Los brasileños ganaron nuevas razones para anhelar y a la vez temer el régimen parlamentario de gobierno. Favorece salidas rápidas para crisis políticas como la que deprime al país, pero empodera más aún fuerzas retrógradas y hace retroceder conquistas como los derechos indígenas.
En un país de sistema presidencialista, el “semiparlamentarismo” que muchos, incluso el mandatario Michel Temer, identifican en el actual gobierno, lleva al sacrificio a los pueblos indígenas y otros sectores con escasa voz en el Poder Legislativo.
“El Congreso Nacional forma parte de un sistema conservador, una ‘democracia’ que nunca contempló la representación indígena”, lamentó Marcos Terena, coordinador de los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas, especie de olimpiadas, y veterano activista del pueblo terena, que vive en el centro occidental de Brasil.
La población originaria sufre una ofensiva contra sus derechos, intensificada desde el ascenso de Temer.
Alzado de vicepresidente a la primera magistratura en mayo de 2016 por el juicio y destitución de Dilma Rousseff, la presidenta elegida en 2014 y acusada de fraude fiscal, el poder de Temer depende totalmente de grupos parlamentarios, mayoritariamente conservadores.
Esa dependencia viene desde la gestación de su gobierno, que exigió una mayoría de dos tercios de diputados y senadores para destituir a Rousseff. Pero se profundizó desde el 17 de mayo, cuando estalló el escándalo queconvirtió a Temer en el primer presidente brasileño acusado de corrupción durante el ejercicio del mandato.
Un diálogo grabado por el empresario Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor procesadora mundial de carnes, sirvió de base para que la Procuraduría (fiscalía) General de la República acusara formalmente a Temer de corrupción pasiva.
La Cámara de Diputados no autorizó el enjuiciamiento del presidente por una mayoría de 263 contra 227, en una votación el miércoles 2. Pero la Procuraduría prepara otras acusaciones, por obstrucción de justicia y organización criminal, prolongando la batalla parlamentaria y judicial por la presidencia, cuyo período termina el 1 de enero de 2019.
Para asegurarse el respaldo de la bancada ruralista, que en su sitio web contabiliza 214 diputados y 24 senadores, es decir 40 por ciento de todo el parlamento, Temer les está concediendo a sus miembros variados beneficios y la aprobación de medidas legales, en desmedro de los indígenas, el ambiente y la austeridad fiscal.
Encabezada por terratenientes, grandes ganaderos y productores de granos para exportación, ese grupo considera las tierras indígenas, cuya demarcación es asegurada por la Constitución brasileña de 1988, como un obstáculo a la expansión agrícola.
La población indígena, 896.917 personas según el último censo, de 2010, equivale a 0,47 por ciento de los entonces 190,7 millones de habitantes del país, pero ya ocupa más de 13 por ciento del territorio nacional, todo un exceso para los ruralistas.
Una enmienda constitucional que sometería la demarcación de tierras indígenas a la aprobación parlamentaria es una de las propuestas de la bancada que probablemente impediría la creación de nuevas áreas reservadas que aseguren la sobrevivencia física y cultural de los pueblos originarios.
Presentada en el año 2000, la iniciativa ha estado acantonada hasta ahora. “Creo que los mismos ruralistas reconocen que no hay condiciones para aprobarla”, evaluó Marcio Santilli, fundador del Instituto Socioambiental (ISA), organización no gubernamental que acumula la mayor cantidad de datos sobre indígenas en el país.
Una enmienda constitucional exige aprobación de dos tercios en las dos cámaras legislativas, una mayoría que se hizo más difícil con el oficialismo debilitado por las acusaciones de corrupción que no solo incluyen a Temer, sino a sus principales ministros y a los líderes parlamentarios.
“La mayor amenaza, más que un riesgo, es el marco temporal, un concepto con que pretenden condicionar toda la administración pública” en la cuestión indígena, destacó Santilli a IPS.
El marco es octubre de 1988, cuando se aprobó la Constitución. Los derechos indígenas se limitarían al área ocupada en aquel momento, según interpretación del Supremo Tribunal Federal, cuando decidió en 2009 sobre la demarcación de la reserva Raposa Sierra del Sol, en el estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil.
Los ruralistas pretenden establecerlo como criterio general. Hasta ahora se demarcan las “tierras que tradicionalmente ocupan” los indígenas, como reza en la Constitución. Estudios antropológicos definen el territorio que les toca, en un proceso ejecutado por el Poder Ejecutivo, a través de la Fundación Nacional del Indígena (Funai).
La Abogacía General de la Unión, órgano consultivo del gobierno, se pronunció a favor de la validez del marco temporal, “ampliando la amenaza” de impedir nuevas demarcaciones, acotó Santilli, quien presidió la Funai en los años 90.
Según los datos del ISA, Brasil tiene 480 tierras indígenas ya homologadas, pero quedan 72 declaradas y 44 identificadas que aún están pendientes de demarcación, además de otras 108 en proceso de identificación, la fase inicial del proceso establecido.
Hay un rezago inmenso, porque la Constitución determinaba que todas las áreas deberían demarcarse en un plazo de cinco años, cumplido en 1993.
No tiene sentido un marco temporal en “un país que era 100 por ciento indígena” cuando ocurrió, en 1500, “el encuentro con el mundo desconocido del ‘colonizador’ que produjo el exterminio de miles de indígenas y sus comunidades, generando una deuda nacional que no admite moratoria”, sostuvo Terena en diálogo con IPS.
Además, la ofensiva contra derechos y tierras indígenas trae consigo violentos conflictos. Desde 2003 a 2015 se asesinaron 891 indígenas en Brasil, 68 en promedio cada año, según el último informe del católico Consejo Indigenista Misionero. La violencia se acentuó en los últimos años, cuando hubo 137 asesinatos en 2014 y 138 en 2015.
El contexto actual favorece a que “grupos antiindígenas promuevan propuestas que van desde alteraciones en la sagrada Constitución Nacional, incluso impidiendo un presupuesto capaz de contemplar las demandas indígenas”, concluyó.[related_articles]
Otras amenazas ruralistas son el fin de la propia Funai, órgano gubernamental que ejecuta la política indigenista y sufre continuos recortes presupuestarios que traban sus funciones, como los estudios antropológicos y la defensa de los territorios demarcados.
La liberación de minería, construcción de carreteras, hidroeléctricas y líneas de transmisión eléctrica en tierras indígenas es otra presión de los ruralistas y empresas que buscan “romper o debilitar el usufructo exclusivo” de sus territorios por los indígenas, advirtió Santilli.
“Está vigente un ‘vale todo’, en un cuadro absurdo de debilidad del presidente, acusado de corrupción y con solo cinco por ciento de aprobación en las encuestas de opinión”, incapaz de defender derechos difusos de las minorías y del ambiente contra intereses privados de los legisladores, lamentó.
Los ruralistas reflejan las distorsiones en la representación parlamentaria. Se trata de un pequeño sector poblacional con un sobredimensionado poder político, en contraste con los millones de pequeños agricultores, prácticamente ausentes en el parlamento.
El poder económico de los primeros y las reglas electorales, que atribuyen una proporción mayor de parlamentarios a pequeños estados del interior y de economía rural que a los más urbanizados, explican buena parte del poder conservador, evaluó Santilli.
Debilitado, Temer está distribuyendo “premios, incentivos, cargos públicos y medidas ventajosas, paga el precio de salvarse, pero cuando acabe el dinero, habrá desbandada”, vaticinó Antonio Queiroz, director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, que acompaña labores legislativas en Brasilia.
Editado por Estrella Gutiérrez
