Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU fueron incapaces y, a veces, hasta se vieron reacias a intervenir en los enfrentamientos violentos ocurridos en la capital de Sudán del Sur en julio de este año, concluyó un estudio del Centro para Civiles en Conflicto (Civic).
El informe detalla cómo la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (Unmiss) no pudo proteger a la población civil durante el violento enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y la oposición.
Las fuerzas de paz no estuvieron dispuestas a intervenir porque estaban “superadas y no tenían suficientes armas y habrían tenido que enfrentarse al ejército sursudanés, cuando soportan grandes obstáculos del gobierno”, explicó Matt Wells, asesor de Civic para África y mantenimiento de la paz, en diálogo con IPS.[pullquote]3[/pullquote]
Además, la falta de respuesta de la fuerza de paz obedeció a la muerte de cascos azules chinos y a la falta de atención médica para los que quedaron heridos.
Unas 37.000 personas desplazadas residen en dos grandes campamentos, conocidos como sitios de Protección de Civiles (POC, en inglés), ubicados en Yuba.
Entre el 8 y el 11 de julio, estallaron enfrentamientos violentos cerca de ellos, poniendo en peligro a los residentes civiles, tanto dentro como fuera del campamento. Además, hubo varios disparos directamente contra sus instalaciones.
“Aun teniendo en cuenta el difícil entorno, Unmiss claramente no actuó como corresponde al cumplimiento de partes de su mandato, como la protección de civiles dentro y fuera de los sitios POC”, reza el informe de Civic.
Unmiss fue incapaz de actuar en gran parte porque el gobierno sursudanés obstruyó sus movimientos y su funcionamiento. Sin embargo, la mala planificación de imprevistos y el entrenamiento insuficiente previo a la crisis hizo que la fuerza de paz estuviera “mal preparada para responder a las amenazas contra civiles”.
La actuación de las fuerzas de paz fue similar a la que tuvieron en otro ataque contra los sitios POC en febrero de este año, cuando algunos cascos azules abandonaron sus puestos en el perímetro de los campamentos, se negaron a obedecer órdenes y no comprendieron o no quisieron respetar el mandato, según una investigación realizada por la propia ONU (Organización de las Naciones Unidas).
El informe del foro mundial sobre la crisis de febrero fue divulgado recién en agosto, un mes después del episodio de julio, observa el documento de Civic. Por lo que todavía no se habían hecho cambios operativos y la Unmiss seguía vulnerable.
Civic también detalla una serie de acontecimientos ocurridos en julio que llevaron a la ruptura de la cadena de mando dentro de la Unmiss.
En los enfrentamientos de julio, seis cascos azules chinos resultaron heridos cuando una granada propulsada por un cohete explotó cerca de su blindado. Dos de ellos murieron por la falta de atención médica adecuada. Eso hizo que sus compatriotas abandonaran sus puestos y que los portones del campamento quedaran abiertos y sin custodia, señala el informe de Civic.
“En su huida, algunos casos azules dejaron armas y municiones que agarraron algunos jóvenes de forma temporal”, añade.
Algunos cascos azules etíopes de los POC permanecieron en sus puestos, ayudaron a evacuar a las víctimas, ofrecieron pautas sobre cómo protegerse del fuego cruzado y, en ocasiones, repelieron ataques de soldados. Los casos azules ruandeses ofrecieron asistencia básica como atención médica, agua y refugio, detalla el documento.
Se estima que unos 5.000 civiles huyeron saltando las vallas y el alambre de púas hacia la base principal de la ONU. Pero las fuerzas de Unmiss habrían “disparado gases lacrimógenos contra ellos sin ninguna o poca advertencia”.
Además, las fuerzas de paz también fueron incapaces y, varias veces, no estuvieron dispuestas a defender a los civiles fuera del campamento tras el estallido de violencia.
Por ejemplo, el 11 de julio, la Unmiss recibió información de un ataque en un complejo de Yuba, pero “los cascos azules etíopes y chinos se negaron a ir y no estuvieron dispuestos a intervenir” a pesar de haber recibido la orden de responder.
Unos 100 soldados del ejército sursudanés habrían violado en grupo a cinco trabajadoras humanitarias extranjeras, agredido a decenas de personas más y ejecutado a un periodista sursudanés por su presunto origen étnico nuer.
Los casos azules tampoco protegieron almacenes importantes ni escoltaron camiones cisterna ni ambulancias, lo que permitió que soldados del ejército saquearan bienes por un valor de 30 millones de dólares, entre ellos unas 4.500 toneladas de alimentos de un solo depósito, suficientes para alimentar a unas 220.000 personas durante un mes.
Además, el riesgo contra la población civil continuó sin respuesta de Unmiss aun después de declarado un cese del fuego el 11 de julio.
Pero en especial, las mujeres y las niñas sufrieron un alto grado de violencia sexual generalizada cuando abandonaban el campamento en busca de alimentos para sus familias, coinciden numerosos informes.
“La lógica era que es mejor morir fuera del campamento o salir y ser violada que morir adentro. El hambre era visible”, relató un alto oficial de la Unmiss, según Civic.[related_articles]
La fuerzas de paz también demoraron en responder a la violencia sexual fuera de los campamentos.
Muchos cascos azules no estaban dispuestos a patrullar en vehículos no blindados, luego de que el ejército sursudanés limitara la circulación de blindados en ciertas áreas.
Además, la falta de comunicación entre la Unmiss y las comunidades dentro de los campamentos dificultó una vigilancia efectiva.
La responsable del programa África y mantenimiento de la paz de Civic, Lauren Spink, explicó a IPS: “muchas mujeres no sabían cuándo ni dónde estaban las patrullas y eso impidió que estas fueran un mecanismo de protección efectivo”.
El informe de Civic pidió al gobierno sursudanés que “cesara la obstrucción de los movimientos y de las actividades de la Unmiss”, y a esta que investigara e informara sobre el mal desempeño de sus fuerzas en la protección de la población civil.
Además, la organización subraya la necesidad de imponer un embargo de armas de inmediato contra Sudán del Sur para “limitar su uso contra la población civil y para responder a los continuos obstáculos del gobierno”.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU, de 15 miembros, sigue dividido sobre el embargo de armas y no ha tomado ninguna decisión al respecto.
“Nos gustaría ver menos condenas y más acción”, dijo Wells a IPS, refiriéndose a la costumbre del máximo órgano de seguridad de la ONU de emitir declaraciones de condena a la violencia, pero sin respuestas concretas.
El portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq, informó el 6 de este mes que la ONU esperaba la publicación de su propio informe sobre los episodios violentos ocurridos en Yuba en julio, lo que, según dijo, será pronto.
“Se decidió reemplazar a algunos comandantes de una unidad tras la crisis”, informó.
“En el contexto actual de Sudán del Sur, donde la misión de la ONU está desbordada, se decidió no reemplazar a toda la unidad sin posibilidades inmediatas y dejar a los sitios para la protección de civiles con menos recursos para defenderlos”, explicó.
Traducido por Verónica Firme
