El nuevo gobierno de Sri Lanka, que se comprometió a instalar un tribunal que investigue las acusaciones de crímenes de guerra durante el conflicto interno entre el gobierno y fuerzas separatistas, busca el apoyo político de Estados Unidos y de la ONU para aplazar una investigación internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mangala Samaraweera, inicia el miércoles 11 una visita oficial de tres días a Estados Unidos para plantear el caso del país ante el estadounidense secretario de Estado, John Kerry, y Ban Ki-moon, secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).[pullquote]3[/pullquote]
Estados Unidos fue uno de los principales promotores de una resolución aprobada en marzo de 2014 por el Consejo de Derechos Humanos que designó una comisión de la ONU, encabezada por el expresidente finlandés Martti Ahtisaari.
Su misión es la de investigar las «presuntas graves violaciones y abusos de derechos humanos y crímenes relacionados de ambas partes en Sri Lanka», durante la guerra (1983-2009) entre el gobierno y el grupo separatista Tigres de Liberación de Tamil Eelam.
Está previsto que el informe de esta comisión se presente en marzo en Ginebra, durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, pero Sri Lanka está buscando un aplazamiento.
En su visita a Nueva York, Samaraweera también se reunirá con representantes de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Sin embargo, «no esperamos que el gobierno lleve a cabo una investigación seria”, afirmó el director para Asia de HRW, Brad Adams, en diálogo con IPS.
El antiguo comandante del ejército, Sarath Fonseka, que lideró la victoria de las fuerzas armadas ante los Tigres de Liberación, integra el gobierno actual, lo cual sugiere que la investigación interna estará politizada, sostuvo Adams.
El activista también insinuó que la política local podría afectar la investigación, ya que el gobierno de Maithripala Sirisena, que asumió la presidencia el 9 de enero, celebrará elecciones parlamentarias en junio.
«La ONU debería seguir en el centro del proceso actual», añadió Adams, aunque felicitó al gobierno por reunirse con HRW.
«Estamos muy animados y contentos de reunirnos con el canciller», aclaró.
Sirisena y otras autoridades de Sri Lanka prometieron que el gobierno reinstaurará el imperio de la ley y realizará una investigación interna de los presuntos crímenes en virtud del derecho internacional, señaló David Griffiths, subdirector de Amnistía Internacional para la región de Asia y el Pacífico.
También se comprometieron a investigar el asesinato de periodistas, añadió.
«Estas son promesas importantes… siempre que las investigaciones se lleven a cabo con prontitud y de buena fe, con independencia, recursos suficientes y una protección eficaz de los testigos, y… cuando existan pruebas admisibles suficientes, que lleven a la acusación de los sospechosos de los delitos, independientemente de su rango o situación», subrayó.
Es fundamental que el cambio en el discurso se acompañe de un cambio en la voluntad política, seguida de la acción, añadió Griffiths.
«Una investigación interna no negará la necesidad de acciones y compromisos internacionales para asegurar la justicia y la rendición de cuentas en Sri Lanka, o la necesidad de… que coopere con la ONU «, declaró.
IPS le preguntó al embajador saliente de Sri Lanka ante la ONU, Palitha Kohona, sobre la posibilidad de que su país deba responder ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por este asunto.
«La CPI adquiere jurisdicción sobre un presunto infractor de sus disposiciones solo después de que el Estado correspondiente se haya convertido en parte” de la misma, explicó.
No es el caso de Sri Lanka, pero un Estado podría presentarse voluntariamente a la CPI. También es importante destacar que las personas individuales y los grupos pueden ser acusados ante el tribunal, recordó Kohona.
«Un individuo puede ser acusado si su país es parte de… la CPI, o si el Consejo de Seguridad” de la ONU “remitió el asunto a la” corte “o si un Estado acepta voluntariamente la jurisdicción” de la misma, precisó.
El juicio no es automático sino que surge tras un largo proceso de investigación, agregó.
Estados Unidos incluyó el Art 98 (2) en el estatuto de Roma que creó la CPI y que prohíbe que una persona sea sometida al tribunal si eso atenta contra las obligaciones contractuales de un Estado.
Con el fin de evitar que sus ciudadanos sean sometidos a la jurisdicción de la corte, Estados Unidos, que no ha ratificado el estatuto de Roma, realizó 143 acuerdos bilaterales, incluso con Sri Lanka.
Otra posibilidad, como sucedió con Sudán, que tampoco ratificó la CPI, es que el Consejo de Seguridad de la ONU decida sobre la comparecencia de ciudadanos de Sri Lanka ante el tribunal.[related_articles]
Pero una resolución de este tipo en el Consejo de Seguridad podría ser vetada por China o Rusia, ya que ambas mantienen estrechos vínculos políticos con el expresidente Mahinda Rajapaksa, que negó las acusaciones de crímenes de guerra y se negó a cooperar con la investigación de la ONU.
El nuevo gobierno de Sri Lanka se comprometió a «priorizar» su colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), según Griffiths.
La experiencia internacional y la asistencia técnica ayudarían a Colombo a cumplir las reformas que ha prometido, sobre todo en cuanto a la búsqueda de la verdad y justicia, añadió.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, criticó en 2014 al anterior gobierno de Sri Lanka por negarse a cooperar con la investigación de la ONU.
«Esta campaña continua de distorsión y desinformación acerca de la investigación, así como los intentos insidiosos de impedir que posibles testigos de buena fe presenten información al equipo de investigación, es una afrenta al Consejo de Derechos Humanos”, declaró entonces.
«El gobierno de Sri Lanka se negó de plano a cooperar con la investigación, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos lo solicitó expresamente», denunció Zeid.
Esa negativa “genera inquietudes sobre la integridad del gobierno en cuestión. ¿Por qué gobiernos sin nada que ocultar llegan a tales extremos extraordinarios para sabotear una investigación internacional imparcial?”, se preguntó el funcionario internacional.
Edición de Kitty Stapp / Traducción de Álvaro Queiruga
