El etnocidio, la nueva acusación contra la central hidroeléctrica Belo Monte, realza dimensiones más profundas de los conflictos y polémicas desatadas por los megaproyectos en construcción o planificados para la Amazonia brasileña.
La fiscal Thais Santi, del Ministerio Público Federal (MPF), anunció para “dentro de algunas semanas” una acción judicial contra Norte Energía, la empresa concesionaria de la central, con el argumento de que sus iniciativas para silenciar la resistencia indígena configurarían ese crimen.
“Será una innovación jurídica en Brasil”, alabó Wilson Matos da Silva, un abogado directamente interesado en ese “proceso pionero”, como indígena del pueblo guaraní que ha reflexionado sobre el tema en publicaciones de Dourados, la ciudad del oeste brasileño donde vive.
“No hay una legislación brasileña para etnocidio, un neologismo utilizado por analogía al genocidio, este sí tipificado en una ley de 1956”, aclaró. “El objeto del crimen no es la vida, sino la cultura, pero el objetivo es el mismo, destruir un pueblo”, acotó el defensor de causas indígenas.
“El etnocidio solo ocurre con omisión del Estado, por tanto involucrado en un potencial juicio”, matizó.
El tema se debate hace tiempo, especialmente entre antropólogos, en foros y cortes internacionales. La novedad en Brasil es llevarlo al ámbito judicial, “una iniciativa loable” que podría generar una jurisprudencia importante, concluyó en entrevista telefónica con Tierramérica.
Belo Monte fue hasta ahora blanco de muchas denuncias que buscaban trabar su construcción. La empresa es acusada de incumplir medidas exigidas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, para compensar o mitigar impactos de la obra, que represará el río Xingú para generar 11.233 megavatios, lo que la convertirá en la tercera central del mundo.
Los 22 procesos abiertos por el MPF no lograron paralizar la obra, pero sí la ejecución de algunas exigencias ambientales, como la compra de tierras para la Comunidad Indígena Juruna del Kilómetro 17, en la carretera Transamazónica, expuesto al trajín de la obra al vivir en un área muy cercana y demasiado pequeña.
“No hay condiciones para la Licencia de Operación”, la autorización final para que Belo Monte pueda llenar sus embalses y comience a generar electricidad a principios de 2016, concluyó el no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) en un informe divulgado el 29 de junio.
Están pendientes o incompletas muchas de las 40 exigencias iniciales, definidas antes de la subasta de la concesión en 2010, y también de las 31 “condicionantes” del componente indígena, arguye el ISA, muy activo en la cuenca del Xingú.
La protección de los territorios indígenas es una de esas fallas, reflejada en el aumento de la extracción ilegal de maderas e invasión de cazadores, ejemplifica.
Norte Energía alega haber invertido el equivalente a 68 millones de dólares en beneficio de los cerca de 3.000 habitantes de las 34 aldeas existentes en las 11 tierras indígenas bajo influencia de Belo Monte.
La construcción de 711 viviendas y la donación de 366 embarcaciones, 578 motores náuticos, 42 vehículos terrestres, 98 generadores eléctricos y 2,1 millones de litros de combustibles y lubricantes, hasta abril de 2015, son parte del programa.
Además se distribuyeron 8.000 cartillas y se capacitó profesores en el ámbito del programa de Educación Escolar Indígena, en acuerdo con los órganos estatales del sector.
“Pero los indígenas están insatisfechos, porque poco se ejecutó del plan, de las 34 Unidades Básicas de Salud prometidas, aún no funciona ninguna”, se quejó Francisco Brasil de Moraes, coordinador encargado en el Medio Xingú de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de apoyo a la población originaria.
Tampoco avanza el proyecto de actividades productivas, una prioridad por tratarse de la seguridad alimentaria y fuente de ingresos, añadió. Falta asistencia técnica para mejorar la agricultura y pocas de las 34 “casas de harina” comunitarias, para moler y tostar la mandioca (yuca), están en operación.
Otra medida indispensable, el Plan de Protección de las Tierras Indígenas, que prevé la instalación de bases operacionales y puestos de vigilancia, no es asumida por Norte Energía y “Funai no tiene recursos para esa gestión territorial”, lamentó Moraes a Tierramérica.
Pero las acciones que justifican la acusación de etnocidio ocurrieron o empezaron antes de esos proyectos en marcha, aunque con atrasos, que componen el llamado Plan Básico Ambiental-Componente Indígena.
Durante 24 meses, hasta septiembre de 2012, Norte Energia ejecutó un llamado Plan de Emergencia, con donaciones de bienes requeridos por las 34 aldeas, con un costo mensual equivalentes a 9.600 dólares para cada una.
Eso exacerbó el consumo de alimentos industriales, como refrescos, que afectaron la salud, aumentando la desnutrición infantil, y la seguridad alimentaria de los indígenas al inducir el abandono de la agricultura, la pesca y la caza, según el ISA.
“Norte Energía estableció con los indígenas una relación de cooptación de los únicos opositores de fuerte expresión, haciendo que sus líderes vinieran frecuentemente a la ciudad (de Altamira) para pedir más cosas en la sede de la empresa”, señaló a Tierramérica el coordinador adjunto de ISA en el Xingú, Marcelo Salazar.
División de las aldeas y deslegitimación de sus líderes fueron otros efectos de las acciones de la empresa, según el MPF.[related_articles]
“El llamado Plan de Emergencia fue propuesto por la Funai”, el órgano indigenista del gobierno, que también fijó la suma de 30.000 reales para las “inversiones mensuales”, destacó Norte Energía a Tierramérica, en una respuesta escrita de su departamento de prensa.
Se destinaba a la “Promoción del etnodesarrollo” que comprendió asimismo la donación de insumos y equipos agrícolas, construcción de pistas para aterrizaje de aviones y mejoras en 470 kilómetros de carreteras de acceso a las aldeas, puntualizó.
Fortalecer la Funai, con la contratación de 23 funcionarios pagados por Norte Energía y la adquisición de computadoras y vehículos, fue otro objetivo del Plan de Emergencia, informó la empresa.
Según los críticos, el énfasis en factores materiales, como embarcaciones, vehículos y obras físicas, siguen una lógica empresarial paralela, inconciliable con la visión de sus críticos, como argumenta Sonia Magalhães, socióloga y profesora de la Universidad Federal de Pará que también identifica un etnocidio en Belo Monte.
“Allí se observa una agresión a la cultura, una práctica colonizadora que tiene por objetivo la dominación y la destrucción de la cultura, que es un todo complejo y dinámico”, dijo a Tierramérica sobre el plan.
“Para los indígenas juruna y arara, el río Xingú tiene un sentido cosmológico que nosotros no somos capaces de entender, se trata de una referencia del tiempo, del espacio y del sagrado que está siendo agredido” por la construcción de la hidroeléctrica, matizó.
Indiferente a ese debate, Giliard Juruna, líder indígena de una aldea de 16 familias, visita Altamira, el centro urbano en torno a Belo Monte, con nuevos pedidos.
“Conquistamos ‘voladoras’ (lanchas con motor rápido), una camioneta y 15 viviendas para todos, pero las cosas acaban y es poco en comparación con lo que es posible”, sostuvo a Tierramérica.
“Pedimos voladoras también para la pesca, aunque el agua esté sucia, no tenemos saneamiento, tenemos escuela pero faltan profesores bilingües”, dijo añadiendo que busca “un proyecto de sustentabilidad” que involucra piscicultura, cacao, mandioca, con casa de harina y camión.
“Tenemos a quien vender nuestros productos, pero no el medio de transporte, pues el barco ya no sirve”, justificó. La desviación parcial de las aguas del Xingú para generar electricidad en Belo Monte, reducirá el flujo en la Vuelta Grande, donde está su aldea.
Publicado por la red de diarios latinoamericanos de Tierramérica.
Editado por Estrella Gutiérrez
