asesora al sector privado, elaboró un resumen de 25 cuartillas en un intento por esclarecer los nuevos cambios en el trabajo privado, que se amplió y flexibilizó en 2010 en un grupo de actividades productivas y de servicios como restaurantes y renta de habitaciones.[related_articles]
El condensado, distribuido a solicitud vía correo electrónico, apunta que existen transformaciones en casi todas las esferas.
Implican al sistema gubernamental que organiza y controla el trabajo privado, impuestos, contratación de fuerza de trabajo, cuentas bancarias fiscales, contravenciones y sanciones, alcance de las actividades autorizadas, procedimientos para solicitar las licencias, carteles exteriores y anuncios, servicios artísticos y requisitos sanitarios.
Ahora se fusionaron varias licencias y desaparecieron otras, de manera que disminuyó de 201 a 123 el número de actividades permitidas, que además se reducen a una sola por persona.
“Estas nuevas normas no pretenden desplegar el gran potencial que tiene el sector privado en Cuba. Están dirigidas más al control y al trazado de los límites de su desarrollo. Esperábamos otro enfoque y más beneficios”, dijo a IPS el especialista Oniel Santana, de la consultoría de contabilidad Deus Expertos Contables.
A su juicio, “los requisitos más difíciles de cumplir serán las nuevas medidas tributarias, la creación de las cuentas fiscales en bancos sin desarrollo tecnológico y la obtención de materias primas sin un mercado mayorista que cumpla con la demanda”.
Las normas trajeron “muy pocas cosas positivas o casi nada: lo único positivo que veo es que vuelven abrir las licencias y aquellos que tenían sus inversiones congeladas van a tener la oportunidad de ejercerlas”, apuntó Santana.
Con aportes de Patricia Grogg desde La Habana
Edición: Estrella Gutiérrez
