En una declaración inusual, la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco Mundial encargada de préstamos al sector privado, amenazó con cancelar una polémica inversión en una empresa de aceite de palma de Honduras acusada de graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, en el último lustro.
La declaración se produjo dos semanas después de que un informe de la Oficina del Ombudsman/Asesor en Materia de Observancia (CAO, por las siglas en inglés) de la CFI concluyera que los funcionarios del Banco Mundial deberían haber planteado serias dudas sobre la supuesta complicidad en los abusos por parte de la Corporación Dinant, antes de aprobar un préstamo de 30 millones de dólares a la empresa en 2008.
La compañía se encuentra en el Valle del Aguán, una zona con cientos de cooperativas campesinas fundadas tras la profunda reforma agraria iniciada en los años 60.
La Corporación Dinant es propiedad de Miguel Facussé Barjum, “el empresario más rico y poderoso del país”, según un cable del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, obtenido por Wikileaks.
Muchos de los abusos se habrían producido en conflictos provocados cuando Dinant intentó comprar las tierras a estas comunidades, amparada en una ley de 1992 redactada para favorecer a la floreciente industria privada de la agroexportación hondureña.
Informes de prensa señalan que casi 100 personas, en su mayoría campesinos, y algunos empleados de Dinant, fueron asesinados en el valle desde el golpe militar de 2009, que habría tenido el respaldo de Facussé, contra al presidente progresista Manuel Zelaya.
La organización Rights Action, con sede en Washington, calcula que la cifra de muertos “supera con creces el centenar”.
La “CFI no le ha entregado fondos a Dinant desde 2009, y no desembolsará más fondos hasta que Dinant cumpla sus compromisos en el Plan de Acción (elaborado entre la CFI y la empresa en virtud del informe del Ombudsman), lo que incluye el fortalecimiento de su compromiso con la comunidad y las normas ambientales y sociales, y la modificación de sus prácticas de seguridad”, declaró la organización internacional.
“En caso de que Dinant no cumpla estos compromisos, la CFI está dispuesta a aplicar todos los recursos disponibles, incluso la cancelación del préstamo”, según el comunicado.
La entidad del Banco Mundial también se comprometió a “afinar” su Plan de Acción para tener en cuenta las últimas críticas de organizaciones internacionales y hondureñas de la sociedad civil y “reflexionar sobre” los problemas internos que llevaron a errores.
Muchas organizaciones civiles reaccionaron bien a la declaración de la CFI, comparándola favorablemente con la respuesta inicial de la agencia, que fue más ambigua que el informe de la CAO, pero afirmaron que es insuficiente para remediar la situación.
“La única diferencia real con la declaración anterior es que dijeron de forma expresa que sigue en pie la posibilidad de cancelar el préstamo si el plan de acción no se cumple”, dijo a IPS Annie Bird, quien dirige Rights Action.
“El Plan de Acción que propone la CFI es completamente insuficiente. La gente se está ocultando, por temor a ser asesinada, y comunidades enteras viven con el miedo constante de ser desalojadas de sus tierras. Y en realidad la CFI no hace nada al respecto. Sólo le pide a Dinant que coopere con el gobierno”, agregó.
Su decepción es compartida por Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Existe el riesgo de que la situación de violencia e impunidad que hay en el Bajo Aguán se repita en el futuro si el Banco Mundial no investiga las actividades de esta empresa ni consulta a las comunidades indígenas, los campesinos y garífunas”, destacó.
El préstamo original de 30 millones de dólares, parte de un paquete de 100 millones que incluye al Banco Alemán de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica, se firmó en abril de 2009 para financiar la expansión de las procesadoras de aceites para refrigerios y comestibles de Dinant.
En noviembre de 2009, cuatro meses después del golpe militar que derrocó al gobierno de Zelaya, la CFI entregó 15 millones de dólares en apoyo del proyecto.
Un año más tarde, una alianza de la sociedad civil le pidió a la CAO que revisara el proyecto y su aplicación, a la luz de la situación de derechos humanos en el valle.[related_articles]
El Banco Alemán de Desarrollo canceló su préstamo de 20 millones de dólares en 2011 después de que una organización de derechos humanos, Food First Information and Action Network, presentara “pruebas de la participación de las fuerzas de seguridad privadas contratadas por Dinant y otras empresas propiedad de Miguel Facussé en violaciones a los derechos humanos y, en particular, en el asesinato de campesinos del Bajo Aguán”.
En su informe de 72 páginas, la CAO concluyó que el personal de la CFI había violado las propias normas de la agencia, al no aplicar la debida diligencia para evaluar y responder a los riesgos de violencia y desalojos forzosos y consultar adecuadamente con especialistas ambientales y sociales del propio organismo sobre el proyecto.
Estas deficiencias, sostuvo, se debieron en parte a su sistema de incentivos, que efectivamente alentó al personal a “pasar por alto, no mencionar o incluso ocultar los posibles riesgos ambientales, sociales y relacionadas con el conflicto.”
La “CFI tiene políticas importantes para proteger los derechos humanos y el ambiente”, señaló Jessica Evans, investigadora de las instituciones financieras internacionales en Human Rights Watch (HRW). “Pero el caso Dinant demuestra que los funcionarios las tratan como si fueran optativas. Es necesario evitar resultados más trágicos”.
En respuesta, la CFI se opuso a algunas conclusiones, pero estuvo de acuerdo con las demás y fijó un Plan de Acción, que fue denunciado inmediatamente por varias organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a HRW, como insuficiente.
Esta reacción, así como la cobertura negativa de los medios internacionales, habría desencadenado el pedido de la junta directiva del Banco Mundial para que la agencia modifique su plan, cuyos pormenores no fueron revelados, y publique una nueva declaración.
La declaración se diferencia principalmente de la reacción inicial de la CFI en el tono de disculpa que asume, haciendo hincapié, por ejemplo, en que “reconoce que hubo deficiencias en la forma que implementamos nuestras políticas y procedimientos ambientales y sociales”.
“Como se señaló en la auditoría, la CFI debe tener una visión amplia de los riesgos de país y del sector al considerar proyectos. Además, debemos prestar más atención a las prácticas de seguridad de los clientes y a estar preparados en casos de países frágiles”, continuó.
Pero ese tono de arrepentimiento no logró aplacar a la sociedad civil ni a los expertos en Honduras.
La dependencia que tiene la CFI con el gobierno hondureño para resolver los conflictos por la tierra y hacer frente a la situación de los derechos humanos no tiene mucho sentido, de acuerdo con Dana Frank, especialista en Honduras de la Universidad de California en Santa Cruz.
“Hay una razón por la cual el gobierno nacional no está interviniendo en el valle del Aguán para detener los asesinatos de campesinos y por la cual existe una total impunidad para las fuerzas de seguridad y guardias privados que los están matando”, dijo en entrevista con IPS. “Es porque Facussé posee un poder formidable en el estado nacional”, sostuvo.
En efecto, la familia Facussé, de la que Miguel, con 90 años, es considerado el patriarca, es vista como la más importante e influyente en lo que es esencialmente un sistema oligárquico.
Bird, de Rights Action, también se quejó de la insuficiencia de la respuesta, insistiendo en que la CFI no sólo debe cancelar el préstamo, sino también trabajar con las comunidades afectadas para corregir los abusos sufridos.
También se quejó de que el BID, cuyo propio organismo del sector privado, la Corporación Interamericana de Inversiones, participó en los préstamos a Dinant, nunca inspeccionó su propio desempeño.
“En cambio, el BID está iniciando un préstamo de 60 millones de dólares para crear una unidad de inteligencia policial que tiene a las organizaciones de derechos humanos en Honduras en pie de guerra porque las fuerzas de seguridad del país están fuera de control”, dijo.
