Desde 2002, un año después de que invadiera Afganistán, Estados Unidos invirtió más de 100.000 millones de dólares en el desarrollo y la reconstrucción del país asiático de 30 millones de habitantes.
En ese lapso, 2.000 efectivos estadounidenses murieron en territorio afgano, en operaciones militares que le costaron billones de dólares a Washington.[pullquote]3[/pullquote]
Para sus detractores, el legado que dejó Estados Unidos es un fracaso colosal y costoso, no solo en términos monetarios, sino también por la muerte de 26.000 civiles afganos que provocó la acción militar estadounidense.
Pero otros destacan los beneficios socioeconómicos que dejó la ocupación.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) asegura que Afganistán mejoró su esperanza de vida, así como los centros de salud y el acceso a la educación, lo que representa el lado «positivo» de la intervención de Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, la pérdida de vidas debe contraponerse al hecho de que la gente vive más, menos madres mueren al dar a luz y más niños y niñas van a la escuela.
Pero el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (Sigar), John F. Sopko, sugiere que «gran parte de la entusiasta palabrería oficial (sobre la reconstrucción) debe tomarse con pinzas”, para no caer en los excesos informativos.
Instaurado en 2008 por el gobierno de Estados Unidos, el cargo del Sigar tiene la facultad de «fiscalizar, inspeccionar, investigar y revisar de otras maneras todos y cada uno de los aspectos de la reconstrucción”.
En un discurso el 5 de mayo, Sopko dijo que la reconstrucción es una «tarea enorme y de largo alcance» que prácticamente no dejó parte alguna de la vida afgana sin afectar.
Los fondos destinados a la reconstrucción afgana, entre ellos para apuntalar las fuerzas armadas y la policía, perforar pozos de agua y buscar alternativas al cultivo de la amapola, «superan el valor del… Plan Marshall para reconstruir Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial”, aseguró.
«Lamentablemente, desde el principio hasta el día de hoy, grandes cantidades del dinero de los contribuyentes se perdieron debido al derroche, el fraude y el abuso”, añadió.
«Estos desastres suelen ocurrir cuando los funcionarios estadounidenses que implementan y supervisan los programas no logran distinguir la realidad de la fantasía», explicó Sopko.
“Escuelas fantasmas, estudiantes fantasmas, maestros fantasmas”
En un ejemplo reciente de esta tendencia, dos ministros afganos citaron versiones de los medios locales para informar al Parlamento sobre el fraude en el sector educativo, alegando que funcionarios del gobierno de Hamid Karzai (2001-2014) falsificaron datos sobre el número de escuelas activas en Afganistán con el fin de recibir fondos extranjeros.
La oficina del «Sigar toma estas denuncias muy en serio, y dado que procedieron de personas de alto rango en el gobierno afgano, y también que la Usaid invirtió aproximadamente 769 millones de dólares en el sector educativo de Afganistán, el Sigar inició una investigación sobre el asunto”, declaró un funcionario del organismo a IPS.
La investigación oficial, presentada el 18 de junio al administrador interino de la Usaid, indaga en estadísticas, muy citadas, que señalan que la ayuda oficial al desarrollo dio lugar al incremento en la cantidad de estudiantes matriculados entre 2002 y 2013, de 900.000 a más de ocho millones, respectivamente.
Aunque la Usaid defiende las cifras, procedentes del Ministerio de Educación afgano, no tiene la capacidad para verificarlas de forma independiente.
Ante la acusación de la existencia de «escuelas fantasmas, estudiantes fantasmas y maestros fantasmas», el Sigar solicitó a la Usaid que responda si es capaz de investigar las denuncias y verificar que sus datos sean precisos para asegurar que no se derroche el dinero de los contribuyentes estadounidenses, explicó el funcionario del organismo.
Esa no es una tarea fácil en Afganistán, donde los alumnos se reparten entre 14.226 centros de enseñanza, principalmente en las zonas rurales, y donde ni siquiera el Ministerio de Educación tiene control sobre las amenazas a la seguridad, la alfabetización del personal docente o los detalles de los planes de estudio.
En 2014, el Sigar informó que el ministerio cuenta a los alumnos como «matriculados» aunque hayan estado ausentes de la escuela por tres años, lo que sugiere que el número real de niños y niñas en las aulas es muy inferior a la cifra oficial, que posteriormente emplean agencias de ayuda de Estados Unidos.[related_articles]
En su discurso del 5 de mayo, Sopko afirmó que un alto funcionario de la Usaid cree que hay unos cuatro millones de niños y niñas que asisten a la escuela, menos de la mitad de la cifra que manejan los compromisos de financiación actuales.
No hay duda de que hacen falta más fondos para reforzar el sistema educativo de Afganistán.
Según la oficina en Kabul de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, solo 31 por ciento de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir, una de las peores tasas de alfabetización del mundo.
También hay importantes diferencias según el género y el lugar de residencia. La alfabetización femenina se limita a 17 por ciento a nivel nacional, pero en Kabul se duplica a 34 por ciento, mientras que en las dos provincias del sur apenas roza 1,6 por ciento.
Las discrepancias entre las estadísticas oficiales y la realidad no se limitan al sector de la educación, sino que se manifiestan en muchas áreas del proceso de reconstrucción.
Por ejemplo, y según la Usaid, la esperanza de vida pasó de 42 años en 2002 a más de 60 años en 2014. Si eso fuera exacto, sería un gran avance.
Pero varias estadísticas en poder del Sigar, incluidos datos facilitados por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia y la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, indican un promedio de vida inferior, de hasta 50 años.
Aunque los datos originales proceden directamente de una encuesta sobre la mortalidad en Afganistán, que el Ministerio de Salud Pública afgano realizó en 2010 con fondos de la Usaid, al Sigar le preocupa que la «Usaid no verificó lo que… el ministerio hizo para corregir las deficiencias en sus funciones fiscal, presupuestaria, contable y de adquisiciones internas”.
El Sigar no es capaz de estimar concretamente las pérdidas provocadas por los programas mal planificados, el robo y la corrupción tanto de estadounidenses como de afganos, pero un funcionario del organismo dijo a IPS que es difícil imaginar que el costo total para los contribuyentes estadounidenses «no esté en los miles de millones de dólares”.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
