Un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a la comunidad internacional que combata la evasión fiscal y suprima los paraísos fiscales que privan de recursos esenciales a la protección de los derechos humanos y el desarrollo mundial.
«La ONU ya no debe tolerar el escándalo de las jurisdicciones secretas que facilitan la evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero», exhortó el experto independiente del foro mundial sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, a la Asamblea General.[pullquote]3[/pullquote]
Las jurisdicciones secretas también son conocidas como paraísos fiscales.
De Zayas apuntó en particular a los costos humanos de estas acciones, al señalar que billones de dólares mantenidos en territorios externos para escapar a la tributación limitan los recursos necesarios para combatir la pobreza extrema y el cambio climático.
El funcionario estadounidense de origen cubano describió este «saqueo sistemático de la sociedad» en un nuevo informe presentado a la Asamblea General que concluyó que los paraísos fiscales guardan hasta 32 billones de dólares en todo el mundo. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, esta práctica les cuesta a los países en desarrollo más de 100.000 millones de dólares por año.
Solo en 2011, el Sur en desarrollo perdió casi 950.000 millones de dólares debido a movimientos financieros ilícitos, incluida la evasión de impuestos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ese monto fue siete veces superior a la ayuda oficial para el desarrollo de ese año y considerablemente más que los costos estimados para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La preocupación por el secreto financiero y la evasión fiscal se reavivó en abril de este año cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer los denominados Papeles de Panamá, que revelaron cómo un bufete de abogados panameño ayudó a miles de destacadas personalidades a crear empresas offshore secretas y a utilizar paraísos fiscales.
Dentro de los casi 12 millones de documentos filtrados está el caso de la empresa Heritage Oil and Gas Ltd Company, que la firma panameña Mossack Fonseca habría ayudado a evitar el pago a Uganda de 404 millones de dólares en impuestos mediante la reubicación al paraíso fiscal de Mauricio.
Para Uganda, que tiene servicios sanitarios deficientes y una de las tasas más altas de muertes maternas en el mundo, estos ingresos fiscales representan más que su presupuesto anual de salud pública. Mossack Fonseca niega haber cometido ilícitos.
La última filtración del ICIJ y medios de comunicación asociados reveló que políticos y otras personalidades utilizaron más de 175.000 empresas offshore en las Bahamas, incluida la ex comisaria de Competencia de la Unión Europea, Neelie Kroes. La funcionaria no declaró que era directora de una empresa offshore mientras ejercía el cargo público.
En mayo, un grupo de 300 economistas enviaron una carta a los gobernantes del mundo subrayando que no existe justificación económica para los paraísos fiscales y que el secreto financiero offshore debe cesar.
«Este sistema global abusivo tiene que tener un rápido final. Eso es lo que se entiende por buen gobierno en el marco del compromiso global con el desarrollo sostenible», expresó Jeffrey Sachs, director del Instituto Tierra de la estadounidense Universidad de Columbia y asesor especial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Sachs y otros destacaron la necesidad de nuevas normas internacionales que exijan a las empresas declarar públicamente las actividades sujetas a gravamen en los países en que operan.
Además de la necesidad de mejorar la transparencia, De Zayas instó a la Asamblea General a tomar la iniciativa mediante la redacción de un convenio que prohíba los paraísos fiscales y cree un órgano tributario intergubernamental que redacte y haga cumplir medidas no sólo para asegurar que las multinacionales paguen sus impuestos, sino también para llevar a juicio a quienes violen la ley.
«La corrupción, el soborno, el fraude fiscal y la evasión de impuestos tienen efectos tan graves contra la dignidad humana, los derechos humanos y el bienestar humano que sacuden la conciencia de la humanidad. Deben ser procesados a nivel nacional e internacional”, afirmó.
El experto también reclamó la protección de los denunciantes, que suelen los más «eficaces» a la hora sacar la corrupción a la luz.
«Los denunciantes, que deben ser considerados como defensores de derechos humanos, ya que contribuyen de manera significativa a una cultura de transparencia y rendición de cuentas, suelen pagar un precio muy alto. Está en el espíritu de un orden internacional democrático y equitativo la adopción de legislación que proteja a los denunciantes y testigos de las represalias y les proporcione vías de fácil acceso para hacer las revelaciones», agregó.
De Zayas espera que el próximo secretario general, el recién elegido Antonio Guterres, tome medidas enérgicas, ya que tiene una «oportunidad única» para luchar contra la evasión fiscal y los movimientos financieros ilícitos y, por lo tanto, debería convocar una conferencia mundial sobre el tema. Guterres reemplazará a Ban el 1 de enero de 2017.
«Espero sinceramente que la abolición de los paraísos fiscales y la creación de una Autoridad Fiscal de las Naciones Unidas con el mandato de luchar contra la evasión fiscal en el extranjero y de prohibir los paraísos fiscales, se encuentren entre las prioridades de Guterres», destacó.
Traducido por Álvaro Queiruga
