Todo el mundo en la montañosa localidad libia de Jaudu parece conocer la nueva norma. «Los civiles portando armas en lugares públicos serán multados con 500 dinares (unos 400 dólares)”, explica a IPS el residente Younis Walid.
«El reincidente pagará el doble, y a la tercera vas a la cárcel», añade este estudiante de 21 años, casi parafraseando el artículo número cinco del Proyecto para un Acuerdo Nacional en Jadu.
Se trata de un municipio de unos 6.000 habitantes en las montañas de Nafusa, el principal bastión amazigh de Libia, a 150 kilómetros al suroeste de Trípoli. Allí, residentes locales de todo el arco social suscribieron el 25 de octubre el pionero documento en una asamblea.
«Son seis artículos muy elementales pero imprescindibles para gestionar la seguridad y la convivencia en nuestra zona. El vacío de poder tras la guerra está arrastrando al país hacia el caos», explica a IPS el abogado local Shokri Agmar.
Más de dos años después del asesinato de Muammar Gadafi, líder de Libia entre 1969 y octubre de 2011, sigue sin terminar de conformarse el comité de los 60 redactores de la nueva Constitución.
Se espera que el proceso culmine en este trimestre, pero este ha sido continuamente aplazado por falta de entusiasmo social, especialmente de las minorías del país. Amazighs, tuaregs y tubus solo cuentan con seis puestos en el comité constitucional.
Mientras, el gobierno apenas puede hacer frente a la miríada de grupos armados que imponen su propia ley por todo el país, en obediencia a lealtades locales e, incluso, individuales.
«Si nuestros vecinos de Zintan (un enclave árabe en Nafusa) no nos atacaron hasta ahora es porque saben que la nuestra también es una milicia muy bien armada”, explica Agmar. “Todas las milicias se están preparando para la guerra”, añade.
El control de facto de los diferentes grupos armados deja de serlo en Jadu, según su artículo uno, que reconoce a la milicia local como “principal fuerza de seguridad junto a la policía local”.
«Somos 15 policías en Jadu. Trabajamos en turnos de cinco hombres pero solo nos ocupamos de casos menores, ya que no tenemos ni el entrenamiento ni el equipo necesario para hacer frente a amenazas mayores”, detalla a IPS uno de sus oficiales, que rechaza dar su nombre pero no pone objeción a ser retratado.
“En este último caso, el acuerdo establece que contaremos con el apoyo de la milicia local», aclara.
La mayoría de los altos rangos del antiguo aparato de seguridad desaparecieron tras la revolución, pero los funcionarios de categoría inferior siguen cobrando un sueldo del gobierno.
Además, la comunicación con la milicia local parece bastante fluida en Jadu. El comandante de milicia Ziad Zabala aparece a media mañana para tomar café en la comisaría.
«Jadu es uno de los lugares más tranquilos de Libia. La gente aquí es pacífica pero no podemos bajar la guardia ante Zintan o los árabes del valle», explica Zabala a IPS. Para él, presentarse como “salafista y amazigh” no implica contradicción alguna.
A su lado, Yousif Said, comandante en jefe de la milicia, confirma que la suya es “una fuerza independiente del Ministro del Interior de Libia”. Y no es la única fuerza en vacío legal.
«No tenemos una prisión en condiciones en Jadu por lo que hemos llegado a un acuerdo con la de Gheryan (a 60 kilómetros al sureste de Trípoli) para que alberguen a los prisioneros hasta que sean juzgados», asegura Said. [related_articles]
Un informe de la Misión de Apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en Libia, publicado en octubre, indica que unos 8.000 individuos están detenidos sin cargos, como sospechosos de haber apoyado a las tropas de Gadafi. Permanecen incomunicados, sin asistencia legal y sometidos a torturas y tratos crueles, precisa.
El estudio también subraya que un número indeterminado de otros sospechosos están en manos de las milicias locales, en condiciones aún peores que las de las cárceles oficiales.
Uno de los motivos puede ser los supuestos beneficios obtenidos por cada preso “gadafista” bajo custodia. Fuentes anónimas del Ministerio del Interior dijeron a IPS que localidades como Misrata y Zintan cobran el equivalente a unos 49 dólares por cada prisionero supuestamente leal a Gadafi.
La justicia de siempre
El acuerdo de Jadu no hace mención alguna a este asunto, pero su artículo cuatro exhorta a las familias de los prisioneros que huyeron tras la guerra a devolver los reos a las autoridades de los concejos locales.
Y el número tres otorga al Consejo de Ancianos la competencia judicial.
«Es un grupo de ocho personas elegidas por la comunidad y que cuentan con su pleno apoyo y respeto», puntualiza Agmar. «La gente ha acudido a ellos desde siempre, a nadie se le ocurriría recurrir a las autoridades oficiales, ¿para qué?», añade este joven abogado en un país sin ley.
Aparentemente, las competencias de los ancianos trascienden los barrancos de esta pedregosa cordillera.
«Fue Jadu el que medió entre Trípoli y Misrata tras los enfrentamientos de noviembre», asegura Agmar, en referencia a los incidentes que se saldaron con docenas de muertos y centenares de heridos, y que dieron lugar a una retirada progresiva de las milicias de Misrata de la capital del país.
Punto de partida
Ninguno de los funcionarios en los despachos del Tribunal Local de Jadu, un edificio de tres plantas a la entrada de la localidad, accedió a responder a las preguntas de IPS.
En sus pasillos vacíos, empapelados con retratos de los mártires locales de la revolución, Agmar señala que el acuerdo “ni reconoce ni rechaza” a esta institución.
«No hacen absolutamente nada, pero si este país llega a funcionar algún día con normalidad, es posible que tengamos que contar con ellos», plantea.
Por el momento, es difícil saber cuál es el primero, entre los problemas más acuciantes de Libia. Faizal Egira, maestro local en huelga, ofrece su propia visión.
«Sólo gano 600 dinares mensuales (477 dólares) mientras que un miliciano se lleva en torno a 1.000 (795 dólares)», lamenta en la única pizzería del pueblo.
Para este docente de 50 años, el acuerdo es más “un punto de partida que una solución definitiva.”
Asma Bin, bereber y activista por los derechos humanos en una oenegé, coincide, pero dice sentirse “escéptica” respecto a mejoras sustanciales a corto plazo.
“Esto no es nada nuevo, porque cada aldea libia se rige hoy por su propia ley”, explica esta mujer de 30 años. “Lo único que diferencia a Jadu es que aquí esta se escribió sobre un papel”, dice.
