Los habitantes de barrios a los que llega la expansión de la construcción urbana, sufren “un doble desplazamiento” porque se les trastoca su hábitat y se encarece la zona, en un proceso “en que no se nos toma en cuenta”, cuestionó Natalia Lara, integrante de una asamblea vecinal del sur de Ciudad de México.
Esta estudiante de la maestría en Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) aseguró a IPS que en su colonia (barrio) existe «enojo e indignación» porque «hay una cuestión irracional en la construcción” que llegó a la zona.
A juicio de la integrante de la vecinal Asamblea de Santa Úrsula Coapa, una colonia de clase media baja, los responsables urbanos se enfocan en construir más viviendas y más edificios, pero “no se piensa en la dotación de servicios, hay cambios de uso de suelo arbitrario».[pullquote]3[/pullquote]
Lara vive cerca de la Planta de Asfalto de Ciudad de México, propiedad de la Secretaría (ministerio) de Obras de la capital, que opera desde 1956 y se ha convertido en foco de disputa entre los habitantes del sur metropolitano y la administración del izquierdista Miguel Mancera, su jefe del gobierno.
A mediados de 2014, el gobierno de Mancera anunció su intención de donar el terreno de la instalación asfáltica a la capitalina Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo de la Ciudad de México, para edificar allí la denominada Zona de Desarrollo Económico y Social (Zodes) de Coyoacán.
Ante ello, los vecinos se organizaron y formaron en septiembre de aquel año la Coordinación de Asambleas de los Pedregales, que aglutina a vecinos de cinco colonias de la delegación Coyoacán, una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la metrópoli de Ciudad de México.
Pero la cesión del terreno se hizo efectiva en diciembre de 2014, para una zona de desarrollo que incluía la construcción de un parque industrial y torres de edificios residenciales y de oficinas.
Para apaciguar el descontento, Mancera, del Partido de la Revolución Democrática, que gobierna la capital desde 1997, planteó modificar el plan inicial y convertir el área en un parque ecológico, a pesar de que el suelo está contaminado y tomará años sanearlo.
En mayo de este año, el jefe de gobierno anunció el cierre definitivo de la planta asfáltica y su reconversión en sitio ambiental, aunque no se ha revocado el decretó de la donación del terreno a la agencia capitalina, ni existe un plan para la reconfiguración de su uso.
Esta pugna atestigua las luchas por la ciudad, por cómo se define y apropia el espacio público, uno de los temas centrales de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible (Hábitat III), que acogerá la capital de Ecuador entre el 17 y el 20 de octubre.
En esa cumbre organizada por ONU Hábitat, los Estados parte asumirán compromisos alrededor del derecho a la ciudad, el financiamiento a la Nueva Agenda Urbana que saldrá de Quito y el desarrollo sostenible urbano, entre otros temas.
Ciudades como la capital mexicana, en cuya área metropolitana viven 21 millones de personas, están infestadas de problemas similares.
Elías García, presidente de la no gubernamental Ecoactivistas, lo conoce bien, porque lleva tres décadas de labor ambiental en la delegación de Iztacalco, en el este de la capital.
«Es evidente la falta de planeación y visión, nos afecta ese modelo por hacer proyectos económicos nada más. Se manifiesta en que no vemos una mejor convivencia. Nos estamos aislando más, ya no se va a jugar a un parque, ahora se va a una plaza comercial, se fragmenta la comunidad. Son problemas graves», enumeró a IPS.
El activista y sus vecinos han presenciado cómo en Iztacalco, en seguidilla, se erigieron una plaza de conciertos, un autódromo para la competencia internacional automovilística de Fórmula 1 y, recientemente, un estadio de béisbol.
Para ello se talaron casi 3.000 árboles y desaparecieron tanto espacios verdes como canchas deportivas vecinales.
La última medida fue la decisión de Mancera, en 2015, de anular la declaratoria de valor ambiental a la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, que protegía esa instalación desde nueve años antes, para así hacer espacio para construir en el lugar un estadio de béisbol. Los vecinos presentaron un amparo, pero lo perdieron en junio último.
Para Luisa Rodríguez, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Metropolitanos del estatal Instituto de Investigaciones José María Luís Mora, la ubicación geográfica de los residentes repercute en el goce de derechos, como a la ciudad, al ambiente o a la vivienda.
«El ejercicio de ciudadanía está vinculado a la idea de ciudad. Cuando se construye una ciudad altamente fragmentada, en un modelo para unos cuantos, hay una participación parcial en las instituciones sociales, como la educación y la salud. La ubicación determina el ejercicio de esos derechos, Están trazados por el lugar», dijo a IPS.
Los frentes abiertos entre los vecinos organizados y el gobierno de Ciudad de México son variados. Uno emblemático es que comenzó en 2015, cuando el gobierno capitalino intentó construir el Corredor Cultural Chapultepec, en el oeste de la metrópoli y contiguo al bosque homónimo, el mayor pulmón que conserva el contaminado territorio.
En diciembre último, los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, donde se ubica Chapultepec, rechazaron en consulta pública el proyecto, que pretendía mediante una alianza público-privada la construcción de un parque elevado que separaría el tráfico vehicular y el peatonal y un centro comercial. [related_articles]
En su reemplazo, el gobierno capitalino levanta el Centro de Transferencia Modal, a un costo de 300 millones de dólares y cuya primera etapa concluirá en 2018. Esa infraestructura albergará transporte público multimodal, un hotel de 50 pisos y un centro comercial.
Las Zodes, cuyo número original era de cinco en varias zonas de la metrópoli, tampoco parecen impulsar un mejor destino urbano.
«A pesar de los supuestos beneficios que ofrecen estas micro ciudades, no se han valorado los impactos negativos que tendrían este tipo de transformaciones al desalojar a la población, mismos que dejan de lado el concepto de sustentabilidad y la gestión estratégica que pretende generar el gobierno», escribió la urbanista Daniela Jay en la revista especializada Arquine.
El último borrador de la declaración final de Hábitat III, convenido en julio, no alude al proceso de construcción de la ciudad a partir de la inclusión y la participación activa de la ciudadanía, aunque se refiere al ejercicio del derecho a la ciudad y la importancia de dicha participación.
Los activistas ven claroscuros en el enfoque de Hábitat III.
La cumbre «va a reforzar leyes urbanas que dan preponderancia a la construcción de ciudades y se desplaza la visión de pueblos originarios y comunidades locales. No hay tendencia a la inclusión», cuestionó Lara.
García pidió oír a las poblaciones locales. «Tienen que escuchar a las personas que están comprometidas con el ambiente. Tiene que haber resultados relevantes», demandó.
Para Rodríguez, Hábitat III ofrece la oportunidad de abordar las urgencias urbanas. «Hay muchas expectativas de que los gobiernos puedan poner la mira en ciudades que se construyan a partir de sus habitantes y no de edificios», señaló.
Con o sin cumbre, las luchas por la ciudad en urbes como en la capital de México proseguirán.
Editado por Estrella Gutiérrez
