La aprobación por el gobierno de Chile de una central hidroeléctrica en la Patagonia, reavivó nuevamente la discusión sobre la sustentabilidad de esta fuente en su forma tradicional y su eficiencia en la construcción de una matriz energética limpia.
“La hidroelectricidad como proceso para obtener energía puede ser limpio y viable, pero para nosotros todo tipo de energía debe ser desarrollada a escala humana, y eso debe responder al tamaño y potencial de las comunidades”, afirmó a IPS la portavoz del movimiento Patagonia sin Represas, Claudia Torres.
Añadió que “hay varios factores por los cuales los movimientos socioambientales estamos en contra de las megas represas: por los mega impactos, y por el objetivo de esa electricidad, que apunta a saciar las necesidades de la mega minería que tiene otro descalabro (ambiental) en el norte” del país.
La lucha de esos movimientos contra las represas en la sureña región patagónica de Aysén tuvo una importante derrota el 18 de este mes, cuando se aprobó el proyecto de la central del Cuervo en ese indómito ecosistema, destinado a generar 640 megavatios.
Chile posee 17,6 millones de habitantes y una capacidad total instalada de 20.203 megavatios distribuidos mayoritariamente en los sistemas interconectados Central (78,38 por ciento) y del Norte Grande (20,98 por ciento).
La matriz energética chilena está compuesta en 58,4 por ciento de generación de diésel, carbón y gas natural, con una dependencia de los hidrocarburos importados que el país busca reducir drásticamente por razones financieras y por sus compromisos para mitigar el cambio climático.
La mega hidroelectricidad aporta 19,97 por ciento al total de la matriz, mientras que las fuentes renovables no convencionales suman 13,5 por ciento.
El país posee un enorme potencial de energías renovables no convencionales, que permitieron en 2014 al gobierno de Michelle Bachelet establecer una agenda para el sector, que proyecta para 2050 que 70 por ciento de la generación de energía provendrá de fuentes renovables.
En materia de recursos hídricos, este país sudamericano dispone de unos 6.500 kilómetros de costa, 11.452 kilómetros cuadrados de lagos y lagunas, 97 cuencas hidrográficas y 34 ríos transfronterizos, según cifras oficiales.
Aysén, en el extremo sur del país, es considerada el paraíso hídrico de Chile por sus caudalosos ríos, numerosos lagos y características lagunas. Su territorio alberga al lago General Carrera, el segundo más grande de América del Sur, por detrás del Titicaca en Bolivia.
Es en esa indómita y poco poblada región donde se pone la mirada para la explotación de la hidroelectricidad, una energía que es ampliamente rechazada por vastos sectores de la sociedad civil, que la consideran obsoleta y una amenaza al bienestar socioambiental de la población.
En cambio, el profesor Matías Peredo, experto en energía hidráulica de la pública Universidad de Santiago de Chile, asegura que el potencial hídrico de Chile permite que la hidráulica sea “una de las fuentes de energía que más podemos desarrollar”.
“Siempre es bueno diversificar la matriz energética y la energía hidroeléctrica, bien operada, es bastante sustentable”, afirmó en diálogo con IPS.
El experto añadió que un proyecto hidroeléctrico grande, pero bien operado, “es mejor desde el punto de vista ambiental y social, que varios proyectos pequeños que en suma logren la misma cantidad de megavatios”.
Para que una planta hidráulica sea bien operada, explicó Peredo, se debe lograr un buen uso del recurso para evitar fluctuaciones punta.
Precisó que “la generación hidroeléctrica en Chile depende de la demanda y el factor de carga que tenga la central”. “En otras palabras, la central solo puede operar previa autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y dependiendo de la disponibilidad de agua”, explicó.
“Esta combinación hace que la central hidroeléctrica esté operando un tiempo, luego deje de operar, vuelva a funcionar y nuevamente deje de funcionar. Entonces, genera fluctuaciones importantes de caudal y eso produce un estrés muy grande el ecosistema”, completó.
La ley que reforma y fomenta el sector de las energías renovables no convencionales, agrupa en esa denominación a la energía hidroeléctrica de hasta 20 megavatios de potencia, es decir, a las minicentrales hidráulicas.
Organizaciones ambientalistas, como Ecosistemas, consideran que las grandes centrales hidroeléctricas de embalse generan comprobados impactos sociales y ecológicos muy negativos.
Entre ellos, la inundación de grandes extensiones de tierra que destruyen flora y fauna; la alteración de ríos, que provoca su degradación bioecológica, entre otros impactos multidimensionales.
Junto a esto, las consecuencias sociales negativas de las grandes represas son proporcionales a sus múltiples impactos ambientales y por ellas, millones de personas han sido relocalizadas y desplazadas: entre 40 y 80 millones a nivel mundial en el año 2000, según datos de la Comisión Mundial de Represas.
“Es importante diversificar la matriz energética para uso local, con un buen respaldo, con energías limpias, con impactos bastante menores y potenciar el consumo y desarrollo de los territorios”, afirmó la activista Torres, desde Coyhaique, capital de Aysén.
“La generación descentralizada es clave”, para avanzar en materia de energía limpia y sustentable, aseveró y aseguró que la población de Aysén busca sustentar su matriz energética en base a energía eólica, solar y mareomotriz, entre otras.
Peredo coincidió en la importancia estratégica de la descentralización energética.
“La generación distribuida es una discusión que sin duda hay que hacer como país. Cobra mucho sentido que la generación eléctrica provenga desde lo más cercano”, resaltó.
El movimiento Patagonia Sin Represas obtuvo en 2014 un éxito histórico cuando el gobierno rechazó de forma definitiva el proyecto de HidroAysén, que pretendía la construcción de cinco centrales hidroeléctricas para generar globalmente 2.700 megavatios.
Pero ahora se enfrenta al revés de la aprobación de la construcción de la central de Cuervo por un especial Comité de Ministros, que es una decisión inapelable en el ámbito administrativo y deja solo la vía judicial para impedir su concreción.
Desarrollado por Energía Austral, una empresa mixta de los grupos Glencore (Suiza) y Origin Energy (Australia), el proyecto contempla una inversión de 733 millones de dólares y se emplazará en la naciente del río Cuervo, a unos 45 kilómetros de Puerto Aysén, la segunda ciudad de la región.
Para la línea de transmisión que conducirá la producción al sistema interconectado, se estudian las opciones de un trazado submarino y otro aéreo-submarino.
La polémica sobre la central se incrementa porque su construcción se proyecta sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui, una zona conformada por conos volcánicos activos, según alertan los expertos en el tema.
“Es un riesgo inminente para la población”, advirtió Torres.
Peredo refrendó que “no es un proyecto que estará bien operado” y que “desde su concepción estuvo mal diseñado”.
“Se dejaron de considerar aspectos relevantes, como la mezcla que en algún punto se produce de los ríos Yulton y Meullín y que podría tener consecuencias desastrosas en el ecosistema”, alertó.
Los opositores al proyecto ya anticiparon que recurrirán a la justicia y presionarán en los ámbitos social y político, en un año con elecciones municipales en el país.
“Nuestro objetivo es uno solo: que no se construya ninguna represa en la Patagonia, y así va a ser”, concluyó Torres.
Editado por Estrella Gutiérrez
