Doce años después de hallar en un acueducto rural los primeros residuos de pesticidas relacionados con el cultivo industrial de piña, cerca de 7.000 personas de cuatro comunidades del Caribe costarricense siguen sin poder utilizar el líquido de su acuífero.
Se trata de las comunidades de Milano, El Cairo, La Francia y Luisiana se ubican en el municipio de Siquirres, a 100 kilómetros al noreste de San José, dentro de una región dedicada a la producción agropecuaria, incluida la de piña (Ananas comosus), en el que hay alta presencia de compañías transnacionales.
Las cuatro localidades solo tienen acceso al agua potable que les llega por camiones cisterna.
“Es difícil y además si antes el camión venía todo los días, ahora pasa día por medio y cuando se estropea, hay alguna emergencia en otro lugar, o es feriado, las personas pasan sin agua potable casi cuatro días”, aseguró a IPS la presidenta del acueducto de Milano, Xinia Briceño.
Briceño lidera la Asociación Administradora del Sistema del Acueducto Rural de Milano, que sirve a cerca de 1.000 familias, y está frustrada con la demora. “Ya en agosto próximo son ocho años que dependemos del agua del camión cisterna”, detalló.
Desde el 22 de agosto 2007, estas comunidades agrícolas solo acceden al agua potable en esa forma y no pueden aprovechar el acuífero (depósito subterráneo) de El Cairo, porque quedó contaminado con el pesticida bromacil, usado en las plantaciones de piña de Siquirres, un municipio rural de 60.000 habitantes en la caribeña y agrícola provincia de Limón.
“Siguen apareciendo productos químicos en el agua. Hay temporadas mientras no llueve en que baja el grado de contaminación, pero cuando llueve vuelve a activar el químico”, sostuvo Briceño.
Los tropiezos de diversas instituciones del Estado para garantizar agua de calidad a los habitantes de esas cuatro comunidades revelan las complicaciones que enfrenta el aparato estatal costarricense para hacer valer los derechos de sus ciudadanos en zonas donde las empresas transnacionales se encuentran afianzadas desde hace largo tiempo.
Las evidencias técnicas señalan a plantaciones de piña cercanas al acuífero de El Cairo como responsables de la contaminación, en especial la finca La Babilonia, propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte SA, subsidiaria del grupo estadounidense Fresh Del Monte.
Pero son los organismos públicos los que han debido financiar el acceso al agua de la población afectada.
Como solución temporal, el estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) decidió en 2007 transportar agua potable con camiones cisterna a cada comunidad, donde en la actualidad los habitantes cargan tres veces por semana con sus recipientes para hacerse con el recurso.
En casi ocho años, el AyA ha gastado más tres millones de dólares en esta distribución de agua, según datos del Estado de la Nación. Briceño asegura que con ese monto se hubiera podido construir todo un sistema para captar agua desde otro acuífero cercano.
“La idea es construir un acueducto para tomarlo de una nueva fuente, en San Bosco de Guácimo. Pero eso significa moverla alrededor de 11,7 kilómetros”, explicó la lideresa comunal.
La primera evidencia de la contaminación ambiental llegó en 2003, cuando el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de la pública Universidad Nacional, detectó residuos de plaguicidas en agua para consumo humano en la zona. En 2007 y años sucesivos, posteriores análisis determinaron que el líquido era inviable para ser considerado potable.
Un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que varias entidades públicas debían resolver el problema, con el Ministerio de Salud y el AyA a la cabeza.
Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de cobrarle a los productores de piña por su daño ambiental, al no haberse logrado realizar una valoración económica del perjuicio, y siguen abiertos casos ante el Tribunal Ambiental Administrativo, presentados desde el 2010.
“Ese es uno de los atrasos que hemos tenido, porque parte del proceso de la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo implica una valoración económica del daño ambiental”, señaló Lidia Umaña, vicepresidenta y jueza de ese tribunal. “No todas las instancias son capaces de hacer esa valoración”, explicó a IPS.
La jueza detalló que sin este proceso será imposible determinar si las empresas deben pagar o no, pues “en esta instancia como en cualquier otra, hay que nombrar un grupo de peritos para que valoren el daño”.
Tras años de espera por una solución que no llega, el caso traspasó las fronteras de este país centroamericano y llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 20 de marzo, representantes de las comunidades afectadas, como Briceño, y del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), requirieron su intervención.
“En este momento la CIDH está preparando un informe sobre el derecho humano al agua y nos dijeron que van a incluir este tema”, señaló Soledad Castro, quien trabaja en el Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de Cederana y acompañó el caso de las comunidades ante el organismo con sede en Washington.
Castro criticó a IPS la abulia del Estado en solucionar el problema, exceptuando el AyA. A su juicio, “solo el AyA ha dado la cara, pero no ha sido suficiente con llegar a entregarnos cisternas. Es un costo elevadísimo el que ha asumido el AyA, pero al menos es una acción. Las demás han brillado por su inacción”.
El caso también ha merecido atención de otros organismos e instituciones internacionales, como la Red de Integridad del Agua (WIN, en inglés), que lo calificó como lamentable, por la incapacidad del Estado de proteger los derechos de sus habitantes y por la lenta y poco transparente reacción de las autoridades al envenenamiento.
“(El Estado) ha carecido de rendición de cuentas y transparencia en sus pruebas de laboratorio, la información dada a la comunidad y el cumplimiento de normativas y regulaciones”, asegura el informe de 2014 de WIN.
Según la Cámara de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), que agrupa a las empresas del sector en el país, en 2012 el cultivo de piña en Costa Rica ocupaba 42.000 hectáreas y su exportación reportó ingresos por 780 millones de dólares. Estados Unidos importó, 48 por ciento del total y el resto se destinó al mercado europeo.
Alertados por el crecimiento de los cultivos de la fruta en la zona y su posible impacto en las comunidades, los municipios de Guácimo y Pococí decretaron una moratoria a la expansión de esa agroindustria. Un dictamen judicial canceló la prohibición en el 2013, ante un recurso de apelación de la Canapep.
En 2014, el informe anual Estado de la Nación señaló que “el cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad” y recordó que en informes previos habían señalado el mismo problema.
IPS solicitó al director de relaciones corporativas de la Corporación Del Monte, Luis Enrique Gómez, su comentario sobre el problema del acuífero, pero no obtuvo respuesta.
Editado por Estrella Gutiérrez
