Lo primero que lee quien tome cualquier documento oficial de este año en Argentina es: “2017, año de las energías renovables”. El dato revela la importancia que el gobierno le da a la cuestión, aunque plasmar la consigna en la realidad no parece tan fácil como colocarla en el encabezado de los papeles de la administración pública.
Las renovables tienen hoy un peso insignificante en la matriz energética argentina y existe una obligación, dispuesta por una ley sancionada en 2015, con consenso de todos los sectores políticos, de revertir ese escenario en los próximos años.
El objetivo no solo está fundamentado por las obligaciones de recurrir a fuentes limpias de energía asumidas por Argentina en el marco de los acuerdos globales de lucha contra el cambio climático, sino también por la necesidad de ampliar y diversificar la matriz que impone la economía.[pullquote]3[/pullquote]
Desde hace años, Argentina destina una fortuna cada año a la importación de hidrocarburos, aunque la cifra viene descendiendo y pasó de 7.000 millones de dólares en 2014 a cerca de 3.000 el año pasado.
Pero eso no sucedió por una mayor productividad ni por la diversificación de las fuentes locales, sino por la caída del precio internacional del petróleo,
“La participación de los combustibles fósiles es absurdamente alta en nuestra matriz. Hay que cambiar esto”, reconoció en julio el secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo, ante un auditorio especializado.
“Vamos a cumplir con la ley de energías renovables, que prevé alcanzar el 20 por ciento de energía de fuente limpia antes de 2025”, agregó.
De acuerdo a datos oficiales, la matriz de energía primaria de este país del Cono Sur americano está compuesta en 51 por ciento por gas natural y en 33 por ciento por petróleo.
En cuanto a generación eléctrica, los hidrocarburos son el combustible de las centrales térmicas que cubren 64 por ciento de la oferta, mientras que 30 por ciento lo proporcionan las centrales hidroeléctricas. Las tres centrales nucleares nacionales aportan cuatro por ciento del total.
Desde 2016, el gobierno firmó con inversores privados 59 contratos para que desarrollen proyectos de energías renovables en todo el país. Los emprendimientos, que deberían comenzar a funcionar el año próximo, totalizan una inversión de unos 4.000 millones de dólares, según el Ministerio de Energía.
En conjunto esos proyectos sumarán 2.423 megavatios (MW) a la oferta, que el Estado asumió el compromiso de comprar e incorporar a la red nacional, que actualmente cuenta con unos 30.000 MW de potencia instalada.
China, actor energético determinante
Además de esos proyectos, parte del gubernamental Programa RenovAr, Gerardo Morales, el gobernador de la provincia norteña de Jujuy, anunció que firmó con la compañía Power China un contrato para la construcción y financiación de un parque solar de 300 MW en el Salar de Cauchari, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
El acuerdo se suscribió durante el viaje a China del presidente Mauricio Macri, en mayo, en el que Morales fue parte de la comitiva oficial. Según el gobernador, será “el parque solar más grande de Latinoamérica”.
China se consolidó durante ese viaje como actor central en la renovación del sector en Argentina. En Beijing se acordó que la potencia asiática financiará 85 por ciento de la construcción de dos centrales nucleares, que requerirá una inversión de 14.000 millones de dólares.
Antes, se había convenido el financiamiento chino para la construcción de dos centrales hidroeléctricas en la Patagonia, con un costo de casi 5.000 millones de dólares. Pero los dos megaproyectos están en suspenso por orden de la Corte Suprema de Justicia, ante un recurso de organizaciones ambientalistas.
Una situación que el gobierno intenta solventar con prontitud porque los financistas chinos amenazan con aplicar una cláusula de “default (suspensión) cruzado” y bloquear sus inversiones en otros proyectos.
Los funcionarios del Ministerio de Energía sostienen en cada foro público en el que participan, que el objetivo es que para 2025 el sistema eléctrico incorpore 20.000 MW, y que la mitad de ellos provengan de fuentes renovables.
Para su financiación, el Estado creó el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), que fue dotado por el Estado con 800 millones de dólares, a los que se suman otros 480 millones aprobados por el Banco Mundial para financiar los proyectos.
Los que ya están en marcha son, fundamentalmente, emprendimientos de energía eólica y solar, ya que Argentina tiene condiciones favorables para los primeros en la Patagonia, por los fuertes vientos, y para los segundos en las mesetas de altura de la región del Noroeste, donde la radiación es intensa.
También hay algunos proyectos hidroeléctricos de escala reducida y de biogás.
“Es la primera vez que Argentina está avanzando en serio en desarrollar energías renovables. Hoy existe lo que antes no existía, que es financiamiento”, dijo Javier Cao, especialista en energías renovables de la consultora económica Abeceb.
“El principal impulso de estas iniciativas es que Argentina tiene un gran déficit energético y necesita sumar de todas las fuentes: tanto las represas hidroeléctricas como las dos nuevas centrales nucleares proyectadas, aumentar su producción de gas natural y también las renovables”, agregó en diálogo con IPS.
¿A la tercera, será la vencida?
El sueño argentino de desarrollar las energías renovables no es nuevo, pero hasta ahora todos los esfuerzos han fracasado.
La primera ley que declaró “de interés nacional” a las renovables fue sancionada por el legislativo Congreso Nacional en 1998. Los incentivos económicos creados por esa norma fueron aplastados por la crisis económica de 2001, que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.[related_articles]
En 2006 se sancionó una segunda ley, que fijó el objetivo de que ocho por ciento del consumo de energía eléctrica proviniera de fuentes renovables en 2016. Fue otro fracaso por problemas de financiamiento.
La tercera, que se espera sea la vencida, fue aprobada en septiembre de 2015, con votos de los diputados que respondían a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-diciembre 2015) y de los opositores, en un consenso que resultaba muy poco habitual en otros temas.
Esta norma estableció beneficios impositivos y aduaneros para los inversores e incluyó entre las renovables a los proyectos hidroeléctricos de hasta 50 MW de potencia, frente al tope de solo 30 MW de la ley anterior.
Además, estableció la obligatoriedad de que exista un ocho por ciento de energías renovables en el sistema eléctrico para el 31 de diciembre de 2017, fecha que no se va a cumplir, pero a la cual el gobierno espera llegar en 2019.
La aspiración oficial es la de llegar en fecha al segundo objetivo que pone la ley: 20 por ciento de participación de las renovables en 2025.
“Uno de los desafíos en ese sentido es descentralizar la producción”, dijo Marcelo Alvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables, que agrupa a las empresas del sector.
En ese sentido, se espera que este año el Congreso sancione la llamada ley de energía distribuida, que permitirá a los usuarios que generen energía renovable que incorporen a la red su excedente, lo que sería una novedad absoluta en Argentina.
“Ya conseguimos unificar un texto de la norma en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con la participación de asesores técnicos de todos los bloques y técnicos del Poder Ejecutivo”, dijo Juan Carlos Villalonga, quien durante años fue un militante ambiental, trabajó en la organización ecologista internacional Greenpeace y hoy es diputado de la alianza gobernante Cambiemos.
“El despegue de las energías renovables va a ser uno de los legadores de este gobierno”, aseguró Villalonga.
Dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático, rubricado por 196 Estados parte en diciembre de 2015, Argentina se comprometió a reducir en 15 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, un nivel criticado como bajo, pero al que el país sumaría otro 15 por ciento si recibe fondos especiales para hacerlo. Los combustibles fósiles son los mayores causantes de los GEI.
Editado por Estrella Gutiérrez
