Los crecientes proyectos de generación eólica y solar en el estado de Yucatán son parte de un cambio positivo en la matriz energética de México. Pero en las comunidades afectadas esa expansión no se percibe igual, por la falta de información y consulta y por lo que altera sus vidas.
“No tenemos información. Tenemos ciertas dudas, hay gente que dice que es bueno y otra que es malo. Hemos escuchado lo que se dice en otros estados”, dijo a IPS el campesino Luís Miguel.
Este indígena maya reside en Kimbilá, una localidad del municipio de Izamal que es la sede de un hasta ahora fallido emprendimiento privado de eoloenergía, frenado por la oposición de sus 3.600 habitantes y en particular de un ejido (tierra pública adjudicada para su explotación comunitaria), sobre cuyas tierras se instalaría el parque eólico.[pullquote]3[/pullquote]
“Tememos que perjudiquen nuestros cultivos”, enfatizó Miguel, cuyo padre es uno de los 573 integrantes del Ejido de Kimbilá, situado en el norte de la península de Yucatán, a unos 1.350 kilómetros al sureste de Ciudad de México.
La obra cuestionada, a cargo de la empresa española Elecnor, que incluye la instalación de 50 aerogeneradores para la obtención de 159 megavatios hora al año.
La corporación instalaló una torre anemométrica en 2014, pero la población local, que vive del cultivo de maíz y hortalizas, la cría de pequeña ganadería y la cosecha de miel, apenas supo del proyecto hasta enero de 2016.
Desde entonces, en el ejido se organizaron dos asambleas y otra más se suspendió, sin llegar a un acuerdo para dar su aval al arrendamiento por 25 años de las tierras necesarias para el proyecto.
Entre tanto, en febrero de ese año, ejidatarios presentaron una queja contra la Procuraduría Agraria por su apoyo a los intereses de la empresa, impulsando asambleas contrarias a la legalidad para estos instrumentos comunitarios.
El parque tendría una vida útil de 30 años, incluidas las fases de preparación, construcción y operación, y para las cuales necesita 77 hectáreas de las 5.000 del ejido.
La empresa ofreció entre cinco y 970 dólares anuales por hectárea, según la utilidad de la tierra para la granja eólica, una propuesta que causó malestar entre los ejidatarios. Además, les daría 1,3 por ciento de la facturación por la energía generada. Pero la electricidad no atendería la demanda local.
“No hemos tenido información. A quienes trabajan la tierra no les conviene. Se va a destrozar el monte y 30 años es mucho tiempo”, señaló el apicultor Victoriano Canmex a IPS.
Este ejidatario, también maya, expresó su temor por el posible daño a las abejas, «porque se abrirían caminos con maquinaria pesada”. “Dijeron que podían reubicar los apiarios y no saben nada de apicultura. No es justo, nos vamos a quedar sin nada», se quejó.
Canmex, quien posee ocho apiarios, revisa las colmenas dos veces por semana, junto a cuatro de sus seis hijos. Colecta anualmente unos 25 tambos de 30 kilogramos, que terminan en las mesas europeas. La miel yucateca es altamente apreciada en el mundo, por su calidad y naturaleza orgánica.
Yucatán, antiguo emporio maya que mantiene un alto porcentaje de población indígena, se ha convertido en una nueva frontera energética en México, por su gran potencial eólico y solar.
Este estado adoptó la meta de uso de energías renovables y no convenciales de 9,3 por ciento en 2018. En Yucatán, la incorporación anual de nueva capacidad de generación totalizaría 1.408 megavatios en 2030.
Excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas, las fuentes renovables aportan un escaso ocho por ciento de la matriz eléctrica de México. Según estadísticas oficiales, en diciembre de 2016, la hidroelectricidad tuvo una capacidad instalada de 12.092 megavatios, la geotermia de 873, la eólica, 699, y la solar fotovoltaica, seis.
De acuerdo con la empresarial Asociación Mexicana de Energía Eólica, en México existen al menos 31 parques ubicados en nueve estados, con una capacidad instalada total de 3.527 megavatios de energía limpia para las regiones del noreste, el oeste, el sur y el sureste de este país de 122 millones de personas.
Además de la falta de información, de consulta libre, previa e informada, como obligan la ley y convenios internacionales, los indígenas denuncian impactos a las aves migratorias, incremento de temperatura en zonas con paneles solares y contaminación del agua por derrames de las torres eólicas.
Para Romel González, miembro del no gubernamental Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, una localidad situada en el vecino estado de Campeche, el proceso de desarrollo energético sufre de lagunas jurídicas, relacionadas con modelos de contrato y estudios de impacto ambiental superficiales.
“Existe falta de información hacia las comunidades, que no conocen el alcance de los contratos, no les explican los problemas que van a surgir. Se genera una serie de conflictos bastante fuertes y condiciones de manipulación para obtener las licencias. Aplican ingeniería social y dividen a la comunidad”, aseguró González a IPS.[related_articles]
En la región, a su juicio, hay recursos naturales que “no se habían tocado y ahora quieren aprovecharlos», cuyo manejo se vuelve «atractivo para despojar a las comunidades».
El estado vive una fiesta energética porque en su territorio se proyectan cinco centrales solares, con 536 megavatios de capacidad total y otros cinco parques eólicos, con capacidad de 256 megavatios, que funcionarían hasta 2030 y que ya fueron adjudicados a empresas locales y extranjeras.
En la primera subasta nacional de generación eléctrica organizada por el gobierno, en marzo de 2016, ganaron cuatro proyectos eólicos y cinco solares, mientras en la segunda, en septiembre siguiente, se seleccionaron dos nuevos proyectos de viento.
El cambio de la matriz eléctrica se asienta en la reforma energética de México, vigente plenamente desde agosto de 2014, que abre al sector privado, nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de electricidad.
Las autoridades locales proyectan que en 2018 la generación eólica sea de 6.099 megavatios, 478 de ellos provenientes de Yucatán, para subir dos años después a 12.823 megavatios, de ellos 2.227 aportados por este estado.
Para ello, Yucatán captaría 52 millones de dólares en 2017 y 1.584 millones en 2018.
La Ley de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014, estipula que cada proyecto requiere una evaluación de impacto social, pero los críticos de los proyectos eólicos no tienen constancia de su realización en el estado, mientras solo existen evidencias de dos consultas públicas en las comunidades afectadas, en el caso de dos parques.
“La electricidad no será para nosotros y no sabemos qué pasará más adelante (con el proyecto instalado), por eso nuestras dudas”, recalcó Miguel.
Para la población local, el “modelo Oaxaca” es la invocación de malos presagios, pues ese estado del sur de México alberga la mayor cantidad de eologranjas, envueltas en denuncias por tratos injustos, despojos territoriales y falta de consulta libre, previa e informada. Nadie quiere replicar ese modelo.
“Las autoridades quieren hacerlo por todos los medios, solo tratan de que los proyectos sean aprobados”, cuestionó Canmex.
González criticó que el gobierno no haya exigido las evaluaciones. “Las hemos pedido y nos han respondido que no hay. Las respuestas de las comunidades a los proyectos dependerán del grado de conciencia y organización social. Algunas comunidades reaccionarán tarde, cuando el proyecto esté en construcción”, expuso.
Editado por Estrella Gutiérrez
