La corrupción entró en la Amazonia como una enfermedad que lo contagia todo, reflexionó Ruben Siqueira, coordinador de la brasileña Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), durante el VIII Foro Social Panamazónico (Fospa), que congregó en la selva peruana a representantes de la sociedad civil de ocho países.
Con la participación de más de 1.600 asistentes que llegaron hasta Tarapoto, capital del amazónico y norteño departamento de San Martín, la tarde del 1 de mayo concluyó el Foro con 24 propuestas para proteger los bosques, el agua, la tierra y los derechos de las poblaciones indígenas en la región.
En la Carta de Tarapoto, los representantes de los movimientos sociales, líderes indígenas y de la academia acordaron luego de cuatro días de trabajo, entre otros puntos, “denunciar y luchar contra la corrupción relacionada al modelo extractivista y los megaproyectos de explotación de la Amazonia y el Ande”.
El acuerdo se aprobó como resultado del debate sostenido desde el 28 de abril en nueve mesas de trabajo, en el que sobresalió la denuncia de los hechos de corrupción y el impacto social, ambiental y económico de las obras ejecutadas por las empresas brasileñas investigadas en el megacaso de “Lava Jato (autolavado de vehículos)”.
“Las propuestas y conclusiones del Fospa serán entregadas a las autoridades de las diversas instituciones del Estado de cada país que toman decisiones sobre estos temas”, explicó a IPS uno de los organizadores del encuentro, Ismael Vega, director ejecutivo del peruano Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Aunque la investigación Lava Jato comenzó en Brasil hace tres años, el caso tiene sus conexiones en una docena de países de América Latina y África donde el conglomerado Odebrecht y otras compañías brasileñas pagaron sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos para obtener las licitaciones de las obras, varias de ellas ejecutadas en el territorio amazónico.
Los directivos de Odebrecht confesaron que pagaron sobornos de cerca de 800 millones de dólares por las obras que ejecutaron en estos países entre 2001 y 2016, lo que le facilitó ganancias por más de 3.000 millones de dólares, de acuerdo al documento difundido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre de 2016.
Los pagos se hicieron para obras en Brasil, Argentina, Angola, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, Venezuela y Mozambique.
En la lista están cinco de los ocho países amazónicos, de donde provinieron los representantes de los movimientos sociales, las organizaciones indígenas e investigadores que acordaron denunciar y enfrentar conjuntamente estos hechos ilícitos en el encuentro de Tarapoto.
Ellos son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que conforman la cuenca amazónica junto con Bolivia, Guyana, Suriname, además del territorio de la Guayana Francesa, que también integra el Fospa y cuyos representantes estuvieron presentes en Tarapoto.
En Perú, donde las investigaciones de la Fiscalía local presentan los mayores avances después de Brasil, la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que conecta este país con Brasil desde el océano Pacífico hasta el océano Atlántico, atravesando regiones de la Amazonía y los Andes.
Para ganar la licitación de esa obra, Odebrecht confesó haber pagado al menos 20 millones de dólares en sobornos durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y la Fiscalía peruana continúa investigando los pagos ilegales de otra compañía brasileña, Camargo Correa, por la misma construcción.
“La corrupción es sistémica: está presente en la construcción de megaproyectos, en la extracción de maderas con identificación y certificados falsos, en los proyectos de las industrias extractivas y en leyes que favorecen a estas inversiones”, apuntó Siqueira, el coordinador de la brasileña y católica CPT a IPS.
Siqueira y otros representantes latinoamericanos destacaron las cifras alarmantes de asesinatos a líderes ambientales. La CPT reportó que en 2016 se asesinaron a 61 líderes en Brasil, de los cuales 47 pertenecían a la Amazonia.
Olga Suárez, de la asociación colombiana Minga, también denunció el asesinato de líderes ambientales en su país y que las investigaciones sobre estos casos en la Fiscalía de Colombia pueden tomar hasta 25 años. “Hay mucha demora e impunidad”, aseguró a IPS.
Como parte de los 24 acuerdos del VIII Fospa se señaló la necesidad de poner fin a “todo tipo de violencia contra las mujeres tanto de las comunidades como fuera de ellas, en especial de las mujeres defensoras de derechos”.
También se exigió que los Estados “se aparten de los preceptos religiosos a la hora de aprobar leyes y decidir las políticas públicas que afectan” los derechos, cuerpos y territorios de las mujeres.
El reconocimiento de los derechos colectivos, de los territorios de los diferentes pueblos originarios, así como de sus saberes ancestrales, fue otro eje central de las propuestas.
En esa línea, se dmandó a los Estados revindicar los conocimientos de los ancianos de las comunidades y también respetar y reconocer las propuestas de los niños y jóvenes en el cuidado de los bienes de la naturaleza.
En forma simultánea a las mesas de trabajo del Foro, cerca de 200 jóvenes se reunieron en el municipio de Lamas, a media hora por carretera de Tarapoto, para recorrer diversas zonas afectadas por la contaminación y conocer las experiencias de las comunidades en el cuidado de los bosques y las fuentes de agua.
Entre los adolescentes que llegaron de diversas regiones de Perú, estaba el quechua Jhanmarco Flores Humaní, de 13 años y originario del andino y sureño departamento de Ayacucho, una de las zonas más golpeadas en los años de la violencia armada que vivió Perú (1980-2000).
Jhanmarco es un criador de lagunas, mediante el represamiento del agua de la lluvia, como una respuesta vital en tiempos de sequía. Él es el presidente de la red de jóvenes del centro poblado ayacuchano de Quispillacta.
“El Apu (espíritu de las montañas, en quechua) me habla, me dice en mis sueños cómo cuidar los ojos de agua, cómo criar las lagunas”, narró Jhanmarco a IPS, en su primer recorrido por la Amazonia, a la que anhela poder volver.
Editado por Estrella Gutiérrez
