La vigesimosexta cumbre de la Unión Africana (UA) celebra el Año Africano de Derechos Humanos en su sede de Addis Abeba, Etiopía, pero el país elegido para el encuentro anual despierta serias inquietudes sobre el compromiso de la organización con los derechos humanos.
Las presuntas políticas de desarrollo económico de Etiopía no solo han ignorado sino habilitado y exacerbado los abusos de derechos humanos y civiles en el país del Cuerno de África donde se realiza la cumbre de la UA, cuyos jefes de Estado y de gobierno se reúnen el sábado 30 y domingo 31.[pullquote]3[/pullquote]
Un ejemplo es el acaparamiento de tierras en curso que abarca varias zonas etíopes a través de un controvertido programa público de reasentamiento colectivo. Este pretende trasladar por la fuerza a más de 1,5 millones de personas para dejarles la tierra a los inversores con el objetivo del presunto crecimiento económico.
El reasentamiento forzoso fue investigado por las organizaciones con sede en Estados Unidos Oakland Institute, International Rivers Network, Human Rights Watch e Inclusive Development International.
Desde noviembre, el plan maestro del gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE) para ampliar la capital Addis Abeba ha sido objeto de protestas en Oromía, la mayor y más poblada de las nueve divisiones étnicas del país y donde afectará a unos dos millones de personas.
Las fuerzas de seguridad mataron a 140 manifestantes al menos e hirieron y detuvieron a muchos más, entre ellos dirigentes políticos como Bekele Gerba, vicepresidente del Congreso Federalista Oromo, el mayor partido político de Oromia reconocido legalmente. Gerba fue detenido el 23 de diciembre y se desconoce su paradero.
Marginación política, detenciones arbitrarias, palizas, asesinatos, intimidación y violaciones sexuales sufren las distintas comunidades que defienden su derecho a la tierra. Esta violencia en nombre del crecimiento económico se basa en la ley de Proclama Antiterrorista de 2009, que permitió al gobierno consolidar su autoridad hegemónica absoluta mediante la supresión de toda forma de disidencia.
El informe La ley antiterrorista de Etiopía: una herramienta para reprimir la disidencia, de las organizaciones Oakland Institute y el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, escrito por abogados, entre ellos representantes de importantes bufetes jurídicos internacionales, analiza la Proclama de 2009.
El estudio confirma que el gobierno concibió y utiliza a la ley como una herramienta de represión para silenciar a sus críticos. La misma penaliza los derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y de reunión.
Su definición de «acto terrorista» no se ajusta a las normas internacionales dado que define el terrorismo de una manera muy amplia y vaga y otorga al partido en el poder mano de hierro para castigar palabras y actos que serían legales en una democracia.
La impresionante amplitud y vaguedad de la norma hacen que sea imposible que la ciudadanía sepa o incluso prevea cuál conducta puede violar la ley, sometiendo a los habitantes a sanciones penales graves.
Esto dio lugar a la sistemática retirada de la libertad de expresión a medida que se acusa de terroristas a periodistas y editores de prensa, líderes indígenas, activistas por los derechos de la tierra, blogueros, miembros de la oposición política y estudiantes.
En 2010 varios periodistas y críticos del gobierno fueron detenidos y torturados en el período previo a las elecciones nacionales. En 2014 seis publicaciones privadas fueron clausuradas tras sufrir el hostigamiento gubernamental. Al menos 22 periodistas, blogueros y directores de medios fueron procesados penalmente. Más de 30 periodistas huyeron del país por temor a ser arrestados de conformidad con las leyes represoras.
La ley también concede a la policía y demás servicios de seguridad facultades sin precedentes y desplaza la carga de la prueba al acusado. Etiopía secuestró a personas de países extranjeros, entre ellos el súbdito británico Andy Tsege y el noruego Okello Akway Ochalla, y los llevó a su territorio para enfrentar cargos de haber violado la ley antiterrorista.
Estos secuestros violan las condiciones de los tratados de extradición entre Etiopía y otros países, además de violar la soberanía territorial de los Estados involucrados y los derechos humanos fundamentales de los acusados.
Peor aún, muchos de los acusados denunciaron golpizas o torturas, como es el caso de Okello. Las principales pruebas que los tribunales tienen contra los detenidos son sus presuntas confesiones.[related_articles]
A algunos de los acusados se les procesó por actos producidos antes de que la ley entrara en vigor. Estos procesos judiciales violan los principios de legalidad e irretroactividad que Etiopía está obligada a respetar tanto por el derecho internacional como por el artículo 22 de su propia constitución.
Entre otros ejemplos destacados de acusados por la ley antiterrorista se encuentran nueve blogueros, el pastor Omot Agwa, que fue traductor de una comisión de inspección del Banco Mundial, y los periodistas Reeyot Alemu y Eskinder Nega, además de centenares de detenidos adicionales.
El pensamiento desarrollista se caracterizó por una tradición falaz que equipara al subdesarrollo económico con formas represivas de poder y a la modernidad económica con el gobierno democrático.
Sin embargo, Etiopía nos obliga a enfrentar que su renacimiento económico, muy celebrado por sus aliados de los países industrializados y donantes, depende de un violento gobierno autocrático. El caso etíope debería obligar a Estados Unidos y Gran Bretaña a cuestionar su propia complicidad en el apoyo al régimen de Etiopía, su aliado clave en África.
Dado el convincente análisis que brinda el informe es imperioso que la comunidad internacional le exija al gobierno etíope que suprima la aplicación de esta ley represora hasta que no modifique su legislación antiterrorista para adecuarla a las normas internacionales.
Quizá se dude en enfrentar la situación porque implicaría a los movimientos internacionales de la ayuda al desarrollo que hacen posible al gobierno del FDRPE. Etiopía encabeza las listas de beneficiarios de la ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña y el Banco Mundial, con un promedio anual de 3.500 millones de dólares.
Asombrosamente, la asistencia internacional asciende a entre 50 y 60 por ciento del presupuesto nacional de Etiopía. Evidentemente, la ayuda extranjera es indispensable para el gobierno, que ejerce la hegemonía represora sobre la expresión política y civil.
Es responsabilidad de los donantes internacionales dar cuenta de los efectos políticos de la ayuda al desarrollo con investigaciones exhaustivas y coherentes y la demanda de reformas políticas y prácticas democráticas como condición para la ayuda internacional sostenida.
Esto significará inevitablemente un nuevo tipo de renacimiento de Etiopía, que tenga por objeto el establecimiento simultáneo de la gobernabilidad democrática y la mejora de las condiciones económicas.
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad de la autora y no representan necesariamente las de IPS – Inter Press Service, ni pueden atribuírsele.
Traducido por Álvaro Queiruga
