Los indígenas de Costa Rica, que sobreviven entre agresiones de agricultores y ganaderos que invaden sus tierras y queman sus casas y pertenencias, lograron un nuevo aliado: el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien sostuvo un encuentro con 36 de sus líderes durante una visita al país.
Los líderes de los ocho pueblos originarios del país le expusieron la necesidad de incluir mujeres indígenas en los procesos de consulta, le contaron episodios de violencia contra los indígenas y sus muchas luchas para todo, incluso para conseguir un documento de identidad.
Pero, subrayaron, su preocupación más apremiante es la ocupación por “el hombre blanco” de zonas indígenas, lo que genera crecientes episodios de agresiones de productores agrícolas que invaden sus territorios ancestrales y pretenden expulsarlos de ellos, pese a que una ley garantiza sus derechos de propiedad colectiva.[pullquote]3[/pullquote]
El último episodio violento sucedió en la comunidad de Cedror, dentro del territorio indígena de Salitre, en el sureste del país.
Allí,el pueblo bribri empezó un proceso de recuperación de tierras ocupadas por productores agropecuarios, llamados “finqueros”, y estos respondieron quemando ranchos y bloqueando el acceso al territorio.
La violencia contra los indígenas, entre el 5 y el 8 de julio, requirió la intervención en el lugar de la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga, enviada por el presidente Luis Guillermo Solís, junto con representantes de la Defensoría de los Habitantes y del Ministerio de Justicia y Paz.
Unos 80 atacantes llegaron el día 5, armados con piedras y armas de fuego, sacaron con violencia a pobladores de sus ranchos (viviendas indígenas) y después las quemaron con todas sus pertenencias.
Ligia Bejarano, una de los tres indígenas que expusieron la situación de los pueblos originarios al secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), le relató cómo en 2010 los indígenas fueron desalojados de la Asamblea Legislativa mientras exigían la aprobación de una nueva ley indígena.
Según esta lideresa indígena, Ban se mostró muy receptivo respecto a sus planteamientos y les dijo que estaba “enterado” de las últimas agresiones contra los indígenas en este país centroamericano, que representan 2,6 por ciento de los 4,5 millones de personas.
El secreatario general de la ONU visitó Costa Rica oficialmente el miércoles 30, para seguir en viaje privado en el país cuatro días más.
“Recalcó que el diálogo es una herramienta muy poderosa y que debemos seguir fomentándolo, siempre y cuando haya participación de las bases en la comunidad”, dijo a IPS la indígena brunca Magaly Lázaro, otra participante en la reunión.
“Este es un grupo de poblaciones marginalizadas que han sido discriminados por mucho tiempo de las sociedades”, señaló Ban en referencia a los indígenas, poco después del encuentro, durante una conferencia magistral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
“Un vacío que me llevo es que esta reunión tan importante duro muy poco, en cinco minutos no me alcanzaron para decir lo que siento, no se puede resumir tantas cosas porque es más el problema de lo que se ha resuelto”, explicó a IPS otra expositora, Justa Romero.
El territorio indígena que concentra los mayores problemas es Térraba, ubicado a 150 kilómetros al sureste de San José. En torno a 85 por ciento de sus tierras están ocupadas por personas no indígenas, de acuerdo con el informe del Estado de la Nación 2012, elaborado por el independiente Consejo Nacional de Rectores.
Esto a pesar de que la Ley Indígena de Costa Rica, vigente desde 1977, declara que estos territorios son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan.
Eso significa que aunque hayan adquirido las tierras y tengan títulos de propiedad de los terrenos, los documentos y las compras no tendrán ningún valor.
En la reunión con Ban, los líderes indígenas contaron a IPS que le pidieron que les ayude a promover que los poderes públicos aceleren los procesos para que sus derechos sean respetados y se apoye su desarrollo propio y autónomo.
“Ahora queremos ver cuántas personas no indígenas están dentro de nuestro territorio… no es solo decir que encontramos una u otra cosa, es decir: vamos y lo quitamos y demostramos que esto es verdaderamente de los indígenas”, dijo la bribri Romero, de la Asociación Comisión de Mujeres Indígenas de Talamanca, en el sur caribeño.
Los cerca de 100.000 miembros de los pueblos bruca, ngäbe, brirbi, cabécar, maleku, chorotega, térraba y teribe, según datos del Censo Nacional 2011, se agrupan en 24 territorios indígenas, repartidos por todo el país. En conjunto, esos territorios abarcan cerca de 350.000 hectáreas, en torno a siete por ciento de la superficie del país.[related_articles]
La viceministra Zúñiga aseguró tras visitar Salitre que el gobierno de Solís, en la Presidencia desde mayo, reconoce el derecho de los indígenas a su territorio y los acompañará en la recuperación de sus tierras.
“Empezamos a hacer un análisis de lo relacionado a la demarcación de Salitre y estamos tomando los primeros pasos para ver quiénes (de los no indígenas) tienen fincas en el territorio y a quienes les asiste el derecho de indemnización”, aseguró a IPS el asesor de temas indígenas de la Presidencia, el indígena maleku Geiner Blanco.
Un proyecto de ley que busca paliar las carencias institucionales del país se encuentra en la Asamblea Legislativa desde hace 19 años.
Entre las reformas propuestas están que sean Consejos Indígenas quienes ejerzan la gobernanza de sus tierras, que los no indígenas salgan de los territorios y que los nativos tengan educación diseñada de acuerdo a su cosmovisión y cultura.
“No queremos ser pedigüeños del Estado. Si nos aprueban la ley, podemos autodesarrollarnos según nuestra visión de qué debemos proteger en bosques y mantener en aguas”, aseguró a IPS el boruca José Carlos Morales
“Pero no lo quieren aprobar. Quieren que sigamos siendo pedigüeños”, planteó este dirigente que participó en la redacción de la Ley Indígena promulgada en 1977 y quien trabajó durante cinco años en el Consejo para Derechos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La brunca Lázaro, de 29 años, dijo a IPS que ella se conformaría con dejar de tener miedo, ese que comenzó a sentir en agosto del año pasado, cuando visitaba Salitre y preparaba los alimentos con un grupo de mujeres y niños, mientras los hombres habían ido a revisar los límites de la zona.
“Ibamos a comer cuando llegó muchísima gente con garrotes y palos a encerrarnos y poner una cerca en cuestión de segundos. Se cambiaban las armas de un lugar a otro”, explicó. “Era una turba de finqueros y personas blancas, había escuchado de esta violencia, pero no la había vivido, me quedó el miedo”, dijo.
