El refugiado afgano Ghareeb Gul, de 40 años, llegó a esta provincia de Jiber Pajtunjwa, una de las cuatro de Pakistán, en 1979, cuando Rusia invadió su país, y se instaló en el campamento de Kacha Garhi, cerca de esta ciudad. Sus condiciones de vida no son buenas, pero podrían empeorar si regresa a Afganistán.
“No estamos felices aquí, pero no podemos volver a nuestro país porque la situación es extremadamente mala allí”, contó a IPS.
El campamento donde vivía fue destruido por las autoridades pakistaníes y unos 50.000 refugiados afganos debieron buscarse otro lugar para vivir.[pullquote]3[/pullquote]
En estos últimos años vivió en una choza de barro y piedra y se mantenía gracias a la venta de verduras, pero la situación se complicó en diciembre de 2014, cuando un atentado terrorista contra la Facultad y Escuela Pública del Ejército dejó 150 personas muertas.
El gobierno reaccionó tomando varias medidas, entre ellas la repatriación de refugiados afganos, como forma de hacer frente a la amenaza terrorista.
“Desde entonces, el gobierno persigue a los residentes ilegales”, se lamentó, refiriéndose a quienes no tienen los documentos en regla.
El gobierno de Pakistán evalúa una propuesta para ampliar la estancia de los refugiados afganos hasta 2017. Islamabad ya había extendido un permiso de permanencia por tres años en 2012, que vence este 31 de diciembre.
“Los ciudadanos afganos registrados probablemente puedan quedarse en Pakistán hasta diciembre de 2017, pero a los que están de forma ilegal los obligarán a retornar”, dijeron a IPS funcionarios del Ministerio de Estados y Regiones Fronterizas (Safron).
Aquellas personas que tengan en su poder el carné de Prueba de Registro (PoR) seguramente podrán quedarse en el país, pues Pakistán ya concedió tres ampliaciones de estadía para refugiados y ahora analiza la cuarta.
El gobierno de esta provincia, donde residen la mayoría de los refugiados por su proximidad con Afganistán, se opone a su permanencia.
“Afganistán es ahora un país pacífico y los refugiados deben ser repatriados lo antes posible”, declaró el ministro de Información provincial Mushtaq Ahmed Ghani. “Los afganos son responsables de delitos como asesinatos, secuestros con pedido de rescate y robos”, arguyó.
En noviembre, el gobierno de Jiber Pajtunjwa envió una carta a Islamabad pidiéndole que se asegurara de que los refugiadas afganos volvieran a su país a fines de 2015.
“La sugerencia surgió tras la reunión de la comisión tripartita, integrada por Pakistán, Afganistán y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); concederles permiso de permanencia a los refugiados es inaceptable”, dijo a IPS.
Pakistán aprobó un Plan de Acción Nacional contra el terrorismo en diciembre de 2014, que también incluyó la expulsión de todos los ciudadanos no registrados tras la masacre de la Facultad y Escuela Pública del Ejército, pero los avances son casi nulos ante la incapacidad del gobierno de diseñar un mecanismo para ponerla en práctica.
La mayoría de los refugiados indocumentados están muy preocupados por los planes del gobierno pakistaní porque sostienen que no hay trabajo en Afganistán.
“Fui a Kabul y estuve tres meses, pero regresé a Peshawar por motivos económicos”, relató el verdulero Malal Shah, a quien le fue difícil ganar suficiente dinero para mantener a su familia de ocho personas. “Pero aquí la policía nos hostiga porque no tenemos el carné PoR”, se lamentó.
La mayoría de los afganos son obreros, pero están satisfechos.
“Estamos contentos porque podemos vivir. Pero en Afganistán, la situación es muy mala. No hay salud, educación ni otros servicios, además de la falta de trabajo, por eso dudamos en regresar”, relató Sufaid Hashimzada, quien llegó a Pakistán en 1990 y nunca más regresó a su país.
“Amigos y familiares nos dicen que nos tenemos que quedar” en Pakistán, indicó. “Mis dos hijos estudian aquí. Si regreso, van a ser analfabetos”, acotó.
Kabul y Acnur se oponen a una repatriación forzada. La agencia propone que Pakistán los mande devuelta a través del programa de repatriación voluntaria, en el marco del cual solo regresaron 57.000 personas, de las 1,5 millones registradas, desde enero de este año.[related_articles]
Islamabad no está en posición de elaborar una política de repatriación para las dos millones de personas que se estiman no tienen el carné PoR.
Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señala que la mayoría de los refugiados afganos sufren acoso a manos de la policía pakistaní.
Muchos se vieron obligados a regresar a Afganistán ante el acoso y los abusos severos de las autoridades. Estas querían confinarlos a los campamentos, lo que es imposible por la falta de trabajo para ellos.
Gula Jan, quien conduce un vehículo de tres ruedas, contó que está harto de la policía. “No tenemos carné de conducir ni otros documentos, y la policía no nos permite manejar. La mayoría de los refugiados realizan pequeños trabajos para ganarse la vida y mantener a sus familias”, contó a IPS.
El jefe de gobierno de Jiber Pajtunjwa, Pervez Jattak, está enojado con Islamabad por no tomar medidas urgentes para repatriar a los refugiados, a quienes critica por haber “invadido la economía local”.
“No pagan impuestos y ocuparon casas en todas las ciudades, lo que creó un problema de vivienda para la población local”, arguyó.
Jhattak instó a Acnur y a la comunidad internacional a tomar medidas de inmediato para un pronto retorno de los refugiados a su país. “Participan en actividades delictivas y la policía no puede dar con ellos porque la mayoría no están registrados”, acusó.
Los refugiados afganos son la principal causa del aumento del terrorismo en este país, en especial en esta provincia, aseguró.
Mientras, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, le pidió a Pakistán que extiendiera el permiso de permanencia por dos años más.
Traducido por Verónica Firme
