El gobierno de Indonesia tiene una política de tolerancia cero hacia el tráfico de drogas y el contrabando de drogas, y no tiene reparos en aplicar la pena de muerte para estos delitos.
Justo después de la medianoche del 18 de enero, seis condenados por delitos relacionados con las drogas fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento, la primera aplicación de la pena capital desde que el presidente Joko ‘Jokowi’ Widodo asumió el cargo el 20 de octubre.[pullquote]3[/pullquote]
Diez condenados más, ciudadanos de Australia, Brasil, Filipinas, Francia, Ghana, Indonesia y Nigeria, esperan su ejecución, tras su traslado a la prisión de la isla de Nusakambangan.
Antes de llegar Widodo, la aplicación de la pena de muerte había disminuido en esta nación archipiélago de 250 millones de habitantes. Cuatro personas fueron ejecutadas en 2013, tras un paréntesis de cinco años sin ninguna muerte legal, y tampoco el año pasado hubo algún caso.
No obstante, en la actualidad hay 138 personas, un tercio de ellas extranjeras, en el corredor de la muerte, principalmente por delitos relacionados con las drogas.
El gobierno afirma que su postura de línea dura tiene que ver con que 45 por ciento de las drogas ilegales del sudeste de Asia pasan por este país, convirtiéndolo en el mayor mercado de la región.
Citando estadísticas de la Junta Nacional de Estupefacientes, Troels Vester, el director de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) en Indonesia, calculó la cantidad de consumidores de drogas del país en 5,6 millones de personas este año.
Las estadísticas indican que el consumo abusivo de drogas mata a unos 40 indonesios cada día, una cifra disputada por organizaciones defensoras de derechos.
Las autoridades sostienen que esta situación refuerza la demanda de los servicios de salud, lo cual pone una presión indebida sobre el gobierno para que gaste los recursos públicos en tratamientos, pruebas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la terapia antirretroviral para las personas que viven con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
Pero la Organización de las Naciones Unidas indica que la pena de muerte no reducirá necesariamente los problemas del país derivados de las drogas, e instó a Yakarta a cesar las ejecuciones, en consonancia con el derecho internacional.
Este mes unos 40 grupos de derechos humanos de todo el mundo enviaron una carta al presidente Widodo, recordándole que las “ejecuciones son contrarias al artículo 28 (a) de la Constitución de Indonesia, que garantiza el derecho de todos a la vida».
“También violan las obligaciones jurídicas internacionales de Indonesia en virtud del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho inherente de todo ser humano a la vida”, añadió la carta.
Hasta la fecha, estas gestiones no persuadieron al mandatario, ni frenaron la dureza en la aplicación de la justicia local.
Ignorando la presión internacional
Widodo también rechazó los pedidos de clemencia, incluidas las súplicas de gobiernos extranjeros por la vida de sus ciudadanos. Cinco de los seis presos ejecutados en enero eran extranjeros.
El rey Guillermo de Holanda solicitó infructuosamente a Widodo el indulto del holandés Ang Kiem Soe, condenado por su participación en un plan para producir 15.000 pastillas de éxtasis al día.
Brasil y Holanda retiraron a sus embajadores de Yakarta luego de la ejecución de sus ciudadanos en enero, mientras que Australia aún intenta salvar a dos australianos. La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, ofreció un intercambio de prisioneros, pero su propuesta fue rechazada.
No “se transará” al respecto, se limitó a responder Widodo.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, entre otras, criticó la postura «atrasada» del presidente indonesio sobre la pena capital y lo acusó de manipular los datos para respaldar sus decisiones.
«Dice que entre 40 y 50 personas mueren cada día por las drogas, ¿pero de dónde saca esa cifra?», se preguntó Haris Azhar, coordinador de la Comisión de Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia (Kontras). La decisión de Widodo de aplicar la pena de muerte tomó de sorpresa a muchos, ya que nunca expresó su punto de vista al respecto durante la campaña electoral, añadió.
«Los hospitales, los médicos y el Ministerio de Salud no nos dan esos datos. Estas cifras provienen del organismo contra las drogas BNN, pero no están comprobadas”, afirmó Azhar.
Otros activistas, como Hendardi, director del Instituto Setara, una organización de derechos humanos, creen que el presidente está utilizando la pena de muerte para proteger su imagen y recuperar el apoyo popular tras las críticas por el mal desempeño del gobierno en la seguridad pública.[related_articles]
«No existen estadísticas que indiquen un efecto disuasorio de la pena de muerte», aseguró Hendardi a IPS.
«Jokowi está utilizando la pena capital… para demostrarles a sus críticos su firmeza. Creo que intenta recuperar su popularidad ya que la pena de muerte sigue siendo favorecida entre los indonesios”, opinó.
Si bien no existen encuestas nacionales que confirmen el apoyo popular a la pena capital, sondeos realizados por los medios de comunicación indican que alrededor de 75 por ciento de la población está a favor de las ejecuciones, sobre todo en casos de terrorismo, corrupción y narcotráfico.
Las ejecuciones las realiza un pelotón compuesto por 12 personas, que disparan a una distancia de cinco a 10 metros. A los condenados se les da la opción de permanecer de pie o sentados, de cubrir sus ojos con una venda u ocultar el rostro con una capucha.
Los condenados recién conocen su suerte 72 horas antes de la ejecución, una práctica criticada por los activistas.
El ministro de Derechos Humanos, Yasonna Laoly, reconoce que la pena de muerte quizás no resuelva los problemas del país con las drogas, pero cree que una política firme es el primer paso para impedir que millones de personas caigan «en la ruina» debido a los narcóticos.
La UNODC calcula que hay 110.000 adictos a la heroína y 1,2 millones de usuarios de metanfetamina cristalizada en Indonesia. Pero expertos como Azhar consideran que las ejecuciones no acabarán con el problema y, en cambio, sugieren que el país adopte un enfoque más humanitario.
En el mundo, «140 países abolieron la pena de muerte. Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en el país 141”, destacó Amnistía Internacional.
Pero si el presidente no cambia de parecer, es poco probable que eso suceda en un futuro próximo.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga
