La eficacia de los intentos por manejar de modo sostenible los bosques y conservar y potenciar el carbono que almacenan en Zimbabwe está cada vez más en dudas, mientras una nueva investigación alerta que la política de acceso y control sobre estos ecosistemas desafía su comprensión.
Todo se reduce a la cuestión de la tierra y de si las comunidades rurales locales pueden beneficiarse cuando no son las dueñas de ella.
Aún en los lugares donde sí la “poseen”, dicen los investigadores, estas comunidades a menudo se encuentran compitiendo con otros actores que se guían por diferentes consideraciones económicas, anulando los propios ideales que se impulsan bajo el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Pese al programa de reforma agraria del país, bajo el cual se redistribuyó tierra a millones de comunidades locales desposeídas, el Estado sigue siendo el mayor terrateniente, lo que genera preguntas sobre el empoderamiento comunitario y la propiedad de los bosques.
[pullquote]3[/pullquote]Los investigadores señalan un aumento en la demanda de tierras no solo en base al aumento de la población rural, sino también a las personas que se mudan a áreas rurales. Y no hay duda de que cualquier aumento de la demografía rural acarrea una mayor demanda de recursos naturales.
“La demanda de recursos naturales por la tierra crece año a año a un ritmo que no es sostenible”, dijo Steve Wentzel, director de Carbon Green Africa. Esto significa una reforestación del rango de millones, ya que estos árboles se plantan en predios que no pertenecen a las comunidades locales, en un momento en que algunos agricultores diezman cubierta forestal al usar leña para curar su tabaco.
La promesa de la iniciativa REDD+ fue que a través de la reforestación y al reducir las emisiones contaminantes, las comunidades tendrían acceso a o ganarían créditos certificados de reducción de esas emisiones, para venderlos o comerciarlos con los principales contaminadores, a fin de cumplir con sus propias metas de reducción.
Pero está claro que, como en cualquier transacción económica, quienes poseen los medios de producción son quienes más se enriquecen.
La tierra todavía es propiedad o bien del Estado o bien de las grandes empresas, y muy poco en manos de los más pobres del mundo. Y los países industrializados se benefician a expensas de las comunidades rurales.
Según Ian Scoones, coeditor junto con Melissa Leach del libro “Carbon Conflicts and Forest Landscapes in Africa” (Los conflictos por el carbono y los paisajes forestales en África), “los proyectos de carbono forestal –como las intervenciones previas en materia de uso, propiedad y manejo de bosques– no han sido la panacea que algunos habían esperado”.
Scoones dijo que “han surgido múltiples conflictos entre terratenientes, usuarios de bosques y creadores de proyectos. Lograr una ingeniosa solución basada en el mercado a la mitigación climática mediante proyectos de carbono forestal no es sencillo”.
Sobre el proyecto REDD+ de Zimbabwe, que ha cubierto 1,4 millones de hectáreas en el marco de Carbon Green Africa, Scoones señaló que las comunidades rurales, en tanto son las dueñas “tradicionales” y “administrativas” de la tierra, deberían tener la autoridad, “pero se ven enfrentadas contra fuerzas poderosas con otras ideas sobre los recursos y las prioridades económicas”.
Las organizaciones de la sociedad civil local sostienen que esto explica por qué las comunidades rurales son las menos beneficiadas.
[related_articles]Mientras, un informe del Ministerio de Clima del país observó que “los países ricos apenas han mantenido la promesa” de cumplir con sus compromisos, sembrando dudas sobre si las comunidades rurales realmente comerciarán créditos anticipados de carbono a cambio de efectivo.
Los pobres de las zonas rurales bien podrían decir “muéstrennos el dinero” para 2020, el año fijado en la cumbre climática de 2009 en Cancún para cumplir con las metas de reducción de emisiones.
Funcionarios climáticos y ambientales coinciden en que la titularidad de la tierra en el marco del REDD+ se ha vuelto un punto de fricción en su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo pueden las comunidades locales obtener dividendos especiales de los proyectos de carbono forestal.
“Las organizaciones de la sociedad civil representan los intereses de las comunidades locales y la falta de salvaguardas para hacer de este asunto un área de divergencia entre los gobiernos y esas entidades”, dijo Verónica Gundu, subdirectora en funciones del Departamento de Manejo del Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, Agua y Clima, en diálogo con IPS.
Por su parte, Wentzel, de Carbon Green Africa, que implementa el único proyecto REDD+ de Zimbabwe, en el valle de Zambezi, señaló a IPS que, tal como están las cosas, “los habitantes de estos distritos son los legítimos beneficiarios de las ganancias generadas a partir de sus recursos naturales aunque no posean títulos de propiedad sobre la tierra”.
Editado por Phil Harris
