La protección de defensores de derechos humanos, el fortalecimiento del sistema democrático y la lucha contra el cambio climático son los temas que empujará la sociedad civil de América Latina durante 47 Asamblea General de la OEA.
En preparación hacia la cita de cancilleres de la OEA (Organización de los Estados Americanos) entre los días 19 y 21, en la ciudad balnearia de Cancún, en México, redes de organizaciones sociales han realizado consultas temáticas para impulsar una agenda regional en la reunión anual, cuyo lema esta vez es: “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”.
Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad), enumeró a IPS los temas que preocupan a sus 480 asociados, como pérdida de derechos de sectores y poblaciones vulnerables debido al avance de gobiernos conservadores autoritarios y de movimientos “anti derechos”, corrupción e ineficiente separación de poderes.
Además, citó la activista colombiana, inquietan la impunidad sobre asuntos y hechos de corrupción, lentos avances en la reducción de la inequidad y estancamiento en la lucha contra la pobreza, respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y adaptación al cambio climático.
Hay sectores “que quieren que se retroceda en las agendas avanzadas en términos de derechos sexuales y reproductivos, y de derechos adquiridos” de la comunidad de la diversidad sexual, señaló.
La activista subrayó también “la cooptación de los Estados por culturas y actores mafiosos, y por decisiones funcionales del sector económico”.
RedLad es una plataforma sin fines de lucro que agrupa a más de 480 organizaciones de la sociedad civil, redes, activistas, académicos, sindicalistas, empresarios, movimientos sociales y juveniles de la región.
El temario de las sesiones oficiales de la 47 Asamblea abarca asuntos como impulsar iniciativas hemisféricas para desarrollo integral, agua y desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos y fortalecimiento de la democracia.
Además incluye el plan de acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la promoción de la seguridad hemisférica, el presupuesto de la OEA, la participación de la sociedad civil y la cuestión de la migración.
La OEA tiene registradas a 125 organizaciones no gubernamentales (ONG), dos asociaciones sindicales y 23 agrupaciones empresariales. Otras 268 organizaciones sin registro solo podrán participar en los debates a través de sus redes, pero sí estarán en el foro paralelo de la sociedad civil.
En Cancún, a 1.200 kilómetros al sureste de Ciudad de México, el formato del diálogo consistirá en tres paneles con participación de la sociedad civil, la OEA y las delegaciones gubernamentales, en los que el uso de la palabra se asignará según la inscripción de coaliciones de organizaciones.
Empero, México denegó que la sociedad civil tuviera voz en los paneles ministeriales de las plenarias. Además, desapareció el intercambio directo con el uruguayo Luis Almagro, el secretario general del organismo, con sede en Washington.
Para Humberto Guerrero, coordinador del área de derechos humanos y lucha contra la impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, las prioridades se centran en la elección de tres nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, su situación financiera, la crisis política en Venezuela y de derechos humanos en México.
“La asamblea es la oportunidad para visibilizar temas mexicanos, hacer un contraste entre el discurso frente a la asamblea general, en el cual se ha hablado de fomentar la participación de la sociedad civil y criticando muy duramente al régimen venezolano, y cómo se organiza la asamblea, llevándola a Cancún, un sitio inaccesible”, dijo a IPS el responsable de la ONG mexicana.
Destacó también el contexto de crisis de derechos humanos en México, donde permanecen sin resolver la impunidad y violaciones a derechos humanos, como desaparición forzada y tortura.
Si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la cual la CIDH es parte junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene garantizado el funcionamiento para este año, su situación es incierta en 2018.
La expectativa es que la OEA apruebe una fórmula para resolver sus problemas financieros, en parte resultado de lo incómodo de sus denuncias y decisiones para los gobiernos.
Una preocupación compartida por la sociedad civil es que la crisis venezolana, agudizada por las protestas opositoras continuas desde abril, no monopolice los debates en Cancún. La OEA no ha podido llegar a un acuerdo sobre su postura sobre esa crisis y los ministros de Relaciones Exteriores analizarán nuevamente el tema antes de la inauguración de la Asamblea.
Un colectivo de unas 100 ONG de la región entregará ese mismo día a la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores del país anfitrión un pronunciamiento sobre los asuntos de interés común establecidos.
La confirmación en mayo del cambio de sede de Ciudad de México a Cancún, un sitio fácilmente controlable, molestó a las organizaciones por la carga financiera y logística del traslado. Además, ya había inconformidad sobre el esquema de participación en la asamblea.
En una carta enviada el 5 de mayo al secretario general de la OEA, Redlad expresó su desacuerdo por ese cambio, por las cargas financieras que implica y por el sistema de diálogo establecido en esta 47 Asamblea con la sociedad civil, maniatado por México, que redundará en poca participación de las ONG.
La misiva expuso “el deseo de control al detalle de los procesos de diálogo con sociedad civil que empezó a manifestar temprano este año, y la descoordinación total con la cancillería” mexicana y denunció que “no ha existido una recepción de las propuestas” por parte de la cancillería y de su titular Luís Videgaray.
Redlad desarrolló consultas sobre el sector privado y la sociedad civil, transversalidad en las políticas públicas, mitigación y adaptación al cambio climático, medidas de protección para defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
También se incluyó en el debate la seguridad multidimensional, la participación ciudadana y movilización social y las estrategias para la defensa del espacio participativo.
Civicus, una organización internacional dedicada a promover el trabajo de la sociedad civil, entregará un reporte a la OEA en Cancún que identifica los diferentes problemas que el activismo social soporta en el continente.
En el documento, con base en su programa “Civicus Monitor” (CM), se destacan la interrupción de protestas mediante fuerza excesiva, la violencia contra periodistas y la censura de los medios de comunicación, así como la detención y criminalización de activistas y defensores de derechos humanos, especialmente los protectores de tierras y ambiente.
Otro problema es la introducción de restricciones legislativas sobre las libertades del espacio cívico necesario para el trabajo de la sociedad civil.
La mayor represión para el activismo social se sitúa en Colombia, México y Venezuela, mientras que enfrenta obstáculos en Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Nicaragua, según el CM.
“La OEA debería ser el escenario para garantizar acuerdos regionales para avanzar en la solución a estas problemáticas. Lo que se requiere es que una OEA fortalecida, una Secretaría General fuerte, logre que entre los países se respeten lo acordado en escenarios interamericanos”, planteó Romero, de RedLad.
Para Guerrero, a México le interesa orientar la agenda hacia Venezuela para que “no se hable de los otros temas, porque en la misma situación viven Argentina o Brasil, en otros contextos”. El analista achacó la crisis del sistema de derechos humanos a que “los Estados no están interesados en mantenerlo”.
La asamblea anual de Cancún será seguida por la Cumbre de las Américas, un encuentro trienal de los gobernantes del continente, a escenificarse en Perú del 23 al 25 de marzo próximo. Para esa instancia, Redlad y el Foro Ciudadano de Sociedad Civil presentarán recomendaciones temáticas y específicas.
Editado por Estrella Gutiérrez
