Una comisión integrada por expresidentes latinoamericanos y destacadas figuras internacionales exhortó a modificar las políticas de control de drogas para cambiar la prohibición por la despenalización y la regulación.
El informe de 43 páginas de la Comisión Global de Políticas de Drogas denunció el fracaso de lo que se conoce desde hace más de 40 años como la “guerra contra las drogas” y argumentó que hacen falta estrategias nuevas que prioricen los derechos humanos y la salud.[pullquote]3[/pullquote]
“En este informe proponemos una amplia hoja de ruta para asumir el control de las drogas», escribió el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, quien preside la Comisión.
“Reconocemos que los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo fracasaron enfáticamente”, continuó en el preámbulo del informe “Asumiendo el control. Caminos hacia políticas de drogas eficaces”.
Estos enfoques tuvieron “como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos en todo el mundo. … En cambio, la Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque de políticas de drogas centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo”, según Cardoso.
Esto alentaría a los gobiernos a regular los mercados de drogas ilícitas, comenzando por la marihuana, la hoja de coca y ciertas drogas psicoactivas, a buscar alternativas a la cárcel para los traficantes no violentos y de poca monta, y a asegurar el acceso equitativo a medicamentos esenciales para el dolor, como los opiáceos, señaló.
La Comisión abogó por una estrategia pragmática que incluya la experimentación y el ensayo y error.
Entre sus 21 miembros, además de Cardoso, se encuentran el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Kofi Annan, la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y los expresidentes Ricardo Lagos (Chile), César Gaviria (Colombia), Ernesto Zedillo (México) y Aleksander Kwasniewski (Polonia).
También están el exsecretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz y el expresidente de la Reserva Federal de este país, Paul Volcker.
La presentación del informe se realizó el martes 9 en una conferencia de prensa en Nueva York, que contó con varios de los miembros de la Comisión.
Las recomendaciones del documento, mientras los gobiernos se preparan para la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, en 2016, generaron una respuesta mixta del gobierno de Estados Unidos, el principal impulsor de la actual política internacional desde que el expresidente Richard Nixon declarara por primera vez la “guerra contra las drogas” en 1971.
“Estamos de acuerdo en que debemos utilizar enfoques basados en la ciencia, recurrir a alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos… y asegurar el acceso a medicamentos para el dolor», declaró Cameron Hardesty, de la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas.
«Sin embargo, discrepamos con que la legalización de las drogas hará que la gente sea más sana y que las comunidades sean más seguras”, añadió.
No obstante, analistas independientes sostienen que las recomendaciones de la Comisión probablemente ayuden a avanzar sustancialmente la discusión sobre la política de drogas, aunque solo sea por la talla de sus integrantes.
«Este es un informe muy importante que provocará una discusión y un debate más serio», afirmó Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un influyente centro de investigación con sede en Washington, en diálogo con IPS.
“Ya hubo cambios importantes en el ámbito estatal” de Estados Unidos “y en algunos países de América Latina, y esto va a avanzar las cosas”, aseguró.
«La idea detrás de este informe y del momento de su publicación es asegurar que no se repitan las consignas vacías, como ‘un mundo libre de drogas, podemos hacerlo’, que fue el tema de la UNGASS en 1998”, dijo John Walsh, experto de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
«Para evitar que se repita, la idea es asegurar que sea inevitable un debate verdadero. Eso no quiere decir que los países del mundo se unirán en torno a este nuevo paradigma de la regulación legal, en lugar de la prohibición, pero la esperanza es que estos problemas no se puedan ignorar”, agregó.
«Ahora no quedan dudas de que el genio de la reforma se escapó de la botella prohibicionista», dijo Ethan Nadelmann, director de la Alianza por una Política de Drogas.[related_articles]
“Los expresidentes y otros miembros de la Comisión no se andan con rodeos al insistir que las políticas nacionales y mundiales de control de drogas rechacen las políticas prohibicionistas fracasadas del siglo XX a favor de nuevas políticas basadas en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos”, subrayó.
En 2011, la Comisión publicó su primer informe en el que también condenó como un fracaso la guerra contra las drogas e hizo una serie de recomendaciones destinadas a “romper el tabú” sobre la legalización y la regulación de algunas sustancias ilícitas.
En ese proceso, ofreció un respaldo político para que algunos gobernantes de América Latina defendieran reformas similares, entre ellos el ahora expresidente de México, Felipe Calderón, y los actuales presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Uruguay, José Mujica, cuyo país se convirtió en diciembre de 2013 en el primero en el mundo en aprobar la regulación de la producción, la distribución y la venta de la marihuana en un marco legal.
A mediados de 2013, la Organización de Estados Americanos (OEA) también dio a conocer un informe encargado por los mandatarios de la región que incluía la legalización como una alternativa política y favorecía con firmeza la opinión de que las drogas se deben encarar como un problema de salud pública y no de seguridad.
Entre otras medidas, el informe de la OEA propuso legalizar y regular la producción, la distribución y la venta de marihuana, una recomendación que fue adoptada por Uruguay y, en Estados Unidos, por los estados de Colorado y Washington. Casi la mitad de los estados de este país legalizaron el cannabis con fines médicos, y 17 despenalizaron la posesión personal.
Prácticamente todos los observadores concuerdan en que la guerra contra las drogas fracasó. A medida que descienden los precios de las sustancias ilícitas, se calcula que los gobiernos gastan 100.000 millones de dólares anuales para reprimir el tráfico y el consumo. La ONU estimó que el valor del tráfico mundial de drogas ilícitas supera los 350.000 millones de dólares.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
