“Nuestros derechos se respetan a medias, en unas partes nos reciben con atenciones, pero en otras es todo lo contrario. Falta educación y respeto para la gente de mi edad”, dijo a IPS la mexicana Hilda Téllez, de 70 años.
Horas antes, un taxista la había bajado de su vehículo después de negarse a transportar la silla de ruedas en que se moviliza, en el barrio de clase media de Villa Olímpica donde vive Téllez, quien se lamentó de la doble discriminación que soporta como adulta mayor y como discapacitada por una hemiplejia en el lado derecho de su cuerpo.
“Cuando me enfermé violaron mis derechos, porque me desmayé en la oficina, por el estrés que teníamos. Ya no volví al trabajo. Pero mi dictamen médico no fue por accidente laboral”, rememoró esta madre divorciada de tres hijos y abuela de ocho nietos, que laboró por más de 15 años en el Ministerio Público mexicano, hasta jubilarse en 2006.[pullquote]3[/pullquote]
Por esa razón, recibe por su retiro solo unos 225 dólares cuando su salario al jubilarse superaba los 1.250 dólares.
Discriminación, abandono familiar, falta de cuidados, de opciones laborales y de acceso adecuado a servicios sociales marcan las condiciones de los adultos mayores de 60 años en América Latina y el Caribe.
A esa realidad busca responder la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ya firmada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
Se trata del primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos de ese grupo poblacional y que necesita de la ratificación de dos Estados para cobrar vigencia.
La convención crea un sistema integral de cuidado para los adultos mayores, una Conferencia de las Partes y un comité de expertos que harán recomendaciones a los Estados.
Además, permite que cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental presente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte.
Actualmente en la región latinoamericana hay unos 71 millones de personas de más de 60 años y se estima que en 2040 este segmento de la población supere el de niños y niñas, según un foro internacional realizado en esta capital sobre los derechos humanos de los adultos mayores, por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).
Para Sandra Huenchúan, especialista en envejecimiento del Celade, los principales retos se refieren a la desprotección en la seguridad social, el acceso a la salud, inclusión laboral y la investigación relacionada con los derechos de las personas mayores.
“En muchas legislaciones hay una dificultad de aplicación, faltan garantías institucionales o jurisdiccionales que permitan hacerlas efectivas”, puntualizó a IPS la especialista.
Añadió que “hay una cantidad enorme de ámbitos en los cuales están desprotegidos, a pesar de haber mecanismos legales estandarizados. Para la sociedad, no está claro que los adultos mayores tienen derechos”.
Hasta ahora, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela son los países latinoamericanos que cuentan con una norma específica de protección de los derechos de las personas mayores.
La región enfrenta “el envejecimiento multigeneracional, un fenómeno complejo que nace con los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XX y se alimenta del aumento de la esperanza de vida, que permite la convivencia simultánea de varias generaciones”, al decir de la argentina María Isolina Dabove.
La experta del gubernamental Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina indicó a IPS que la vigencia de la convención significa “el primer reconocimiento explícito” del continente respecto de la especificidad de los problemas de las personas mayores.
“Se trata de un instrumento que garantizará la eficacia de los derechos de cualquier persona mayor”, planteó.[related_articles]
Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida al nacer en la región pasó de 51 a 75 años y se prevé que trepe a 81 hacia mediados de este siglo, según la Celade, adscrito a la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal).
Un ejemplo es lo que sucede en Argentina, donde la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores de 2012, arroja que de los algo más de 40 millones de habitantes, unos 14 millones tienen más de 60 años. Para 2050 la proyección es que una de cada cinco personas en ese país tenga 65 años o más.
En México, entre tanto, de los 120 millones de habitantes, siete millones superan los 65 años y se anticipa que para 2050 habrá más de 30 millones de adultos mayores.
En tanto, en Brasil, el país más poblado de la región, con 2002 millones de personas, hay más de 10 millones de personas de 60 años y más. Para 2025, ese segmento superará 16 millones y para 2050, 29 millones, según datos oficiales.
“El impacto concreto y real de la nueva convención interamericana en cada uno de los Estados está sujeto al proceso de incorporación al derecho interno del país. Es de desear que tenga la jerarquía legal que permita hacer realidad la construcción de una sociedad libre e igual para todas las edades”, sostuvo Dabove.
A Téllez, quien recibe atención médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le gustaría que hubiera clínicas especiales para que la atención fuese “más rápida y eficiente” y que empleasen a los adultos mayores.
“El gobierno puede poner atención para facilitar accesos, aprobar leyes más rigurosas, impartir educación vial y mejorar el trato que se nos da, aplicar multas severas para que la gente se eduque”, planteó la pensionista.
La región puede beneficiarse del llamado “bono demográfico”, un vasto segmento de jóvenes en edad de estudiar y trabajar, en condiciones de aportar al crecimiento económico, pero esa ventaja puede desvanecerse si no se invierte en el desarrollo humano de ese sector.
En el reporte de noviembre de 2014 “La nueva era demográfica en América Latina y el Caribe”, Celade plantea que ese bono puede cimentarse con inversión en educación y salud, particularmente de los niños, los adolescentes, los jóvenes y las mujeres.
“El envejecimiento debe ser parte de la preocupación de los Estados, pues no solo afecta a los sistemas de protección social sino a la vida de la comunidad y al desarrollo de los países, cómo prever y anticiparse a sus efectos”, recomendó Huenchúan.
Esa preocupación, puntualizó, “no debe traducirse solo en atender a los adultos mayores, sino en prever que tengan mejores condiciones para ejercer sus derechos”.
Editado por Estrella Gutiérrez
