Peter Gichangi, un agricultor de verduras y arrurruz que posee cuatro hectáreas de tierra en el condado de Nyeri, en la Provincia Central de Kenia, planta sus cultivos próximos al río Nduyi.
“De vez en cuando el río Nduyi se desborda e inunda mi finca, pero la pérdida es pequeña en comparación con la buena cosecha y las ganancias cuando los patrones del clima son buenos”, dijo a IPS.
Gichangi es solo uno de numerosos pequeños productores que se dedican a la agricultura comercial alrededor de cuencas de agua en Kenia, según datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Recursos Naturales.
En este país de África oriental de 35 millones de habitantes, los pequeños agricultores aportan al menos 75 por ciento de la producción del sector, señala el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
«Debido a la lucha por la escasez de la tierra y a que la agricultura aquí es de secano, ahora tenemos más y más campesinos que invaden las zonas de captación de agua», explicó Nancy Mumbi, investigadora agrícola del gobierno en la Provincia Central.
Esto es característico en el centro de Kenia y en el valle del Rift, que es considerado el granero del país y que lo atraviesa de norte a sur, agregó a IPS.
Mumbi señaló que el gobierno intenta frenar la práctica con “multas de hasta 600 dólares o penas de cárcel hasta de seis meses, o ambas cosas.”
Sin embargo, Ken Muchai, del Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales, adviertió que “la falta de una política nacional de gestión de los recursos naturales provoca el agotamiento de nuestra riqueza natural.”[related_articles]
“Es posible que ya nos quedemos sin leones en los próximos 20 años. Estamos perdiendo 100 leones por año por los conflictos entre humanos y animales”, contó a IPS.
El funcionario recordó que en 2012 se lanzó el plan de Desarrollo de Recursos Naturales y Gestión de Políticas abordará estas cuestiones.
“Y hay muchas políticas sectoriales que ya están en revisión para facilitar la conservación y gestión de los recursos naturales”, agregó.
De hecho, Kenia cuenta con al menos 90 normas para la gestión de sus recursos naturales, pero los expertos aseguran que esa abundante legislación es débil e insuficiente para afrontar el reto de la gestión sostenible.
Kevin Kinusu, encargado del clima y la defensa energética en Hivos, una organización no gubernamental holandesa que promueve el desarrollo, dijo a IPS que las leyes no fueron eficaces en el contexto de la economía capitalista del país.
“Las fuerzas del mercado pasaron por alto la importancia de la gestión sostenible de los recursos naturales. Debido a la actual locura por la construcción de bienes raíces, los humedales en zonas del condado de Nairobi, partes del condado de Kiambu y de hecho, en muchos lugares del país se convirtieron en áreas pobladas”, destacó.
Kinusu explicó que si bien existen políticas como el Atlas de los Humedales y el Plan Maestro para la Conservación y Manejo de Cuencas de Agua, “no tenemos una política integral de conservación de los humedales y algunos sufren una fuerte presión a pesar de su importancia como recurso de agua para la productividad agrícola y el mantenimiento de los medios de subsistencia”.
El valor real de estas áreas protegidas ha sido ignorado y “se le otorgó el predominio a las fuerzas del mercado y a la avidez extrema por la economía basada en el dinero a expensas de nuestra salud ambiental y de los recursos naturales”, sostuvo.
Kinusu dice que hubo un par de casos exitosos en la gestión del patrimonio natural, como la rehabilitación del ecosistema del bosque de Mau, el mayor de cinco reservas acuíferas del país. Añade que la cubierta forestal del país también pasó “de alrededor de dos por ciento a casi seis por ciento”.
Duncan Okowa, encargado de programas del keniano Instituto para la Ley y la Gobernanza Ambiental, manifestó a IPS que la ley de 1999 “debería haber sido la política global”.
Esa norma crea un marco para la legislación ambiental y para fijar mecanismos legales e institucionales adecuados para la gestión del ambiente.
Sin embargo, señaló que su texto quedó superado por otras normas que lo hacen obsoleto.
Por ejemplo, la Constitución de 2010 tiene exigencias que la ley de 1999 no contempla. Además, hay legislaciones específicas promulgadas después de esa norma de gestión. “Por ejemplo, tenemos la ley de Aguas de 2002, la Forestal de 2005 y la del Suelo de 2012”, detalló.
La Constitución exige que las comunidades ocupen un lugar central en la gestión de los recursos naturales, pero muchas siguen excluidas de la industria minera, valorada en miles de millones de dólares.
“Los contratos de producción compartida, firmados entre el gobierno y las compañías petroleras, suelen favorecer a las empresas, ya que se firmaron bajo la arcaica Ley del Petróleo de 1986”, aseguró a IPS el director ejecutivo en Kenia de Transparencia Internacional Kenia, Samuel Kimeu.
“En la adjudicación de las licencias de explotación minera se utilizaron mecanismos poco claros para desplumar al Estado, al poner en riesgo las condiciones establecidas en la adjudicación y actuar contra el interés colectivo, lo que atentó contra los ingresos públicos”, afirmó.
Deben adoptarse leyes progresistas que reflejen las nuevas realidades, opinó Okowa.
“Hay que crear un entorno propicio para que estas leyes sean eficaces y para que las instituciones de desarrollo reciban apoyo técnico y financiero”, agregó.
