Paulo de Oliveira trabaja como taxista en la ciudad de Altamira, en el norte de Brasil, pero solo cuando está desempleado en lo que considera su verdadera profesión, operador de vehículos pesados, como hormigoneras, camiones y tractores especiales para grandes obras.
Desde hace unos meses conduce el taxi de un amigo por las noches, mientras espera empleo en la construcción de Belo Monte, una gigantesca central hidroeléctrica que divide opiniones e instituciones en Brasil, al aprovechar el caudal del amazónico río Xingú.
Pequeño, en contraste con los vehículos que maneja, Oliveira vivió en muchos lugares de la Amazonia. “Empecé en la Fuerza Aérea, un civil entre militares, construyendo aeropuertos, cuarteles y carreteras en Itaituba, Jacareacanga, Oriximiná, Humaitá y otros municipios”, desgranó a IPS.
La muerte de una hermana en un accidente automovilístico lo devolvió a Altamira, donde se dedicó a ser garimpeiro (minero informal). “Una vez quedé soterrado a 10 metros de profundidad en un túnel”, recordó.
Se salvó de ese y otros riesgos y ganó mucho dinero con el oro y el taxi en que transportaba mineros que le pagaban fortunas para ir y venir entre la ciudad y el “garimpo”. “Pero gasté todo con mujeres”, confesó.
Luego se fue a Manaus, la gran capital amazónica de dos millones de habitantes, para la construcción del monumental puente sobre el río Negro. En la siguiente etapa, Porto Velho, cerca de la frontera con Bolivia, se olió que algo malo pasaría en las obras de la central hidroeléctrica de Jirau y abandonó el puesto donde llevaba unos meses.
Días después, en marzo de 2011, estalló la rebelión de los trabajadores, que quemaron 60 autobuses y casi todos los alojamientos para 16.000 operarios, paralizando por varios meses la construcción de Jirau y de otra gran central vecina, Santo Antônio, ambas sobre el río Madeira.
Tras dar tumbos por otras obras, a los 50 años Oliveira regresó a Altamira, una ciudad de 140.000 habitantes a 55 kilómetros de Belo Monte, donde busca volver a trabajar tras hacerlo ya en 2013. Pero está difícil, porque la ocupación en esta obra está en descenso, al estar finalizando la construcción de las estructuras de hormigón.
Y es posible que obreros de su estirpe, especializados en construcción pesada, ya no tengan futuro en grandes hidroeléctricas. Belo Monte, por sus controversias, dificultará la realización de proyectos similares.
La evaluación que se imponga en el caso de Belo Monte dictará el destino de los planes del gobierno para el aprovechamiento energético de los ríos amazónicos, los únicos aún con potencial para generación a gran escala, ya agotada en otras partes de Brasil.
Un estudio del no gubernamental Instituto Socioambiental indica que de cumplirse los planes de construcción del gobierno para el periodo 2005-2030, las centrales hidroeléctricas amazónicas aportarán 67,5 por ciento de la nueva generación eléctrica de este país de 203 millones de habitantes.
El próximo proyecto de esa magnitud, São Luiz, sobre el río Tapajós, a oeste del Xingú, enfrenta un obstáculo aparentemente insuperable: la necesaria inundación de tierras indígenas por su embalse, vedada por la Constitución brasileña.
Belo Monte, cuyo proyecto original se modificó para no inundar tierras indígenas, es duramente criticada por afectar el modo de vida indígena. La fiscalía acusa a la empresa concesionaria, Norte Energía, de etnocidio y de incumplir obligaciones con comunidades originarias, que como protesta ocuparon y dañaron varias veces algunas de sus instalaciones.
São Luiz, diseñada para generar 8.040 megavatios, y otras centrales previstas para el río Tapajós enfrentan una resistencia potencialmente más eficaz, al encabezarla un pueblo significativo en la cuenca, el munduruku, con cerca de 12.000 integrantes.
En el área de influencia de Belo Monte viven poco más de 6.000 indígenas divididos en nueve grupos y casi la mitad en ciudades, según dijo a IPS el especialista Francisco Brasil de Moraes, coordinador sustituto en el Medio Xingú de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección a los pueblos originarios.
Otra batalla, la del desarrollo local, tiene menos repercusión internacional que la cuestión indígena, pero puede ser también decisiva para la aceptación de hidroeléctricas en la Amazonia.
Norte Energía, un consorcio de 10 empresas estatales y privadas y fondos de inversión, destina unos 1.100 millones de dólares en acciones de mitigación y compensación de los impactos sociales y ambientales en 11 municipios en el entorno de la megaobra.
Esta suma, sin precedentes en proyectos de este tipo, equivale a 12 por ciento del total de la inversión.
La empresa reasentó 4.100 familias, desalojadas de sus viviendas para construir el embalse, indemnizó a otras miles, reurbanizó parte de Altamira y del municipio de Vitoria de Xingú, incluyendo obras de saneamiento básico, y construyó o remodeló seis hospitales, 30 centros de salud y 270 aulas escolares.
Pese a estas cifras, las quejas llueven por todos lados.
Norte Energía instaló el alcantarillado y tuberías en las calles de Altamira, con modernas instalaciones de tratamiento de agua potable y servida. Pero se demoró 10 meses el acuerdo suscrito en junio para conectar esas redes a las viviendas, con la alcaldía gestionando y la empresa financiando.
Y llevará otro tiempo más que el Consejo edilicio cree una empresa municipal de saneamiento y que el servicio empiece a operar.
“A mi familia le prometieron tres casas, porque tenemos dos hijos casados, pero después nos quitaron el derecho a dos, quizás porque yo, enfermo, no pude reclamar”, lamentó José de Ribamar do Nascimento, de 62 años, reasentado en el barrio de Jatobá, al norte de Altamira, el primero construido para desalojados de asentamientos que inundará el embalse.
Cada vivienda tiene tres dormitorios, sala, cocina y baño en 63 metros cuadrados, más otros 300 de terreno, y sus calles están pavimentadas.
Con cáncer de próstata, Nascimento tiene dificultades para caminar y vive con una pequeña pensión, pero confía en un futuro mejor para la población local gracias a los empleos que genera la hidroeléctrica.[related_articles]
“Acá se vive mucho mejor, nuestra vieja casa se anegaba con las lluvias, caminábamos en el agua, sobre puentecitos de madera podrida”, comparó su mujer, Anerita Trindade, de 61 años. “A veces falta agua y no hay transporte para el centro de la ciudad, pero ahora estamos en tierra firme”, acotó.
Mejor suerte tuvo Francisco Assis Cardoso que a los 32 años se convirtió en el mayor comerciante de Jatobá. Su familia de cuatro hermanos obtuvo cinco casas contiguas. Eso le permitió construir un supermercado en sociedad con la madre y una farmacia. “Yo trabajaba en una farmacia, es lo que sé manejar”, justificó.
Pero se critica a Norte Energía por demorar sus promesas de escuelas, autobuses y puestos de salud en los cinco nuevos barrios y por “las injusticias” en la distribución de viviendas.
Un Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingú busca ir más allá de las compensaciones por desalojo y otros impactos de las represas. Una coordinación paritaria entre sociedad y gobiernos elije proyectos que se financian con aportes de Norte Energía.
La Agenda de Desarrollo Territorial se elaboró con estudios y consultas de un equipo contratado por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financió 80 por ciento de la construcción de Belo Monte.
Un tercer desafío de Belo Monte es probar su validez a críticos de su propio sector eléctrico, que se oponen a centrales de pasada, las que aprovechan el caudal sin retener el agua, tienen pequeños embalses y baja generación en el estiaje.
Belo Monte generará como promedio solo 40 por ciento de sus 11.233 megavatios de capacidad instalada. Para no inundar tierras indígenas, redujo su embalsamiento a 478 kilómetros cuadrados, 39 por ciento del previsto en el proyecto original de los años 80.
Editado por Estrella Gutiérrez
