Con su presidencia herida de muerte, Michel Temer optó por resistir, pero su agonía no podrá durar muchos días. La divulgación de su diálogo con un gran empresario y corruptor confeso amenaza ahondar una recesión económica de forma intolerable para sectores dominantes en Brasil.
La conversación grabada por Joesley Batista, dueño del grupo JBS, el mayor procesador y exportador de carnes en el mundo, desató la crisis terminal del gobierno del vicepresidente electo en 2014, elevado a titular el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado alejó del poder a la exmandataria Dilma Rousseff para someterla a un juicio de inhabilitación, que concluyó con su destitución el 31 de agosto.
La grabación publicada por el Supremo Tribunal Federal (STF) no evidencia claramente que Temer le pidió al empresario mantener el soborno a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados preso por corrupción desde octubre, para evitar que pasase a colaborar con la justicia y que revelase, presuntamente, delitos de miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
No se comprueba así, de forma tajante, tal como difundió la tarde del miércoles 17 en n su sitio web el diario O Globo, sobre el apoyo de Temer al soborno.
Pero ese detalle, aunque el más contundente, es solo uno de los probables delitos revelados por Batista.
Su encuentro con Temer tuvo lugar tarde en la noche del 7 de marzo en Brasilia, en el Palacio de Jaburu, residencia presidencial, sin registro formal de la visita, indicando la intención de ocultarla. ¿Qué tendría el presidente que tratar casi clandestinamente con un gran empresario bajo investigaciones en varios procesos por corrupción y favorecimientos irregulares del gobierno?
El empresario ya estaba colaborando con la justicia en un intento por librarse de la cárcel y salvar a su empresa. Por eso llevó una grabadora oculta al encuentro.
Además afirmó a Temer que había conseguido la complicidad de dos jueces e informaciones confidenciales de un procurador del Ministerio Público (fiscalía) que participaba en operaciones anticorrupción, en este caso por medio de sobornos mensuales equivalentes a 16.000 dólares. Esa revelación tuvo la aparente tolerancia de Temer, dada la falta de reacciones audibles.
Y en otro tramo del diálogo, Batista le pidió al presidente la indicación de algún interlocutor en el gobierno para buscar soluciones a sus problemas. Temer le dijo que buscase a su ex asesor especial, el ahora diputado Rodrigo Loures, del centroderechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza el mandatario.
Loures fue posteriormente filmado por la Policía Federal mientras recibía unos 160.000 dólares, enviados por Batista en una operación concertada.
Otra acción similar comprobó el pago de igual suma a Altair Pinto, conocido como testaferro del Cunha. Dos episodios que fortalecen las denuncias del empresario cárnico y debilitan cualquier defensa de Temer.
“No renunciaré”, afirmó casi gritando el presidente, en una declaración a la nación el jueves 18, antes de la divulgación de la grabación de Batista por el STF. Sostuvo que no cometió ninguna ilegalidad y que “el peor momento” de su gobierno amenaza el “mejor momento”, cuando la economía comenzaba a dar signos de recuperación y caían la inflación y las tasas de interés.
El fin de la recesión económica es su principal defensa.
Pero crece entre economistas y empresarios, los voceros de “los mercados”, las manifestaciones de que la permanencia de Temer en el palacio presidencial de Planalto, sin condiciones visibles de gobernabilidad, prolongaría y ahondaría la recesión.
Ese puede ser el factor decisivo para forzar la renuncia del presidente. Su débil legitimidad como beneficiario de la destitución de la izquierdista Rousseff, un “golpe parlamentario” según los partidarios de la expresidenta, y su muy alta impopularidad, lo hace extremadamente vulnerable a cualquier adversidad, incluso porque ya estaba involucrado en denuncias de corrupción electoral.
Las protestas callejeras con el lema “Fuera Temer” estallaron en las capitales regionales de todo el país en cuanto aseguró que no renunciaría.
Es una presión con un sesgo de izquierda que tiende a acentuarse, pero que difícilmente logrará imponerse, incluso porque reclama “elecciones directas ya”, recordando una campaña masiva de 1984 contra la dictadura militar, que acabó al año siguiente, tras 21 años en el poder.
La salida más probable es la renuncia, al sumarse la pérdida de apoyo en los mercados a la del parlamento, donde algunos partidos medianos o pequeños, como el Socialista Brasileño (PSB) y el Popular Socialista (PPS), ya desertaron de la coalición gubernamental.
Con respectivos 35 y nueve diputados, en un total de 513, esos partidos no quiebran al gobierno. Pero hay otros grandes, como el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), con 47 diputados y cuatro ministros en el gobierno, que están divididos.
Las revelaciones de Batista golpearon duramente al PSDB, cuyo líder Aecio Neves, debió dejar su puesto de senador por investigaciones en su contra del STF, que lo llevó a renunciar a la presidencia del partido. Batista lo denunció por haberle pedido supuestamente unos 635.000 dólares como soborno.
El deterioro previsible que esta nueva crisis provocará en la economía augura más deserciones. Con la reducción actual, ya la coalición gobernante no lograría aprobar la enmienda constitucional que modificaría el sistema previsional del país, una medida que considera indispensable para el equilibrio fiscal y la consecuente recuperación económica.
Es justamente la perspectiva de aprobar esa reforma y la de las leyes laborales que aseguraba a Temer, como reconocido aglutinador de parlamentarios, el respaldo de los sectores económicos más poderosos. Extinta esa posibilidad, queda insostenible su gobierno.
Otras soluciones, como la inhabilitación del presidente, ya con ocho pedidos inscriptos, no parecen viables por demandar un tiempo excesivo en que la inestabilidad política agravaría la crisis económica.
El proceso llevaría semanas o meses para ser acogido por la Cámara de Diputados, antes del juicio político del Senado que puede prolongarse por 180 días.
Una decisión del STF, que ya autorizó una investigación penal del presidente por el Ministerio Público, también demandaría mucho tiempo para alejarlo del poder, sea formalizándolo como reo por obstrucción de la justicia o condenándolo a alguna pena.
Un camino más corto depende del Tribunal Superior Electoral, que se reúne el 6 de junio para decidir si anula la elección de la fórmula Rousseff-Temer, en 2014, por presunto abuso del poder económico en la campaña electoral y financiación ilegal. Pero es solo el inicio de un proceso que puede suspenderse por pedido de uno de sus siete jueces para analizar mejor la materia.
La salida de establecer una enmienda constitucional para convocar elecciones presidenciales adelantadas, requiere el respaldo calificado de las dos cámaras legislativas o una decisión del STF si los jueces electorales anulan los comicios de 2014. Pero resulta irrealista pensar que los factores de poder respalden ese camino, que pudiera allanar el retorno al poder del Partido de los Trabajadores e incluso de su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, pese a estar imputado también por corrupción.
La salida más rápida seria la renuncia, asumiendo entonces el cargo el jefe de la Cámara de Diputados hasta que el legislativo Congreso Nacional elija una nueva figura para completar el mandato presidencial que concluye al finalizar 2018.
Sectores económicos y políticos buscan ya una figura capaz de unir las fuerzas de la desgajada coalición gobernante para aprobar las reformas previsional y laboral. Identificado ese líder, que puede ser el ministro de Hacienda, Henrique Meireles, o la presidenta del STF, Carmen Lucia Rocha, Temer pasaría de “salvador” de la economía a su escollo.
Un escollo al que hay que quitar, para reiniciar el camino emprendido hace un año.
Editado por Estrella Gutiérrez
