“Me irritaba que una empresa de fuera de la región ganara dinero con energía renovable y me preguntaba por qué la gente no se involucraba” en el tema, rememora la alemana Petra Gruner-Bauer, presidenta de la cooperativa Solix Energie.
Por ello, Gruner-Bauer, fundadora de la organización, empezó a concienciar a sus vecinos en Wörrstadt, un municipio del occidental estado de Renania-Palatinado, para que entendieran qué era una cooperativa, la trascendencia de la participación ciudadana y los beneficios comunitarios.
“Escribí en un papel las cosas que había que cambiar y traté de convencer a la gente, que se involucró. Es el poder que la gente tiene. Somos al mismo tiempo los miembros y los emprendedores, nos concentramos en que cada persona reciba energía renovable”, contó a IPS en una entrevista.
La cooperativa, de 116 socios, nació en 2011 y ya desarrolló dos proyectos de paneles solares y un parque eólico, con una generación anual superior a los siete millones de kilovatios-hora y en beneficio de 5.000 personas, en una localidad de 30.000 habitantes.
Para un miembro potencial, la inversión mínima asciende a 1.022 dólares y este año la tasa de retorno del capital equivale a menos de uno por ciento.
La agrupación es una de las 42 de su tipo que opera en el rubro energético en Renania-Palatinado, un estado pionero en el desarrollo de las alternativas renovables en Alemania, lo que le genera 10.000 empleos y una generación eléctrica regional de casi 50 por ciento basada en fuentes perennes.
A nivel nacional, las cooperativas energéticas engloban actualmente 900.200 integrantes y una inversión de unos 1.830 millones de dólares.
En 2016, individuos y cooperativas germanas poseían 31,5 por ciento de las instalaciones renovables, el mayor segmento inversor en el ramo energético, según un estudio publicado en febrero por la consultora alemana Agencia de Energías Renovables.
Las cooperativas alemanas han sido fundamentales en el avance de la transición energética de esta nación, al fomentar el poder ciudadano, producir energía localmente, ser una fuente de bienestar socioeconómico y reducir emisiones contaminantes.
De la cesta alternativa, 36 por ciento de la generación eléctrica proviene de fuentes imperecederas, que alimentan la eoloenergía, biomasa, solar, hidroeléctricas y residuos.
La transición energética, mediante la sustitución paulatina de los combustibles fósiles por alternativas amigables con el ambiente, forma parte de los mecanismos establecidos a nivel mundial para contener el recalentamiento planetario.
“Las cooperativas energéticas son una forma muy segura y sencilla de participar en la transición energética, al invertir poco dinero. Son altamente descentralizadas, ayudan a fortalecer la cadena de valor local, fomentan el respaldo público a la transición y liberan potencial financiero”, subrayó a IPS Verena Ruppert, presidenta de la Red de Cooperativas Ciudadanas de Energía del Estado de Renania-Palatinado.
Ese colectivo agrupa a 24 miembros, 22 de los cuales son cooperativas energéticas y que a su vez aglutinan a 5.000 individuos y más de 200 empresas, comunidades y organizaciones religiosas. Los cooperativistas han invertido unos 85 millones de dólares en techos solares, granjas eólicas, plantas de biogás y proyectos de acondicionamiento residencial.
Esas cooperativas energéticas tienen en Alemania un ambiente favorable, que facilitan su liderazgo en este campo, como sucede también en Estados Unidos, Dinamarca y Australia, los mayores modelos del sector.
Barreras al despegue en América Latina
En contraposición al contexto alemán, en América Latina esas cooperativas no han despegado, salvo en una minoría de países, a pesar de los beneficios del modelo.
En países como México, Perú y Venezuela las leyes de cooperativas reconocen su función en diversos sectores, como el energético, pero las regulaciones eléctricas ponen barreras a su desarrollo.
La legislación sí facilita ese desempeño en naciones como Argentina y República Dominicana, mientras que Bolivia, Colombia y Costa Rica cuentan también con disposiciones orientadas a promover esa participación.
En Argentina, un país con 44 millones de habitantes, las cooperativas energéticas se remontan a los años 90 y ya abarcan 16 por ciento del mercado nacional, con unas 500 cooperativas eléctricas y más de un millón de asociados, según cifras de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos.
En 2016, el gobierno de la norteña provincia de Santa Fe creó el Programa Prosumidores, que financia a los ciudadanos que pasan de ser solo consumidores a ser también productores, al generar electricidad para vender su excedente a la red.
Brasil, por su parte, proporciona desde 2016 incentivos financieros a los sistemas fotovoltaicos de pequeña escala distribuidos (descentralizados), con el fin de que particulares y empresas se autoabastezcan de electricidad.
En otra perspectiva ambiciosa, Costa Rica ha impulsado ese modelo, con cuatro cooperativas responsables de nueve por ciento de la distribución nacional y seis por ciento de la generación eléctrica costarricense.
Así lo destaca un reporte publicado en septiembre de 2017, “Subastas de energías renovable y proyectos ciudadanos participativos: América Latina y el Caribe”, elaborado por la internacional Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI (Ren21).
Esas entidades costarricenses generan unos 400 megavatios -principalmente de hidroeléctricas y un pequeño volumen eólico-, aglutinan a más de 200.000 socios, proveen del servicio a unos 400.000 clientes y emplean a casi 2.000 trabajadores.
Chile también fomenta desde 2015 la generación participativa con el programa gubernamental Comuna Energética, que busca promover la eficiencia a través del uso de energías renovables locales y para lo cual creó un fondo comunitario.[related_articles]
Hasta ahora, la iniciativa gestiona ocho proyectos en seis municipios y ya ha organizado dos convocatorias por un monto superior a 112 millones de dólares para beneficio de 34 comunidades.
La transformación germana arrancó formalmente en 2011, sustentada sobre seis leyes que favorecen la generación alternativa mediante un sobrecargo para los productores, la ampliación de la red eléctrica para propiciar la incorporación renovable y la cogeneración para aprovechar la energía desperdiciada en las instalaciones de fuentes fósiles.
La reforma a Ley de Energía Renovable, vigente desde enero de 2017, determinó la tarifa fija para el sector – fundamental para el progreso renovable experimentado- y la instauración de subastas para todas las fuentes.
Los cambios premian a los generadores más baratos, imponen topes de generación y limitan la permanencia de tarifa fija solo para las cooperativas y los pequeños productores.
Pero en América Latina, los emprendimientos energéticos comunitarios chocan contra barreras legales, técnicas y financieras.
En México, la Ley de la Industria Eléctrica, en vigor desde 2014, permite desplegar proyectos locales menores a un megavatio, pero prácticamente los excluye de las subastas eléctricas que el gobierno ha organizado desde 2016.
Al menos 12 países de la región organizan subastas de energía renovable que, por sus requisitos financieros, técnicos y empresariales, segregan a las cooperativas, lo cual les impide una expansión mayor.
Es no sucede en Alemania, donde ahora se apunta a un nuevo estadio.
“La transición necesita de calefacción y transporte. No queremos enfocarnos solo en la generación de energía, sino también en la protección ambiental”, aseguró Gruner-Bauer, cuya organización incursiona ahora en autos eléctricos compartidos, para disminuir el uso del vehículo privado.
Por su parte, Ruppert afirmó que pueden cooperar con organizaciones latinoamericanas. “Pero es una decisión del consejo directivo. Podemos ayudar, pero primero necesitamos conocer las necesidades de las cooperativas”, indicó.
El informe de la no gubernamental REN21 recomienda la reserva de una cuota para proyectos ciudadanos participativos y facilitar el acceso a los acuerdos de compra de energía, lo cual asegura la eficiencia de las licitaciones y la efectividad de las tarifas garantizadas para esos emprendimientos.
Además, propone la instauración de una autoridad para proyectos ciudadanos, creación de capacidades, promoción de energía comunitaria y el establecimiento de metas nacionales específicas de energía para esos emprendimientos.
Este artículo fue posible gracias la beca CLEW 2018.
Edición: Estrella Gutiérrez
