La sociedad de Puerto Rico siente cómo se sacuden sus cimientos desde que las consultoras Standard & Poor’s y Moody’s rebajaron en febrero la calificación de su riesgo crediticio a chatarra.
Pero los problemas actuales “llevan mucho tiempo en desarrollo, incluyendo años de déficit, de sistema previsional desfinanciado y de desequilibrios presupuestarios, además de siete años de recesión económica”, según Moody’s.
Ubicado en el mar Caribe, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos.
Para pagar los servicios de la deuda, el Poder Legislativo de Puerto Rico están aprobando medidas a las que se oponen los sindicatos, como echar mano al fondo de retiro de los maestros. A comienzos de este año se adoptó la ley 160, que reformó esas jubilaciones.
Los sindicatos cuestionaron la ley ante la justicia. Y el 11 de este mes, la Suprema Corte de Justicia falló que algunas de sus disposiciones son inconstitucionales porque violan los contratos laborales de los maestros.
Los sindicatos docentes festejaron el fallo como un triunfo, si bien la Corte mantuvo otros artículos de la ley que afectan pagos extraordinarios por Navidad, licencias estivales y beneficios médicos.
La crisis fiscal es resultado del fracaso del modelo económico de Puerto Rico, según el sindicalista Luis Pedraza-Leduc.
“Nuestro modelo económico, que consiste en suministrar mano de obra barata a las industrias farmacéutica y petroquímica y a la manufactura liviana, está agotado”, dijo Pedraza-Leduc a IPS.
“En las últimas décadas hubo una tendencia mundial a reducir al mínimo la participación del Estado en la economía”, añadió Pedraza-Leduc, responsable del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego y portavoz de la Coordinadora Sindical, que reúne a una decena de sindicatos.
“Los que antes se consideraban servicios básicos a ser proporcionados por el Estado, ahora se convierten en mercancías en manos de empresas privadas. Para no tener que reducir esos servicios esenciales, el gobierno se endeudó”, añadió.
Según datos de la oficina del gobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), la deuda pública llegó a 10.000 millones de dólares en 1987, cuando gobernaba el mismo PPD, y alcanzó los 20.000 millones de dólares en 1998, durante la gestión de Pedro Rosselló, del Nuevo Partido Progresista.
[related_articles]Bajo el gobierno de Sila María Calderón (2001-2005), del PPD, la deuda pasó a 30.000 millones. Y al concluir su mandato en 2012, el gobernador Luis Fortuño, del mismo partido, dejó a Puerto Rico con más de 60.000 millones de dólares de deuda. Pedraza-Leduc recordó que sucesivos gobernadores adoptaron más medidas neoliberales.
“Rosselló privatizó la salud, la compañía telefónica y la empresa del agua. El gobernador (Aníbal) Acevedo Vilá (del PPD, 2004-2007) creó el impuesto a las ventas minoristas (conocido como IVU)”, dijo.
Fortuño despidió a más de 30.000 empleados públicos, e introdujo las “asociaciones público-privadas”, que los sindicatos consideran esquemas de privatización mal disfrazados.
Al comenzar su mandato, en 2013, García Padilla privatizó el aeropuerto internacional de San Juan, y está considerando nuevos impuestos.
La Constitución obliga al gobierno a honrar sus deudas.
“Para pagar a los tenedores de bonos, el gobierno puede clausurar escuelas, reducir el servicio diario del Tren Urbano y el sistema de emergencia telefónica 911 y congelar la contratación de empleados públicos”, advirtió Pedraza-Leduc.
También “considera reducir las bonificaciones por Navidad y los días de licencia por enfermedad”, señaló.
Según la economista Martha Quiñones, de la Universidad de Puerto Rico, esta isla experimenta “la misma crisis que Grecia y Detroit”. Sin embargo, “aquí es más amplia por nuestra situación colonial”, dijo.
“Nuestra economía consistía en atraer corporaciones extranjeras con mano de obra barata e incentivos fiscales”, un modelo “exógeno” y dependiente de inversiones del exterior, explicó a IPS.
“No funcionó. No se crearon suficientes empleos, y los desempleados no pagan impuestos. Las empresas locales terminaron asumiendo la carga tributaria que fue exonerada a las extranjeras, entonces muchas debieron cerrar. No había competencia en condiciones de igualdad entre el capital nacional y extranjero”, añadió.
Para Quiñones, la sentencia de muerte la decretó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, en vigor desde 1994) y otros acuerdos de liberalización comercial forjados por Estados Unidos, que abarataron aún más la mano de obra disponible en otras regiones, y liquidaron la escasa ventaja comparativa de Puerto Rico.
Sucesivos gobiernos intentaron compensar esos fracasos solicitando a Washington bonos de alimentos y seguros de desempleo y otras formas de asistencia social.
También se emitieron bonos, que condujeron al endeudamiento y a la debacle actual.
La alternativa para Quiñones es un modelo económico “endógeno”, que fortalezca las capacidades nacionales en vez de mirar al exterior para cubrir las necesidades. “El gobierno debe apoyar a las empresas de capitales locales”, dijo. “Esas son las empresas que crean empleos y que pagan impuestos”.
“El gobierno también debe recaudar el IVU, que la mayoría de los comerciantes no están pagando. Se necesita una reforma tributaria progresista, y los ricos que evaden impuestos comparecer ante la justicia. Hay que empezar investigando a las empresas que aceptan solamente pagos en efectivo, y a las personas que solicitan una segunda hipoteca. Esas son señales rojas muy obvias”, señaló.
Quiñones también opina que el sistema de salud debe pasar a ser de pagador único, “en lugar del ineficiente e insostenible que tenemos ahora”.
Según Pedraza-Leduc, “los trabajadores se enfrentan a tres opciones: pueden emigrar, resignarse a la pobreza o salir a las calles para organizarse y luchar por la justicia”.
Sin embargo, admitió, las perspectivas de una lucha popular son por lo menos inciertas porque “falta de conciencia de clase. Tal vez no estemos preparados para una confrontación”, dijo.
Para él, la salida es la educación. “Propongo un proyecto educativo, una Escuela Sindical que pueda trascender a los sindicatos y diversificarse en asuntos más amplios, favoreciendo así la lucha política”, expresó.
“Y necesitamos un nuevo modelo, debemos hablar en concreto de justicia y de una distribución equitativa de la riqueza”, añadió.
Será preciso reexaminar la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. “Nuestro estatus actual no nos permite firmar acuerdos comerciales con otros países. Podríamos estar asociándonos a otros países, y también obtener petróleo más barato de Venezuela. Pero así no podemos”, concluyó.
