El archivo del caso de la esterilización forzada de más de 2.000 mujeres en Perú durante el régimen de Alberto Fujimori representó un sorpresivo cambio del fiscal encargado. ¿Qué pasó? Esta investigación de IPS confirma que las vías jurídicas no están agotadas.
El fiscal Marco Guzmán Baca emitió el 24 de enero la resolución que puso fin en esa instancia a la investigación de las esterilizaciones forzadas que se practicaron en Perú entre 1996 y 2000. En ella dispone no denunciar penalmente a Fujimori (1990-2000), ni a tres exministros de Salud y otros funcionarios acusados de responsabilidad en el delito.
“Nos llevaron en camiones. Entramos inocentes y contentas. Pero escuchamos gritos y corrí (…). Las puertas estaban cerradas con candado. Me llevaron en camilla, me ataron los pies y ahí me cortaron”, contó a IPS la víctima Micaela Flores Bañares, de la provincia de Anta, en la sureña región de Cusco, que entonces tenía siete hijos.
Eran unas 30 mujeres que fueron al centro de salud bajo el engaño de una campaña para un chequeo general, recordó.
El dictamen fiscal solo determina procesar a personal de salud del norteño departamento de Cajamarca. Las esterilizaciones formaron parte del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) que crearon Fujimori y su equipo para reducir drásticamente la natalidad en las zonas más pobres del país y que afectó sobre todo a mujeres rurales y quechua hablantes.
Como titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Guzmán tomó el caso en julio de 2013, luego de que las investigaciones se reabrieran en noviembre de 2012.
El proceso, actualmente con 142 tomos, es de larga data. En mayo de 2009, la fiscalía ya había archivado la investigación contra los exministros y otros funcionarios, pese a los reiterados exhortos del sistema interamericano de derechos humanos.
En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el que Perú aceptó indemnizar a la familia de María Mamérita Mestanza, quien murió tras ser esterilizada en Cajamarca.
También se comprometió a investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron las esterilizaciones forzadas.
Tras años de idas y vueltas, las organizaciones de derechos humanos vieron una luz en el interés de Guzmán en investigar a Fujimori como autor mediato de esta práctica generalizada y sistemática.[related_articles]
A fines de noviembre, el fiscal advirtió que existían “indicios reveladores de la presunta participación en los hechos de Alberto Fujimori”, por lo que amplió la investigación sobre el caso Mestanza y otros.
La abogada Rossy Salazar, de la organización Demus y defensora de las víctimas, informó a IPS que esta advertencia del fiscal figura en la foja 60277, parte de un reporte del caso dirigido al fiscal Víctor Cubas, coordinador de las fiscalías de derechos humanos.
Guzmán admitió en entrevista con IPS haber señalado que “había indicios de la participación de Fujimori”. Para entonces, el fiscal ya había entrevistado a más de 500 víctimas, principalmente de los departamentos de Piura (noroeste) Cusco (sur), detalló, aunque en su resolución de 131 páginas dice que solo pudo interrogar a más de un centenar.
Además, Guzmán tenía evidencias de que se trató de un plan con metas, incentivos y hasta sanciones para el personal que incumplía las cuotas de esterilización, según documentos obtenidos por organismos gubernamentales que investigaron los hechos.
Demus invocó esos documentos oficiales en el recurso de queja que presentó el 28 de enero contra la decisión del fiscal, ante el propio organismo de acusación pública.
El recurso menciona cuatro cartas que el exministro de Salud, Marino Costa Bauer, dirigió a Fujimori en 1997. En el oficio N° SA-DM-0722/97, el ahora exculpado en el proceso reporta al entonces mandatario del incremento de la producción de servicios de AQV “y que debemos estar cerrando el año 1997 con una producción total bastante cercana a la meta”.
IPS preguntó al fiscal: “¿Por qué después de determinar en noviembre que había indicios de la participación de Fujimori, usted termina excluyéndolo de esta responsabilidad poco tiempo después?”
“Para poder examinar había que interrogarlo. Yo fui a interrogar a Fujimori y él ha respondido algunas preguntas, otras no. En algunas ha invocado el silencio. Luego su defensor adjuntó los documentos. Eso era importante porque nunca antes se le ha entrevistado a Fujimori por este caso”, respondió Guzmán.
El interrogatorio a Fujimori, el 15 de enero en el penal Barbadillo donde purga condena de 25 años por delitos de derechos humanos, duró entre dos y tres horas. Una semana después, el fiscal archivó la investigación contra el expresidente.
“¿Fue determinante la entrevista con Fujimori para resolver si él tuvo participación en el caso?”, insistió IPS. “Es algo que se ha considerado, pero no es determinante. Lo determinante es el paquete normativo que tengo que aplicar (…) No hay un soporte normativo que refuerce la imputación”, dijo.
El fiscal argumenta que la legislación peruana no tipifica como delito la esterilización forzada, así que no representa un soporte legal. En su resolución señala que los hechos denunciados no constituirían delitos de lesa humanidad, que se aplican para un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que no prescriben.
En el plano internacional, el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional, sí contempla el delito de esterilización forzada. El Estatuto solo entró en vigor en julio de 2002 para Perú, después de que se consumaran los hechos y se iniciaran las denuncias, pero “desde inicios de los 90 la comunidad internacional ya consideraba la esterilización forzada como un crimen”, recalcó Salazar.
En su recurso, Demus argumenta que la resolución del fiscal “no agota la investigación penal”. Es solo “el paso inicial en la búsqueda de la verdad” y no cierra la fase probatoria. Por eso, pide que una instancia fiscal superior acuse para que el caso siga. Otra vía para reabrirlo sería la introducción de una nueva denuncia de una víctima.
Demus, además, proyecta presentar a la CIDH la situación en marzo.
El 31 de enero, Guzmán publicó un artículo en el diario El Comercio, en el que señaló que “la única manera de responsabilizar a Fujimori es con la autoría mediata y, según el Tribunal Constitucional, no concurren los requisitos de esta, dado que en el caso no hay estructura rígida vertical, pues no es posible obligar a un médico a operar contra su voluntad”. “Son casos aislados”, dijo a IPS.
Según el Ministerio de Salud, entre 1993 y 2000 se practicaron 346.219 esterilizaciones femeninas y 24.535 masculinas, 55,2 por ciento de las cuales fueron realizadas en el bienio 1996-1997. En ese lapso se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio.
Del total, se ha establecido que algo más de 2.000 personas fueron esterilizadas con engaños y amenazas. Las mujeres de Cusco figuran entre las más afectadas, porque hubo allí casi cinco operaciones al día, según cifras del Ministerio de Salud y testimonios de las víctimas.
Sabina Huillca Cóndor, de la comunidad cusqueña de Huayapacha, narró a IPS que ella acudió al centro de salud de Anta para dar a luz a su hija Soledad, pero terminó alumbrando en el camino.
Las enfermeras le dijeron que debía quedarse para limpiarla y evitar una infección. Al día siguiente, Sabina se despertó llorando, con un dolor punzante, un corte cercano al ombligo y amarrada en la camilla. Después huyó a su pueblo, se limpió la herida con jabón para lavar ropa, se sacó los puntos como pudo, y fue donde su madre para que la tratase con hierbas.
“Ahora tengo cáncer, se me juntó sangre seca en el ovario”, contó mientras mostraba su corte oscuro en el vientre.
