El canadiense Clayton Thomas-Muller cruzó la frontera entre su país y Estados Unidos para sumarse al movimiento indígena en contra de la construcción de un oleoducto, convertido en un ejemplo de las luchas de los pueblos nativos de América contra megaproyectos, donde abundan los elementos comunes.
“Es un movimiento increíble. El factor común número uno es la fundación espiritual de la cosmovisión. Son indígenas de todo el mundo que comparten la cosmogonía del agua. Hay un sentimiento de la sacralización de la tierra. Es el mayor movimiento indígena desde los días precoloniales”, dijo a IPS este delegado de la Red Ambiental Indígena.
Thomas-Muller, del pueblo cree o pukatawagan, subrayó que el oleoducto es “uno de los mayores casos de riesgo ambiental en Estados Unidos”, contra el que luchan los pueblos indígenas afectados, tal como hacen en otras partes del mundo.
“Vemos muchos paralelismos en las luchas indígenas locales. Cuando los pueblos indígenas se levantan e invocan el poder de su cosmología y de su visión del mundo y la incorporan a movimientos sociales, encienden a la gente como nunca antes se había visto”, aseguró por teléfono desde el campamento del pueblo sioux al que se sumó el 6 de este mes, para apoyar sus acciones contra el oleoducto.
Aseguró que el mundo está con Standing Rock Sioux, la tribu que encabeza el rechazo al Oleoducto de Acceso a las Dakotas (DAPL, en inglés), con un tendido de 1.890 kilómetros de largo y 3.700 millones de dólares de inversión privada, en el estado de Dakota del Norte, en el centro de la frontera de Estados Unidos con Canadá.
El proyecto, que construye la empresa estadounidense Dakota Access, está destinado a transportar 470.000 barriles diarios de crudo desde el yacimiento no convencional de Bakken.
La rebelión de los sioux, también conocidos como dakotas, logró paralizar desde septiembre la construcción del tendido, en una batalla a la que se han unido desde abril miles de indígenas de otros pueblos nativos, activistas ambientales y celebridades, no solo de Estados Unidos sino de otras partes del mundo.
El rechazo indígena se centra en el daño que el oleoducto provocaría, según denuncian, a sitios sagrados, a sus territorios y a los cuerpos de agua. Los autodenominados “protectores” de la reserva y las aguas denuncian que el gobierno no negoció el acceso a un territorio en que legalmente tienen jurisdicción absoluta.
Con un campamento instalado en las riberas del río Misuri, donde ondean unas 600 banderas de pueblos indígenas de todo el mundo, resisten la represión que se intensificó desde octubre. En Estados Unidos viven unos 2,63 millones de personas indígenas, de una población cercana a los 325 millones, repartidos en unas 150 tribus.
Esa movilización en el norte estadounidense enriquece luchas similares en América Latina, aseguran dirigentes indígenas.
En el norteño estado mexicano de Sonora, el pueblo yaqui atraviesa por una situación parecida, porque un gasoducto privado también amenaza su territorio.
“No se nos preguntó ni se nos informó. Queremos que se nos consulte, que se respeten nuestros derechos. Estamos en defensa del territorio, del ambiente”, afirmó a IPS el yaqui Plutarco Flores.
En mayo de 2015, en una consulta acorde con sus usos y costumbres, los yaquis, uno de los 54 pueblos originarios mexicanos, rechazaron que el gasoducto pasase por su territorio, pero el gobierno no reconoció la decisión. Ante ello, los yaquis interpusieron un amparo en abril, que mantiene suspendida la construcción.
El tendido, de unos 850 kilómetros, tocará territorio yaqui en una porción de 90 kilómetros, en las inmediaciones de algunas de sus viviendas. En octubre, un enfrentamiento entre personas que respaldan y otras que se oponen al proyecto, dejó un indígena muerto y 14 lesionados.
Para Flores, la lucha indígena contra los megaproyectos se ha convertido en “un paradigma” y movilizaciones como la de Standing Rock “nos inspiran y nos reconfortan”, porque “compartimos patrones culturales”.
También en México, en el norteño estado de Sinaloa, los indígenas rarámuri mantienen desde enero de 2015 frenada la construcción de un gasoducto entre su territorio y el fronterizo estado estadounidense de Texas, sobre el que exigen una consulta libre, previa e informada, como es legalmente obligatorio.
Al contrario de Estados Unidos, los países latinoamericanos han rubricado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que protege sus derechos y obliga a ese tipo de consulta sobre obras que afecten sus territorios.
Pero en muchas ocasiones, denuncian dirigentes indígenas consultados por IPS, ese derecho no se ha trasladado a leyes nacionales o no se cumplen, cuando sus tierras ancestrales son incluidas en obras vinculadas a la actividad hidrocarburifera, minera, hidroeléctrica o de infraestructura.
Tanto el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, como la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, pidieron en septiembre al gobierno estadounidense consultar a las comunidades perjudicadas por el oleoducto.
“El hecho de no consultar a los pueblos indígenas es una violación a sus derechos. Además, las detenciones que han ocurrido también son una violación al derecho de libre reunión”, enfatizó Tauli-Corpuz a IPS este miércoles 9, en la conclusión de una visita académica a México.
Durante sus tres días en el país, la relatora especial participó en un coloquio internacional sobre derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, promovido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tauli-Corpuz también se entrevistó con representantes de 20 pueblos indígenas mexicanos afectados por gasoductos, hidroeléctricas, carreteras y minas. El gobierno mexicano anunció que invitará oficialmente a la relatora especial en 2017 para que examine el estado de indígenas en México.
La alta funcionaria detalló que una queja recurrente que recibió durante visitas que ha realizado a Brasil, Colombia, Honduras, Panamá y Perú es el irrespeto a la consulta que obliga el Convenio 169 y la inexistencia de esquemas que la garanticen. [related_articles]
En Costa Rica, el pueblo maleku, uno de los ocho originarios en esa nación, donde hay unos 104.000 indígenas, desconfían de la ampliación en marcha del Acueducto San Rafael de Guatuso, en el norte del país.
“Hubo una consulta mal hecha, simulada. Además, el pueblo no quiere los medidores de consumo de agua, porque tendrán que pagar más por el servicio”, explicó a IPS durante el coloquio la facilitadora jurídica de los maleku, Tatiana Mojica, que estudia introducir un amparo contra la obra.
Desde septiembre, indígenas sarayaku, de Ecuador, emberá-wounaan, de Panamá, y tacana, de Bolivia, han visitado el campamento sioux contra el oleoducto.
Thomas-Muller aseguró que “tenemos la oportunidad de frenarlo”. “Soy optimista de que seremos victoriosos aquí. Estos movimientos representan el martillo que caerá sobre la infraestructura petrolera en manos de los bancos y las grandes empresas. Queremos que aparezca la voluntad política”, sostuvo.
Los opositores preparan una gran movilización para el 15 de este mes, en el epicentro de la protesta para demandar al gobierno que niegue el permiso al oleoducto de Dakota.
“Esta lucha lleva una secuencia. Estamos firmes de que el gasoducto de Sonora no va a pasar”, aseveró Flores.
Mientras, Mojica sostuvo que “nos estamos uniendo para luchar contra los megaproyectos para que no nos afecten. Estamos haciéndonos escuchar”.
Para Tauli-Corpuz, la oposición a las megaobras es una característica compartida por los grupos ancestrales, “que es un imán que atrae la solidaridad de otros pueblos”.
Editado por Estrella Gutiérrez
