“Hubo una explosión y antes de que pudiera entender qué había pasado, vi mi pie ensangrentado”, relató Mohammad Mumtaz Jan, de 54 años, desplazado pakistaní de la aldea montañosa de Patwelai, en la provincia de Waziristán del Sur.
Cuando entraba a su casa por la ventana, Jan pisó, por accidente, una mina.
El territorio agreste de las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), en la frontera con Afganistán, es una de las regiones más importantes del mundo desde el punto de vista geopolítico.
Jan tuvo que irse de apuro “con lo puesto” después de que el ejército de Pakistán lanzara una ofensiva masiva en el área contra el extremista Talibán.
En 2008 se mudó a Dera Ismail Jan, en la provincia vede Jiber Pajtunjwa con su esposa y seis hijos.
Desde entonces, el ejército realizó una serie de operaciones intermitentes en FATA hasta 2016, cuando aseguraron haber destruido la infraestructura talibán.
Y ese mismo año, el ejército dio luz verde a los desplazados, alrededor de medio millón de personas, para que regresaran a sus hogares. Pero Jan y una decena de hombres decidieron visitar la aldea y evaluar la situación antes de regresar con sus familias.
“A pesar de que no hay combatientes, muchas personas no pueden regresar porque el área está infestada de minas”, coincidió Raza Shah, director de la Organización para un Desarrollo y una Paz Sostenible (SPADO).
La institución pertenece a la Coalición para el Control de Armas y la Red de Acción Internacional de Armas Pequeñas (IANSA). Desde 2010, SPADO no puede trabajar en FATA.
Después de que el pueblo pastún reclamó a principios de este año durante una larga marcha a Islamabad, las autoridades se comprometieron a desminar la zona.
“No solo es una tarea desalentadora, sino meticulosa, cara y arriesgada, y el gobierno no tiene la tecnología ni los enormes recursos humanos necesarios para rastrillar el área”, explicó el periodista Gohar Mehsud, especializado en FATA.
“El ejército tendría que haber limpiado el área antes de dejar que los pueblos tribales regresaran”, observó Mohsin Dawar, perteneciente al movimiento pastún Tahafuz, cada dia más fuerte.
Sus reclamos incluyen pedir al gobierno que mande más unidades a desminar el área.
Jan relató que un sobrino lo tuvo que cargar para bajar la montaña durante unas dos horas, mientras sangraba profusamente. Cuando llegaron al camino, lo subieron a una motocicleta y lo llevaron a un centro de salud donde le dieron asistencia de emergencia.
“Lo único que recuerdo es el dolor atroz que sentí durante todo el trayecto y que parecía nunca acabar”, añadió.
Entretanto, otro primo consiguió un automóvil que lo trasladó hasta el hospital más cercano en D.I.Jan. Todo el viaje demoró nueve horas.
Ese tipo de accidentes ocurren todos los días a los residentes de la zona, lo que realza un problema causado por el conflicto. También revela una absoluta falta de respeto por la población civil, lo que Dawar tilda de “negligencia criminal” del ejército pakistaní.
Según el portavoz de SPADO, el área a lo largo de la Línea de Control entre India y Pakistán está llena de minas. “Pero también está totalmente cercada y tiene prohibido el acceso a la población civil, y están marcadas”.
Los casos de heridos se deben a que las minas se desplazaron de su posición original por la lluvia.
Pero en FATA, las minas se usaron como arma ofensiva, no defensiva, tanto por el ejército como por los insurgentes, y por lo tanto no están marcadas.
“No me importa quién puso las bombas. El ejército llevó adelante la operación en nuestro territorio y son responsables de limpiarla”, subrayó Dawar.
Shah no entiende por qué si las unidades de eliminación de bombas son tan buenas que las mandan al extranjero a limpiar minas, por qué no pueden limpiar su propio país.
“El ejército comenzó a cubrir parte del terreno de Waziristán del Sur, pero debe ser más proactivo e involucrarse, y debe comenzar lo antes posible en el resto de las agencias”, observó Mona Nasir, una de las fundadoras de la Red Jor de Mujeres Tribales, de la agencia Orakzai, donde un niño resultó herido hace poco al pisar una mina.
Además, las heridas generan un costo económico.
“Gasté un millón de rupias (más de 15.000 dólares) en mi pierna, y sigo caminando con muletas”, se quejó Jan, quien desde hace dos años fue a varias ciudades como Peshawar e incluso Rawalpindi, en la provincia de Punyab.
“Ahora estoy lisiado, preso en casa y dependiendo de otros. No puedo andar en moto ni ir al mercado, tengo que pedir ayuda para ir al baño”, se lamentó.
Jan no cree que pueda regresar a su aldea en un terreno montañoso. El exmaestro está obligado a dar clases particulares en su casa.
Pero Pakistán no es el único país con este problema.[related_articles]
Las organizaciones que monitorean las minas estiman que habrían unas 110 millones en el terreno y otro tanto almacenadas y a la espera de ser plantadas o destruidas. El costo de eliminarlas es de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares.
Según la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, cada año más de 4.200 personas, 42 por ciento de las cuales son niñas y niños, son víctimas de esos artefactos y de restos de explosivos de guerra en muchos países afectados por conflictos.
Un Tratado para la Prohibición de Minas, conocido como la Convención de Ottawa, que entró en vigor en 1999, fue suscrita y ratificada por 162 países. El acuerdo prohíbe el uso, el acopio, la producción y la transferencia de minas antipersonal.
Por desgracia, Pakistán, junto con Estados Unidos, China, India, Nepal y Rusia no son signatarios del tratado y son productores y usuarios de minas.
El Informe Monitor de Minas Terrestres ubicó a India en el tercer lugar como mayor almacenador de minas antipersonal en 2015, detrás de Rusia y Pakistán.
En 2017, Sri Lanka accedió a la Convención para la Prohibición de Minas Antipersonal y fijó un plazo para deshacerse de ellas para 2020, lo que “impulsará a otras naciones a pensar por qué quieren estar asociadas con un arma obsoleta y repugnante”, indicó Steve Goose, director de armas de Human Rights Watch (HRW), y presidente de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas, la organización detrás del Tratado de Prohibición de Minas, de 1997.
A menos que India acceda a sumarse, Pakistán no dará el primer paso, observó Shah.
“Quizá la forma de proceder es plantear el asunto en la agenda de negociaciones de paz y cuando hayan conversaciones sobre medidas para construir la confianza entre ambos países”, propuso.
Además de FATA, hay accidentes con minas antipersonal en otras partes de Pakistán; se registraron unos 316 heridos y 153 muertos en total. Hubo siete muertos en la región de Cachemira administrada por Pakistán, 171 en Balochistán, 230 en FATA y 61 en Jiber Pajtunjwa.
Los números presentados por SPADO solo corresponden a los que aparecieron en los medios. Pero es necesario un registro nacional e implementar un programa de rehabilitación para los heridos, apuntó Shah.
Traducción: Verónica Firme
