Son guardias civiles, pero en lugar de perseguir a los inmigrantes indocumentados como el resto de los policías en España, están para defenderlos de los muchos delitos de los que son víctimas.
“Muchas veces vestimos de paisano y nos desplazamos por la provincia para recoger denuncias en cuarteles de la Guardia Civil, domicilios, hospitales y organizaciones no gubernamentales”, explicó a IPS el agente Santiago González, del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la sureña Málaga, con su capital de igual nombre.
Este Edati, con tres hombres y una mujer, despegó en 2006 y es uno de los 13 que funcionan desde 2000 a lo largo del litoral mediterráneo español, desde la ciudad de Barcelona, en el noreste, hasta Huelva, en el suroeste. En todos debe haber al menos una integrante femenina.
Su misión no es combatir la inmigración irregular, sino asesorar a los “sin papeles” sobre sus derechos, ayudarlos a tramitar la documentación de estancia o residencia en España y actuar contra quienes los estafan, maltratan o explotan.
A diferencia de lo que sucede con el resto de las policías, incluida la militar Guardia Civil de la que forman parte, los Edati ni arrestan ni inician expedientes de expulsión.
Por eso los inmigrantes pueden acudir a ellos sin temor para denunciar robos, pérdidas de pasaporte, explotación laboral, estafas con venta de falsos contratos de trabajo, maltratos o violaciones.
De hecho, las inmigrantes indocumentadas que denuncian violencia de género no pueden ser expulsadas del país, tras la reforma en 2011 de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Inmigrantes en España.
“Los que más tienen son muchas veces los que más explotan”, destacó González.
Un magnate ruso, propietario de una lujosa mansión en la localidad malagueña de Marbella, tenía a su servicio a unos ciudadanos tibetanos sin papeles a los que dejaba recluidos, “sin dinero y sin comida”, durante sus largas temporadas ausente de España, contó a IPS la agente Juani Valdivia.
En una de sus últimas actuaciones, la unidad malagueña desmanteló una empresa ilegal creada por tres mujeres que ofertaba trabajo de servicio doméstico en Internet a inmigrantes indocumentadas, a las que cobraba comisión por su intermediación.
Historias como estas son frecuentes. “En Málaga trabajamos sobre todo con inmigrantes sudamericanos, en su mayor parte paraguayos, y con senegaleses”, anotó el agente José López.
En todo el país, los Edati atendieron a 10.700 inmigrantes en 2012, la mayor parte hombres magrebíes, de países del Este europeo y sudamericanos, informa la página web de la Guardia Civil. Hubo 12.000 actuaciones, 11.200 por iniciativa de los agentes y el resto motivadas por denuncias.
En España, con 47 millones de habitantes, vivían legalmente 5,4 millones de extranjeros en 2012, según el Instituto Nacional de Estadísticas. El cruce de datos oficiales establece que 573.712 inmigrantes están empadronados en los municipios, pero sin permiso para vivir en el país. A ellos se suman sin papeles que no se empadronan.
Según el Ministerio del Interior, el año pasado se interceptó el arribo, en precarias embarcaciones, de 3.804 inmigrantes, 30 por ciento menos que en 2011 y menos de 10 por ciento de los 39.180 que llegaron en 2006.[related_articles]
También en 2012, según ese ministerio, se deportó a 26.457 personas sin papeles, 16,3 por ciento menos que el año precedente. Los menores de 18 años no pueden ser expulsados.
La última contracara de los Edati es la decisión del gobierno del derechista Mariano Rajoy de instalar concertinas (alambres con cuchillas), que comenzaron a colocarse a fines de octubre en la valla que separa la ciudad española de Melilla, en el norte de África, de Marruecos, criticadas por la Unión Europea y organizaciones humanitarias.
“Hay abogados y empresarios a los que les choca que, siendo guardias civiles, no detengamos a los indocumentados. Al principio costó incluso dentro del propio organismo”, reconoció González en su oficina en la localidad costera de Mijas.
“También hace falta que nos conozcan más los inmigrantes y confíen en nosotros”, añadió.
El miedo a la expulsión frena las denuncias, pese a que abundan el trabajo en condiciones muy precarias, las falsas promesas de contrato laboral y regularización, supuestos abogados y asesores que reclaman grandes cantidades de dinero por tramitar una documentación que a veces no tiene costo o que venden contratos de empleo falsos.
“Los delitos los cometieron los otros contra ellos», apuntó Rafael Porta, otro miembro del Edati malagueño, durante unas jornadas sobre inmigración celebradas el 26 de octubre.
«Cuando trabajas con inmigrantes pierdes el perfil policial” y “eres más oenegé”, consideró Porta, quien estudia árabe para comunicarse mejor con las personas a las que debe proteger.
Hana El Rharnati, de 28 años y técnica en la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes de Málaga, ha sufrido el miedo a la deportación.
Acudió al Edati cuando estaba en situación irregular, tras habérsele denegado la renovación de su permiso estudiantil de residencia y haberle robado su cartera en un autobús. “Ellos me hicieron la denuncia”, recordó.
El Rharnati, que vive en España desde los 18 años, ve en estos efectivos “una mezcla de agente social y guardia civil con un trato humano, no tan administrativo y burocrático”.
Pero los delitos contra los inmigrantes indocumentados no mermarán mientras se mantengan “tan duras” las exigencias para residir y trabajar en España, consideró.
Los extranjeros que quieren legalizar su situación deben acreditar la permanencia continuada en el país durante un mínimo de tres años, demostrar que carecen de antecedentes penales y contar con un contrato de trabajo de al menos un año, firmado por el empleador.
Sin tantas exigencias, “los inmigrantes no se verían abocados a pactar matrimonios falsos, comprar empadronamientos o contratos de trabajo”, dijo El Rharnati.
Es contradictorio que el Estado imponga rígidas exigencias para lograr la residencia o renovarla, mientras destina agentes a destapar fraudes contra ellos, apuntó.
La multa mínima por emplear a un inmigrante sin papeles es de 10.000 euros (13.000 dólares), pero “multar no es la solución porque seguro que alguien cercano sustituirá (al infractor) y seguirá estafando”, dijo la joven marroquí.
El especialista en inmigración Miguel Pajares reconoció a IPS el valor de los Edati y varios protocolos de buenas prácticas para las fuerzas de seguridad. Pero “falta mucho por hacer”, dijo, ante “la primacía de la Ley de Extranjería sobre la protección de derechos fundamentales de las personas”.
