Sometidos a la conquista y al despojo de sus recursos naturales desde tiempos coloniales, hoy las comunidades indígenas de América Latina, reviven la historia ante el avance de mega proyectos de infraestructura que arriesgan su hábitat y su sobrevivencia.
En la isla de Assunção, la aldea de los indígenas truká, en el nordeste de Brasil, quedó partida en dos por el trasvase del río São Francisco.
“El pueblo truká siempre fue de esta región. Somos un pueblo milenario dentro de este territorio. Siempre vivimos a la orilla del río de la pesca, de la caza, de la agricultura. No necesitábamos un canal”, se lamentó Claudia Truká, lideresa de la aldea en el municipio de Cabrobó, en el estado de Pernambuco.[pullquote]3[/pullquote]
El trasvase, denominado oficialmente Proyecto de Integración del río São Francisco, busca captar sus aguas a través de 713 kilómetros, mediante canales, acueductos, embalses, túneles y sistemas de bombeo.
Según el gobierno, la mayor obra nacional de infraestructura de este tipo, garantizará la seguridad hídrica de 12 millones de personas en 390 municipios de los estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba y Rio Grande do Norte y beneficiará a localidades rurales y ribereñas.
Pero la obra, según contó Truká a IPS, entorpecerá el proceso de demarcación de sus territorios y no les traerá ningún beneficio.
“El trasvase trae consigo muchos males. Afecta la flora, nuestros animales, y saca agua del Rio no para llevar agua a quien tiene sed sino para favorecer el agronegocio. Existen otras formas de solucionar la falta de agua”, explicó.
“Ya fuimos colonizados por la Casa de la Torre (una hacienda transformada en una especie de cuartel desde el que los ganaderos incursionaban contra los indígenas en el siglo XVII), que junto a los capuchinos favorecieron ese proceso. Una vez más el pueblo truká está pasando por un proceso de colonización”, recordó.
También en la Amazonia peruana, en el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país, otro pueblo indígena, en de los harakbut, sufre los impactos de otro megaproyecto.
Desde 2006, la empresa petrolera estadounidense Hunt Oil recibió la concesión de un lote para la exploración y explotación de gas natural, superpuesto prácticamente con la Reserva Comunal Amarakaeri, en pleno territorio ancestral harakbut.
En 2017, la compañía entregó ese lote por incumplir con los tiempos de exploración sin obtener resultados concluyentes. Sin embargo, hay otros cinco productores interesados en retomar el megaproyecto, explicó a IPS desde Argentina la investigadora Andrea Cardoso, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“Que se retire la Hunt Oil de territorio harakbut no quiere decir que se resolvió el problema, los impactos en la selva perduran y dejan sus marcas”, subrayó.
Según Cardoso “la presencia de la petrolera ha generado divisionismo en las mismas comunidades, incluso en el seno de las familias».
«Con el accionar de los llamados relacionistas públicos de la empresa, muchos indígenas aceptan trabajar para ellos, o incluso recibir bienes o dinero; por otro lado, otros mantienen la labor de concientizar las comunidades sobre los impactos irreversibles que produce la petrolera en los bosques”, detalló.
Además, la instalación de campamentos “genera enfermedades y ruptura del esquema social”, afirmó.
La actividad petrolera allí se produce en las cabeceras de las cuencas de los ríos, “que son las únicas fuentes proveedoras de agua con las que cuentan más de 10.000 personas entre población nativa y colonos”, explicó Cardoso.
Por esa razón, adujo, “se genera la contaminación de los ríos, producto de los residuos sólidos y líquidos que son eliminados directamente en los bosques y ríos, contaminando suelos y aguas y por ende también a los peces, una de las principales fuente de alimentos de las comunidades”.
La investigadora recordó que los indígenas de la Amazonia, una cuenca que comparten ocho países sudamericano, “conocen mejor que nadie su territorio. Tienen un grado alto de adaptación a su entorno y conocimiento de suelos, flora y fauna así como también sus propias tecnologías para aprovechar los bienes comunes de la naturaleza, cumpliendo un papel de guardianes ambientales”.
Según Cardoso, el caso de los harakbut debe analizarse en un contexto latinoamericano más amplio.
Desde fines del siglo XX e inicios del XXI, analizó, “los movimientos indígenas en América Latina, vienen ocupando un centro en la arena política y social, en el marco de las prácticas neoliberales implementadas por los distintos gobiernos de la región”, con la entrada de capitales trasnacionales para exploración y explotación de hidrocarburos.
“Es en este contexto donde hay una pérdida de control sobre los bienes comunes de la naturaleza y los territorios de los pueblos indígenas, producto del despojo territorial en un ciclo de extractivismo trasnacional que acecha Nuestra América”, sintetizó.
En Ecuador, René Unda, de la Universidad Politécnica Salesiana, destacó el caso del Proyecto Mirador-San Carlos Panantza, en la cordillera del Cóndor, en el límite amazónico y occidental con Perú, que prevé la explotación de oro, plata y cobre y “que comprometen varias cuencas hidrográficas, reservas naturales y bosques protectores”.
Unda consideró desde Quito que uno de los pueblos indígenas más afectados en la etapa de prospección, son los shuar, tanto del lado ecuatoriano como peruano.
En el contexto de un ecosistema frágil, intervenciones de un proyecto minero como este “constituyen una profunda alteración de sus modos de vida” y sobrevivencia, señaló a IPS.
En este sentido, se constituyen como guardianes del ambiente “con su resistencia y su lucha. No solo frente a las coaliciones que representan los intereses del estado (central) y de las corporaciones, sino de sectores de los mismos pueblos que tienen una posición de apoyo a las iniciativas extractivistas”, analizó Unda.
Luciana Guerreiro, experta en procesos autonómicos indígenas del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, señaló que en Argentina, “una de las principales amenazas a las poblaciones indígenas, es el avance megaminero”.
Un ejemplo emblemático se produce en ese país, en Andalgalá, en la noroccidental provincia de Catamarca, donde hace más de 20 años se asentó la firma Minera Alumbrera, la primera a cielo abierto de Argentina, actualmente en proceso de cierre y remediación, dijo a IPS.[related_articles]
Explicó que “estos emprendimientos no solo saquean los recursos minerales y las riquezas de los territorios que explotan, sino también el agua, elemento fundamental en zonas donde escasea, dejando devastados y empobrecidos los pueblos y sus principales actividades productivas tradicionales” y afectando su espiritualidad y relación con la naturaleza.
Otro caso es el de la comunidad diaguita de Aguas Calientes, en el norte de la misma provincia argentina, que resiste el ingreso de empresas mineras como Buena Vista Gold.
“En estos casos lo que resta a las comunidades es la resistencia territorial, debiendo enfrentar, denunciar y frenar por sus propios medios a quienes intentan usurpar sus territorios”, dijo la especialista.
“Las defensas territoriales que ejercen las comunidades diaguitas se convierten en defensas socioambientales en la medida que sus territorios comportan además la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, un área natural protegida de gran importancia planetaria por su biodiversidad”, puntualizó.
Las comunidades diaguitas, subrayó, “mantienen un vínculo estrecho con la naturaleza, que incluye su cuidado, su respeto y una relación espiritual, con la que consideran su madre, ‘la Pachamama’”.
Un “patrón de desarrollo” en América Latina que según Guerreiro “responde a las lógicas de los mercados financieros a nivel global” y que “actualiza a la vez las relaciones de colonialidad, negando la especificidad de territorios y poblaciones con sus formas de vida, recreando relaciones de subordinación y explotación”.
“Sin embargo, las poblaciones, las comunidades campesinas e indígenas de la región -sujetos permanentes de persecución, despojo y difamación- históricamente han resistido, y aún hoy resisten, el avance de las lógicas territoriales excluyentes”, concluyó.
Edición: Estrella Gutiérrez
