Violación, tortura, pillaje, asesinato y desplazamientos forzados signan la nueva y horripilante realidad que padecen las comunidades de Basse-Kotto, en República Centroafricana, a mano de las fuerzas rebeldes de la Unión por la Paz en África Central, denunció la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
Las fuerzas de paz de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana (Minusca), encargada de la protección civil, no ha podido frenar los abusos sistemáticos, denunció la organización con sede en Londres.
“Los civiles no son víctimas accidentales de este conflicto, son el objetivo inmediato; si el mandato de la ONU significa algo, es necesario que mejore la protección de los civiles”, indicó Joanne Mariner, asesora de crisis de Amnistía.
Muchos centroafricanos ven con mayor cinismo la capacidad de la Minusca de conformar tan siquiera un mandato capaz de proteger a la población civil, según Mariner.
Refiriéndose al asunto, también dijo a IPS que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe revisar la capacidad de sus efectivos, el entrenamiento y la asignación de recursos y utilizar las fuerzas de reacción rápida en los lugares más calientes en todo el país.
La Minusca salvó la vida de muchos centroafricanos, según Amnistía. Pero con los efectivos exigidos al máximo y la confianza del público cada vez más deteriorada, pues sus “fracasos colocan a cientos de personas en riesgo”, observó Mariner.
La prefectura de Basse-Kotto, una de las 14 de ese país sin salida al mar, ha registrado un aumento de las atrocidades desde principios de mayo de este año, cuando la UPC atacó a la población civil en Alindao, donde dejó por lo menos 130 personas muertas.
En estos cuatro meses, se estima que el número de muertos ronda el ciento, según fuentes creíbles consultadas por Amnistía.
Con decenas de miles de personas huyendo de la violencia y más de 100.000 desplazadas desde que estalló el conflicto en abril de 2017, Basse-Kotto se llenó de ciudades fantasma y de aldeas casi vacías.
La región de Basse-Kotto permaneció bastante intacta a pesar del deterioro de la seguridad en el país hasta los ataques de mayo en las ciudades de Alindao, Nzangba y Mobaye.
Al ser consultada por los combates generalizados en esa región del país, Mariner dijo a IPS: “El gobierno mantiene muy poco control en la mayoría de las áreas fuera de Bangui, la capital del país, dando margen, de hecho, a que los grupos armados extiendan su poder y su territorio”.
Escaramuzas entre la alianza rebelde de mayoría musulmana, Séléka, y las mayoritariamente cristianas milicias antibalaka sumergieron al país en una guerra civil cuando las fuerzas de la primera derrocaron al presidente François Bozizé en marzo de 2013.
Su sucesor, Michel Djotodia, se convirtió en el primer presidente musulmán del país, cargo que mantuvo durante un año hasta enero de 2014.
Por ello, la alianza rebelde Séléka se dividió en varias facciones, como la UPC, y cada una comenzó una campaña de terror en diferentes regiones del país contra la población civil.
Los sucesivos acuerdos de cese del fuego acordados desde 2014 no lograron instalar la estabilidad del país, donde viven unas 4,5 millones de personas.
Las fuerzas musulmanas de la UPC atacaban a civiles cristianos por considerar que apoyaban a grupos armados opositores, mientras las milicias cristianas antibalaka hacían lo mismo contra los civiles musulmanes bajo el pretexto de “autodefensa”, según Amnistía.[related_articles]
Mariner dijo a IPS que las comunidades musulmana y cristiana “acumulan atrocidades cometidas por grupos armados contra la población civil”.
“El problema es ahora la población musulmana versus la población cristiana; no queremos un conflicto religioso”, puntualizó un religioso de Alindao en conversación con Amnistía. “Lo rechazamos absolutamente, pero hay un conflicto muy claro intercomunitario”, acotó.
Al ser consultado sobre la naturaleza religiosa del conflicto, Mariner dijo a IPS que es más bien sectario, no tanto religioso.
“Los grupos armados atacaron a civiles por considerarlos partidarios de un grupo rival y no por una cuestión de doctrina religiosa o ideológica; La religión es simplemente una línea divisoria entre diferentes grupos”, precisó Mariner.
La naturaleza cada vez más sectaria de la violencia es quizá el aspecto más preocupante de este conflicto, según Balkissa Ide Siddo, investigadora de Amnistía en República Centroafricana.
El grado de malestar y de odio, así como el deseo de humillar y de degradar alcanzó niveles sin precedentes en este país, como lo evidencia el uso que hace la UPC de la violación como arma sistemática de guerra en Basse-Kotto.
Por lo menos 600.000 personas están desplazadas en el país, el mayor número desde agosto de 2014. Además, hay 438.700 refugiados en los vecinos Camerún, Chad y República Democrática del Congo, según Amnistía.
Es necesario implementar acciones de emergencia en República Centroafricana para evitar atrocidades mayores e inminentes, subrayó Mariner.
Traducido por Verónica Firme
