Cuando apenas llevaba un mes como presidente de los Estados Unidos, James Carter (1977-1981) ordenó la reducción de la ayuda militar de su país a Argentina, debido a las violaciones a los derechos humanos que se cometían en el sur del continente por parte de la dictadura.
Ni los miembros de la Junta Militar (1976-1983) ni los civiles que colaboraban con ellos pudieron entender ese gesto ni otros similares que siguieron de parte del gobierno de Carter, de quien solo esperaban colaboración y aliento en el trabajo que llevaban adelante eficazmente: lo que entonces localmente se llamaba lucha contra la subversión marxista y hoy es considerado un plan sistemático para aplicar terrorismo de Estado.
De hecho, si se recorren los diarios argentinos de la época, es fácil encontrar todo tipo de cuestionamientos y descalificaciones contra el entonces inquilino de la Casa Blanca.
Cuarenta años después, Argentina decidió rescatar la figura de Carter y le otorgó la máxima condecoración nacional: la Orden del Libertador San Martín.[pullquote]3[/pullquote]
En el decreto, firmado el 30 de marzo por el presidente Mauricio Macri se rescata que Carter, “preocupado por lo que estaba ocurriendo con la dictadura militar argentina, exigió por el paradero de miles de desaparecidos y condenó las violaciones a los derechos humanos”. De acuerdo a los organismos de derechos humanos argentinos, fueron 30.000 los muertos y desaparecidos.
La distinción ya fue aceptada por Carter, de 92 años, y ahora se busca una fecha para entregársela públicamente, según informó la Cancillería argentina.
De acuerdo a lo difundido por medios argentinos, con base a información no oficial, Macri tenía la intención de entregar la condecoración a fin de abril, cuando viajó a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente Donald Trump, pero la administración del magnate republicano habría sugerido que se postergara el acto, para no hacerlo coincidir con la visita oficial.
En cuestiones de política exterior, Carter asumió la presidencia en enero de 1977 con una pesada carga de gobiernos anteriores, que iban desde la colaboración con golpes militares en América Latina hasta las violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Vietnam.
Fue el primer presidente estadounidense que hizo una autocrítica en ese sentido y, pocos meses después de asumir, prometió “una política exterior que sea democrática, que esté basada en valores fundamentales y que use nuestro poder y nuestra influencia para propósitos humanos”.
En el caso de Argentina, al menos, pronto quedaría claro que no estaba mintiendo. Si bien el gobierno de Carter se enfrentó con muchas dictaduras latinoamericanas, puso especial énfasis en la presión a la que encabezaba el general Jorge Rafael Videla, quien entonces era calificado como un moderado no solamente por quienes le apoyaban en Argentina, sino en amplios círculos del exterior.
El plan represivo de la dictadura fue especialmente diseñado para ello. Consistía en secuestrar de noche, con agentes de seguridad vestidos de civil, y luego negar cualquier vinculación con el hecho cuando los seres queridos concurrían a dependencias públicas a preguntar por el detenido.
Videla no quería convertirse en el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), quien llevó adelante una represión abierta ni bien derrocó a Salvador Allende (1970-1973), en un golpe con apoyo del gobierno estadounidense de Richard Nixon (1969-1974), y fue rápidamente condenado al aislamiento internacional.
Así, los militares argentinos lograron conservar durante años una imagen de legalidad para muchos, entre quienes no estaba la responsable de Derechos Humanos del Departamento de Estado, Patricia Derian, quien durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) recibió la misma condecoración que ahora se otorga a Carter.
Derian viajó por primera vez a Buenos Aires en marzo de 1977, se entrevistó con familiares de desaparecidos, y desde entonces se convirtió en una firme impulsora de la aplicación de sanciones económicas a la dictadura, que se materializaron por ejemplo en los votos negativos en los organismos financieros internacionales hacia cualquier pedido de crédito que llegara de Buenos Aires.
Las tensiones entre los dos gobiernos quedaron claras ya en junio de 1977, cuando se realizó la VII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Saint George, la capital de Granada, la pequeña nación insular caribeña que su sucesor, el republicano Ronald Reagan, invadiría en 1983.
El canciller argentino, el vicealmirante Oscar Montes, dijo entonces que las presiones de la administración de Carter por la cuestión de los derechos humanos eran parte de la estrategia de “la subversión internacional” que “pretende socavar los cimientos de las naciones americanas”.
“Si el terrorismo y la violencia en nombre del disenso no pueden ser consentidos, tampoco puede serlo la violencia oficial”, respondió su homólogo estadounidense, el secretario de Estado Cyrus Vance.
Para ese entonces, Derian, ya se había ganado el odio personal de los jerarcas de la dictadura. En agosto la funcionaria visitó otra vez Buenos Aires y sus encuentros con altos funcionarios quedaron registrados en algunos de los 4.677 cables secretos que el Departamento de Estado desclasificó en 2002, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones argentinas de derechos humanos.
“Yo puedo entender los problemas con el terrorismo que tiene la Argentina. Lo que no puedo entender es que un gobierno esconda la lista de detenidos”, dijo Derian al ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy.
Carter y Videla se vieron las caras en septiembre de 1977 en la Casa Blanca. Fue cuando todos los jefes de Estado de las Américas fueron invitados a la firma del Tratado del Canal de Panamá, con Omar Torrijos.[related_articles]
Durante un encuentro privado en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense pidió dos cosas al general argentino: que firmara el Tratado de Tlatelolco, de no proliferación nuclear, y que “haga conocer al mundo la situación de los desaparecidos”. Videla respondió que los argentinos pasarían “una Navidad mucho más feliz”.
Nadie sabe si fue un vulgar engaño o si efectivamente el dictador tenía en la cabeza planes que nunca se concretarían de hacer públicas listas de detenidos o liberar presos políticos.
Pero Carter tal vez no le creyó demasiado, porque antes del fin de 1977 llegó a Buenos Aires el secretario de Estado Cyrus Vance, quien traía en su equipaje una lista de 7.500 desaparecidos confeccionada por organismos de derechos humanos, por expresa orden del presidente, de acuerdo al Washington Post.
El momento más álgido llegó en 1978, cuando la administración demócrata bloqueó un crédito para financiar la participación de una empresa estadounidense en Yacyretá, la central hidroeléctrica binacional de Argentina y Paraguay.
Finalmente, el préstamo fue destrabado por Estados Unidos a cambio de que Argentina aceptara una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se concretó en 1979, hizo una denuncia detallada e irrefutable del terrorismo de Estado, y resultó demoledora para la imagen internacional de la dictadura.
Carter terminó su gobierno con serias turbulencias en la política exterior, una de las cuales fue la invasión soviética a Afganistán en diciembre de 1979.
Entonces, urgido de conquistar apoyos, envió un emisario a Buenos Aires y pidió a Videla que se sumara a un embargo internacional de granos contra el régimen de Moscú. Tal vez por venganza, el dictador argentino, un cruzado de la lucha contra el comunismo internacional, le dijo que no.
Editado por Estrella Gutiérrez
