Afganistán se prepara para celebrar elecciones presidenciales el 5 de abril, y muchos se preguntan si el próximo gobierno también barrerá debajo de la alfombra las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en este país.
Activistas de la sociedad civil en Bamiyán –capital de la provincia central del mismo nombre en la que el movimiento radical islamista Talibán destruyó en 2001 dos antiguas estatuas de Buda– parecen especialmente interesados en lo que los candidatos tienen para decir sobre la “justicia transicional”.
El término se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas, incluyendo acciones penales, creación de comisiones de la verdad y reformas institucionales, que implementa un país para reparar violaciones masivas a los derechos humanos, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional.
“La justicia es necesaria para alcanzar la paz”, dijo Ismail Zaki, coordinador regional de la Red de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos (CSHRN, por sus siglas en inglés), en diálogo con IPS.
“Sin justicia, la paz no es ni real, ni fuerte, ni estable. Yo diría que la justicia, que también implica que se rindan cuentas por crímenes pasados, es incluso más importante que la paz”, sostuvo.
Cualquier proceso, para ser efectivo, debe incluir un reconocimiento de crímenes pasados, dijo Said Hussein Shah Hussainy, asistente de la unidad de observación e investigación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC).
Tanto Zaki como Hussainy dijeron que es importante revisar e implementar el gubernamental Plan de Acción por la Paz, la Reconciliación y la Justicia, de 2005, destinado a revisar el historial del país en derechos humanos.
Adoptado por el presidente Hamid Karzai y apoyado por la comunidad internacional, el plan establece cinco ejes de acción, incluyendo la búsqueda de la verdad, la reconciliación y medidas para que los responsables rindan cuentas.
Pero hasta la fecha no ha sido plenamente implementado, señalaron los investigadores Niamatullah Ibrahimi y Emily Winterbotham en el estudio “Caught Between Past and Present” (Atrapado entre el pasado y el presente), basado en entrevistas a sobrevivientes de tres masacres en Afganistán.
“La estrategia favorita tanto del gobierno afgano como de la comunidad internacional para abordar el legado de las pasadas y presentes violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en Afganistán ha sido barrerlas debajo de la alfombra”, señaló Sari Kouvo, cofundador y codirector de la Red de Analistas de Afganistán, con sede en Kabul, en un documento titulado “A Plan Without Action” (Un plan sin acción), publicado en julio de 2012.[related_articles]
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió un cuestionario a los 11 candidatos presidenciales afganos en carrera sobre temas de derechos humanos. Los pocos que respondieron se mostraron dispuestos, al menos en el papel, a cambiar el curso de la justicia transicional. Sus respuestas fueron divulgadas el 9 de febrero.
Abdalá Abdalá, uno de los principales contendientes y jefe de la Coalición Nacional de Afganistán, dijo a HRW que “la justicia transicional es uno de los discursos más importantes en nuestra sociedad”.
Pero también advirtió que, para evitar “un uso político indebido” del concepto e impedir “el fortalecimiento del espíritu de venganza”, “es necesario crear un apropiado contexto cultural, moral y legal a través del cual se pueda realizar una discusión”.
Aparte de él, solo otros tres candidatos –Qutbuddin Helal, Daoud Sultanzoy y Qayum Karzai– respondieron el cuestionario de HRW.
Qayum Karzai, hermano mayor del presidente Hamid Karzai, más tarde renunció a su candidatura para apoyar a otro postulante.
Incluso Helal, vinculado al partido radical islamista Hezb-e-Islami, dijo a HRW que es “importante responsabilizar y castigar a los violadores de derechos humanos”, y señaló que deben ser “procesados en caso de que exista evidencia creíble, para que se conviertan en una lección para otros”.
Sin embargo, representantes de la sociedad civil temen que los llamados a una justicia transicional exacerben las divisiones si no se realizan de forma adecuada.
“Antes de trabajar en la justicia transicional, debe haber un gobierno legítimo y respetado en pleno control del país”, subrayó Alí Jan Fahim, miembro de la CSHRN en Bamiyán, en diálogo con IPS.
“Solo entonces, cuando los señores de la guerra ya no estén en el poder, será posible trabajar en ello. Si lo hacemos antes, nos matarán, o al menos crearán más inestabilidad”, advirtió.
Por su parte, Amir Sharif, profesor de sociología en la Universidad de Bamiyán, dijo a IPS: “Hoy los criminales y sus partidarios están en el gobierno. Tienen poder. Debemos enfocarnos más en la unidad nacional”.
“Podremos discutir (la creación de) un tribunal especial, sea nacional o internacional, solo cuando haya un gobierno central, fuerte y en funciones, aceptado por la mayor parte de la población”, sostuvo.
Zaki, de la CSHRN, dijo: “Antes de abordar el tema de la justicia transicional, se necesita tiempo. Todavía no es el momento. Tenemos que dejar que la idea tome forma en la mente de las personas. Debemos trabajar en ello cuidadosamente”.
Pero algunos sostienen que la justicia transicional es impracticable en Afganistán debido a la dinámica interna del poder, la arraigada cultura de impunidad y la falta de voluntad de la comunidad internacional.
“Dudo que ocurra en el futuro. Los criminales son más poderosos ahora, y los que sufrieron abusos no tienen medios para exigir justicia”, dijo a IPS el director de la organización no gubernamental Shuhada, Gholam Hussein.
Pero Alí Wardak, profesor afgano en el Centro de Criminología de la británica Universidad de Glamorgan, tiene otra opinión.
“La investigación de AIHRC titulada ‘Un llamado a la justicia’ demostró que la población afgana quiere que se haga justicia y se rindan cuentas, y sabemos que si no hay justicia no puede haber paz”, dijo a IPS.
“El pasado no se puede cambiar. Nunca es tarde para afrontarlo”, añadió.
